Policiales

Piden celeridad en el avance a juicio oral de un crimen de 2015

Los abogados que representan a la familia de la víctima solicitaron que se agilice la acusación fiscal para poder presentar la de la querella.

Miércoles 14 de Agosto de 2019

Los abogados querellantes que intervienen en la causa por el homicidio de Maximiliano Zamudio, baleado por un empleado de Prefectura Naval en mayo de 2015, reclamaron que se presente la acusación fiscal para avanzar hacia el juicio oral por el caso. Fue en una reunión que mantuvieron en la Fiscalía Regional Rosario luego de los recientes cambios dispuestos en la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional que investiga el homicidio.

"La causa no avanza y esto genera una sensación muy elevada de impunidad en la familia de la víctima, mientras el autor sigue en libertad y trabajando para una fuerza de seguridad nacional en Santiago del Estero", dijo el abogado Salvador Vera.

La reunión fue solicitada por la familia Zamudio a partir de la reciente reformulación de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, encargada del seguimiento de delitos cometidos por efectivos de fuerzas de seguridad. La medida se dispuso luego de que un inventario detectara cerca de mil legajos en trámite sin que se realizara imputación o se dispusiera el archivo del caso.

En ese marco, el lunes los abogados Salvador Vera, Nicolás Vallet y Guillermo Campana solicitaron en la Fiscalía Regional que se acelere el avance de esta y otras causas de violencia institucional en las que intervienen como querellantes.

"Notamos dificultades para el avance y tramitación de estas causas, algunas con la instrucción completa y otras en trámite, a lo que se suma la incertidumbre por los movimientos de reestructuración en la unidad", indicó.

El legajo por el crimen de Zamudio está en manos de la fiscal Karina Bartocci, ex titular de esa unidad, quien en diciembre pasado ajustó la imputación al empleado de prefectura Ariel Fernando Condori Apazza. Entonces fue imputado como autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Sin embargo, se definió que el imputado continúe el proceso en libertad al entenderse que no existe peligro de fuga. Condori Apazza reside en la provincia de Santiago del Estero y sigue cumpliendo funciones para la fuerza de seguridad nacional.

De civil

Maxi Zamudio tenía 16 años y vivía en barrio Tablada. El 27 de mayo de 2015 a las 22.50 estaba frente a una vivienda de Patricias Argentinas al 4300 cuando Condori Apazza, vestido de civil, llegó al lugar al volante de un Ford Falcon. De acuerdo a testimonios en los que se basó la fiscal, el agente llamó a Zamudio haciendo un ademán con su mano.

Cuando el adolescente se acercó al Falcon tuvo una discusión con el conductor y éste le disparó un balazo debajo de la axila izquierda. Luego el prefecturiano se bajó del auto y cuando Zamudio ya estaba en el piso lo remató de un tiro en la cabeza y lo pateó.

Contundente

"Necesitamos ir a un juicio oral cuanto antes. Es un hecho de 2015 y los dictámenes de Criminalística y Balística fueron muy contundentes en cuanto a la responsabilidad del agente", dijo Vera, quien recordó que tanto el médico forense como la reconstrucción del hecho determinaron que Zamudio recibió un disparo de remate en la cabeza.

Bartocci es la tercera fiscal que interviene en la causa, que antes había sido archivada dos veces por distintos fiscales. El fiscal regional Patricio Serjal le asignó la investigación frente a las apelaciones y reclamos de los querellantes. Hace dos semanas la unidad fiscal a su cargo fue reestructurada y se escindieron sus competencias. En el área de Violencia Institucional se designó al fiscal Gonzalo Fernández Bussy y Bartocci fue reasignada aunque conserva causas en trámite.

"Nos preocupa con qué recursos se va a producir la tramitación de estos casos, como el de Zamudio, que son de muchísima gravedad", dijo Vera.

"Cuanto antes"

Los querellantes reclamaron que se produzca cuanto antes la acusación fiscal —un escrito donde consta la calificación del hecho y el pedido de pena— para luego presentar la acusación propia, recepcionar el planteo de la defensa y finalmente agendar la audiencia preliminar al juicio oral y público. La expectativa de la querella es solicitar una pena estimada en los 30 años de prisión.

"Al mismo tiempo estamos reclamando una audiencia de tratamiento de la situación cautelar del imputado, que sigue en libertad por un hecho gravísimo y además es un agente de una fuerza de seguridad nacional que vive cerca de la frontera", añadió el profesional.

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