Tras conocerse el procesamiento de dos guardiacárceles y los ex directores del penal de Coronda por su participación en la masacre ocurrida el 11 de abril de 2005, cuando 14 presos oriundos de Rosario fueron asesinados selectivamente por una horda de reclusos, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) pidió al gobernador Hermes Binner que resuelva la cesantía de esos cuatro funcionarios y de otros tres que habían sido investigados en un sumario interno. En rigor, el ex director del Servicio Penitenciario (SP) durante la gestión de Jorge Obeid, Jorge Bortolozzi, ya había solicitado la exoneración de los penitenciarios involucrados luego de determinar su responsabilidad mediante un sumario interno, pero el expediente ayer continuaba en la Fiscalía de Estado para la preparación del dictamen que elevará al primer mandatario provincial.

Carmen Maidagan, de la CTC, explicó a LaCapital que la solicitud de cesantía está "documentada en el sumario administrativo" que dispuso Bortolozzi oportunamente. "Lo que cometieron (los penitenciarios) es una falta agravada por un delito penal. Por lo tanto corresponde que sean exonerados", sostuvo. En tanto, el actual director del SP, Mariano Bufarini, explicó que "la cesantía de un empleado es una facultad del gobernador que se concreta cuando el trabajador cometió una falta grave" y recordó que el pedido de exoneración fue refrendado por la asesoría jurídica del Ministerio de Gobierno durante la gestión de Roberto Rosúa.

Los siete integrantes del SP que fueron sumariados son los guardiácarceles Oscar Horacio Yosviak y Eduardo Daniel Marchesín, los ex director y subdirector del presidio, Oscar Daniel Mansilla y Carlos Daniel Monti —los cuatro fueron procesados por el juez de Instrucción santafesino Darío Sánchez—, el alcaide Daniel Ferreyra, el alcaide mayor Manuel Alberto Benegas y el entonces jefe de seguridad Marcelo Oscar Caligaro.

El juez Sánchez procesó, ordenó la prisión preventiva y trabó embargos contra Yosviak y Marchesín por el "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo agravado en 14 oportunidades". Y a Mansilla y Monti por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo agravado en 4 oportunidades (las ocurridas en el pabellón 1)". Y dictó la falta de mérito de Ferreyra, Benegas y Caligaro.

Móviles. El juez concluyó que la matanza no fue un enfrentamiento espontáneo entre rosarinos y santafesinos, como se dijo oficialmente, sino un plan diseñado para vengar "las actitudes de los internos que atacaban a las visitas" rompiendo así un "código carcelario".

El magistrado determinó, además, que la matanza fue favorecida por la conducta inapropiada de los guardias ahora procesados que facilitaron que los tomen de rehenes para avanzar de un pabellón a otro y que la dirección del penal no impartiera las órdenes para detener el andar de la horda criminal.