Policiales

Piden nulidad del juicio abreviado a un policía imputado por un crimen

Lo hicieron las abogadas que representan como querellante a la madre de la víctima, Jonatan Herrera, el joven que el 4 de enero de 2015 murió de un balazo mientras lavaba su auto.

Sábado 12 de Marzo de 2016

Habrá que esperar para saber si uno de los cuatro policías acusados de matar a Jonatan Herrera el 4 de enero de 2015 mientras lavaba su auto en barrio Tablada podrá ser condenado en un juicio abreviado por abuso de armas. Eso luego de una audiencia celebrada ayer en Tribunales, donde la querella mostró su enérgico rechazo a la homologación del acuerdo por considerar que implicaría "un obstáculo para llegar a la verdad" e implicaría un "escándalo jurídico". Sostienen que es un caso "gravísimo de violencia institucional" que debería llegar a un juicio oral y público bajo tentativa de homicidio, como ocurre con otros dos imputados y el acusado de la autoría material. El juez que debe resolver la controversia pasó a un cuarto intermedio para estudiar los planteos de las partes.

Al salir del trámite, la madre de la víctima dijo estar "desilusionada" con la postura del fiscal Adrián Spelta. "Parece el abogado del acusado", recalcó María Helena Herrera sobre el rol que desempeñó el fiscal. Y denunció públicamente que su familia volvió a ser hostigada y le usurparon la casa (ver aparte).

Postura familiar. La audiencia que se celebró ayer en Tribunales estuvo marcada por la expectativa. A sala llena, el juez Gonzalo López Quintana escuchó los argumentos de la nulidad planteada por las abogadas Analía Abreu y Cintia Garcilazo en nombre de María Helena.

Las profesionales argumentaron su oposición al juicio abreviado que impulsa Spelta con la defensa de policía Alejandro G., uno de los cuatro uniformados de la Policía de Acción Táctica que se bajaron de un colectivo en bulevar Seguí y Ayacucho, se plegaron a la persecución de un ladrón y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra Jonatan, que murió casi en el acto al recibir dos tiros.

Por el hecho fueron imputados los policías Ramiro R., de 25 años y acusado del homicidio porque las pericias confirmaron que un proyectil alojado en el cuerpo de la víctima se correspondía con su arma reglamentaria; Francisco R., Alejandro G. y Luis S. que también gatillaron.

En diciembre hubo intentos de la fiscalía por resolver la situación de los últimos tres en un juicio abreviado por abuso de armas, lo que puso en alerta a la querella.

El 14 de febrero, en una audiencia donde se prorrogó la prisión preventiva de tres de los cuatro imputados, el fiscal Spelta expuso que ya había presentado la acusación para llevar a juicio oral y público a Ramiro R. por el homicidio, y a Francisco R., y Luis S. por tentativa.

Durante ese mismo trámite el titular de la acusación le informó al juez que había llegado a un acuerdo con la defensa de Alejandro G. para cerrar su situación procesal en juicio abreviado por abuso de armas con una pena de 3 años de prisión.

De un lado y otro. El 29 de febrero el fiscal regional Jorge Baclini se pronunció a favor del acuerdo. Y la querella planteó su objeción a esa salida alternativa del proceso y solicitó la nulidad. Por su parte, tanto el fiscal como la defensa exigieron que se homologue. Por eso ayer se celebró la audiencia para que el juez López Quintana escuchara la posición de las partes a fin de resolver el planteo de nulidad del juicio abreviado.

La querella planteó que de homologarse el acuerdo se ocasionarían "lesiones al derecho activo" de la familia Herrera; que sería un "escándalo jurídico" por infundado y que no se podía modificar la acusación primaria de tentativa de homicidio por la de abuso de armas.

"Se comprobó que el arma de R. mató a Jonatan, pero G. estaba a su lado y también disparó a alguien, y ese alguien era Jonatan. No es lógico que estando juntos uno esté imputado de abuso de armas y los otros de tentativa de homicidio" indicó Abreu tras tipificar la conducta del policía como dolosa.

De acuerdo a ese razonamiento, "falta mucha prueba por producir, y si en el juicio oral y público contra los otros tres imputados se ventilan nuevas pruebas que implicaran a G., nada podría hacerse al respecto porque él habría llegado a un acuerdo por un delito menor".

Por su parte Spelta defendió con énfasis el acuerdo. "Es una forma de arribar a una condena. No veo un daño irreparable", recalcó sobre la posibilidad que tiene la querella de recurrir a un Tribunal superior para que se revise la condena. "Son conductas independientes, no hubo acuerdo ni planificación, ni si quiera tácito", interpretó el fiscal sobre el rol del policía al que acusa de abuso de armas. "El proceso no está cerrado, y tampoco es arbitrario. Es el juez quien debe homologar al acuerdo o no", dijo el funcionario.

A la defensora del policía, Sara Marcos, no le quedó demasiado margen para explayarse y directamente adhirió a los fundamentos del fiscal. Sólo agregó que no existía la certeza de que su defendido haya disparado a matar.

 

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