El fiscal Enrique Paz pidió ayer una pena de 19 años de prisión para un hombre y de 15 años para una mujer acusados de matar en 2009 al jubilado Gabriel Retamar en su vivienda de Parque Casas. Las sanciones fueron solicitadas en el marco de los alegatos finales del juicio oral y público contra Sergio Orlando Guzmán y Josefina Villalba, imputados como coautores de homicidio en ocasión de robo. Pero si bien Paz acusó a la mujer, que tiene un retraso mental y es analfabeta, de planear el atraco, una junta de salud mental dictaminó que no está en condiciones de ser la autora intelectual del suceso. Incluso hubo testigos que la definieron como incapaz de planear algo así.
Retamar fue asesinado el 3 de abril de 2009 en su domicilio de Casiano Casas 1647, donde ingresaron cinco personas para robarle pero lo terminaron estrangulando con un cable. Guzmán y Villalba llegaron a juicio como imputados y a la mujer se le endilgó haber planificado el hecho.
Para fundamentar esa imputación, el fiscal se basó en un informe del médico psiquiatra Carlos Elías, quien determinó que Villalba padece una disminución mental leve y puede diferenciar entre "el bien y el mal, lo malo y lo bueno. Podía comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones", sostuvo Elías.
Innecesario. Respecto del hecho, Paz valoró que los tres hombres y dos mujeres que ingresaron a la vivienda actuaron con una violencia "innecesaria y desmedida" para maniatar y amordazar con una toalla a Retamar.
En tal sentido citó el informe del médico que hizo la autopsia, que destaca que la víctima tenía los labios dañados por la presión ejercida sobre los dientes y el tabique nasal, además de marcas en muñecas y en tobillos por haber sido atado con un cable. "Se halló líquido seminal en el cuerpo y livideces compatibles con una resistencia de la víctima", indicó el profesional.
Además el fiscal sostuvo que esa madrugada los intrusos no ingresaron en forma violenta a la casa del jubilado. "Las dos hijas de Retamar y un vecino dijeron que la imputada tomaba mates con él, por lo tanto sabía que vivía solo", remarcó Paz.
Sobre la motivación del robo, aseguró que Villalba sabía que Retamar administraba una cochera ubicada detrás de su vivienda y que guardaba en su casa la recaudación. "Forzaron un placar de la habitación para buscar el dinero", afirmó el fiscal.
Cumplida. El abogado defensor de Guzmán, Fausto Irure, sostuvo que en las audiencias no se probó la acusación formulada por el fiscal contra su cliente. Señaló que su defendido participó del hecho, pero fue ajeno al homicidio. "Fue contactado por Oviedo —condenado por este caso a 13 años de prisión, en un juicio abreviado— para cometer un robo escruche y su rol era esperar en su auto (un Fiat Regatta) en Casiano Casas y Miller, donde fue detenido. El no sabía dónde estaba la casa ni quiénes intervendrían" en el hecho, señaló el letrado.
El abogado cuestionó la actuación de Darío G. y Maximiliano A., los dos policías del Comando Radioeléctrico que acudieron a la vivienda del jubilado tras el llamado telefónico del vecino Jorge V. "Mintieron en el acta policial y en el debate. En el acta dijeron que a mi cliente lo detuvieron tras una persecución en Uriarte y Esquivel, a unos 400 metros, cuando en realidad lo apresaron en Casiano Casas y Esquivel, a unos 50 metros de la casa de Retamar", afirmó. Y para fundamentar sus dichos recordó que Jorge V. dijo que vio el auto en esa esquina.
En este sentido, requirió que se condene a su cliente a una sanción mínima por robo simple en grado de tentativa y pidió que se dé "por cumplida la pena por el tiempo que lleva detenido: tres años y dos meses".
"Pobre y desviada". A su turno el defensor de Villalba, Adrián Ruiz, desestimó que los autores del hecho —como sostuvo el fiscal— conocieran los movimientos de Retamar gracias a su clienta. "Villalba conoce el dinero, pero no su valor. No sabía que podía encontrar una suma importante", sostuvo.
Además negó que la mujer haya maniatado al jubilado porque tiene un temblor en una de sus manos. En rigor, en el informe presentado por la junta de salud mental se indicó, según el letrado, que Villalba tuvo meningitis a los 9 años y le quedó como secuela una hemiplejia.
Ruiz mencionó diferentes posiciones doctrinarias y jurídicas, y sostuvo que una de las teorías se refiere a los "desviados" del sistema. "Villalba es pobre y es la desviada. Su familia se dedicaba al cirujeo. No es lo que espera la sociedad de sus pares. La quiere en la cárcel", afirmó.
El abogado requirió la absolución de su clienta porque es ajena al suceso y por su inimputabilidad. Y como otra posibilidad pidió una pena mínima por intento de robo en calidad de partícipe secundario.
Asimismo, Ruiz postuló que en caso de ser condenada se le disminuya la pena y coincidió con la fiscalía en el requerimiento de mantener la prisión domiciliaria de Villalba.
Veinte años
Por su parte, los abogados querellantes —representan a los familiares del jubilado asesinado en 2009— solicitaron una pena de 20 años de prisión para Orlando Guzmán y Josefina Villalba por considerarlos coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.
