Piden la imputación de un agente de Prefectura por un homicidio

Tres años y medio después de que Maximiliano Zamudio muriera bajo las balas que le disparó el prefecturiano Ariel Condori Apaza en un pasillo de barrio Tablada, en un episodio con aristas por demás de oscuras, hoy se realizará una nueva audiencia imputativa contra el uniformado en la cual la querella que representa a la madre de la víctima exigirá a la Justicia que se impute al acusado por homicidio agravado y se dictamine su inmediata prisión preventiva.

La causa por el crimen del adolescente tuvo en este tiempo numerosos vaivenes y dos fiscales que fueron apartados de la investigación por la presión ejercida por la propia familia de la víctima, quien desde un primer momento estuvo acompañada por numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos así como por la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

Remate

Alrededor de las 22 del 27 de mayo de 2015, los pocos vecinos que estaban en la vereda de la cuadra de Colón al 4300 se quedaron mirando cuando el conductor de un viejo Ford Falcon dobló muy despacio por la calle de tierra. También escucharon que el conductor del auto llamó a Maximiliano, quien tenía 16 años y estaba acodado en la entrada de una casa humilde. Los testigos vieron cómo el chico se acercó a la ventanilla y, después de un intercambio de palabras, cayó al piso luego de escucharse dos detonaciones de un arma de fuego. Tras ello el hombre salió del auto, le pegó una patada y volvió a gatillarle, pero esa vez en la cabeza y para rematarlo.

El hombre del Falcon fue identificado como el prefecturiano Ariel Condori Apaza, de 35 años, y el caso quedó a cargo del fiscal Miguel Moreno. La familia presentó más de seis testigos que reconstruyeron lo que vieron: que Maxi estaba desarmado, que el agente federal estaba de civil, que lo llamó desde el auto, que luego de unos entredichos el adolescente cayó baleado con un arma de fuego que no era la reglamentaria y que luego fue rematado.

Otra versión

El hombre nunca negó que haya disparado, pero su versión fue que le tiró en el marco de un intento robo y que Zamudio llevaba algo que supuso era un arma de fuego. En ese sentido, el uniformado declaró que esa noche había ido hasta esa cuadra para buscar un equipo de música a la casa de una mujer conocida, a quien presentó como testigo.

Sin embargo la familia de Zamudio denunció que la mujer declaró bajo coacción del prefecturiano. El fiscal dijo que la testigo había sufrido amenazas en la audiencia imputativa del 3 de agosto de 2015, cuando el sospechoso quedó acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

En ese marco el fiscal Moreno decidió que Condori Apaza continúe en libertad y en el ejercicio de sus funciones ya que consideró que no había elementos que indiquen riesgo procesal ni entorpecimiento de la prueba. "Siempre se mostró colaborador en la investigación y no hay ningún indicio de que pueda entorpecer la misma, por lo que no tengo que presumir que se pueda fugar. Su comportamiento posterior da cuenta de que tiene voluntad de someterse a la acción de la Justicia", dijo en ese momento el acusador, quien en marzo de 2017 pidió el archivo de la causa.

Lucha

"Gracias a la lucha colectiva se logró el desarchivo de la causa, el apartamiento de Moreno por su inadecuado desempeño en las investigaciones y el maltrato hacia los familiares, así como la designación de un nuevo fiscal, Rafael Coria. Con posterioridad, Coria volvió a solicitar el archivo de la causa que, nuevamente, fue revertido gracias a la organización y la tenacidad de sus familiares y quienes acompañamos el proceso de lucha", describió en un comunicado la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

En julio pasado, la Fiscalía Regional derivó finalmente la causa a la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional a cargo de Karina Bartocci. "Luego de tres años y medio de esta causa, y en base a la consideración de nuevas medidas probatorias incorporadas este año, Condori Apaza será imputado hoy en el Centro de Justicia Penal", describe el escrito de la Multisectorial para terminar con un pedido a la fiscal: "Esperamos que acompañe el pedido de la querella y que el tribunal dictamine la prisión preventiva del prefecto por considerar que las condiciones para evaluar el peligro procesal han cambiado considerablemente. Exigimos también al Poder Judicial la prontitud y eficacia que las familias y la sociedad en su conjunto merecen en la resolución de este tipo de delitos".

En su comunicado, la Multisectorial considera que "a partir de ahora se inicia una nueva etapa en la causa que requiere que sean tomadas otras medidas. Entendemos que el peligro de fuga y de entorpecimiento procesal debe ser dimensionado nuevamente en función de que, por primera vez desde cometido el hecho, Condori se encuentra más cerca de ser juzgado por su accionar. Luego de tanto tiempo, y en base a la consideración de nuevas medidas probatorias incorporadas este año será imputado".

En ese sentido la organización pide que "el tribunal dictamine la prisión preventiva del prefecturiano por considerar que las condiciones para evaluar el peligro procesal han cambiado considerablemente".

En ese marco, organizaciones sociales y la Multisectorial convocaron a acompañar a la familia de Maximiliano Zamudio hoy lunes, a partir de las 9, en la puerta del edificio del Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro.