Policiales

Piden 18 años por un crimen para un cartonero analfabeto

Víctor Hugo Szwec es juzgado desde ayer por el crimen de Cristian Chazarreta, con quien discutió por la propiedad de su casa en la Zona Cero.

Martes 12 de Febrero de 2019

La disputa por una casa humilde en un terreno fiscal de Nuevo Alberdi enfrentó en julio de 2016 a Cristian Chazarreta y a Víctor Hugo Szwec. "Si querés la casa tenés que poner la moneda", reclamó el primero, un hombre que había salido de prisión cuatro meses antes. Szwec, quien aseguraba haberle comprado la propiedad al anterior dueño, fue acusado de matar con dos disparos a Chazarreta en medio de esa discusión. En el juicio oral por el crimen que comenzó ayer una fiscal pidió que sea condenado a 18 años de prisión.


El homicidio ocurrió en un escenario de extrema pobreza. Un barrio "donde todos los terrenos son fiscales y los vecinos son muy humildes", describió la fiscal Marisol Fabbro al acusar a Szwec, de 21 años, como autor de un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y la portación de un arma.

Tres tiros

El miércoles 6 de julio de 2016 al mediodía. Szwec, un cartonero indocumentado y analfabeto, llegó en un carro tirado por un caballo hasta una casa de Benito Alvarez y Baigorria, en la Zona Cero de Nuevo Alberdi. Encontró a Chazarreta en la puerta y discutieron sobre quién era el dueño del terreno. Según la fiscal, Szwec prometió volver y a la media hora regresó en el carro con una pistola 9 milímetros. Bajó, disparó tres veces y cuando se iba efectuó otro disparo desde el carro.

Los vecinos llevaron en un auto a la víctima hasta el centro de salud Alicia Moreau de Justo. Chazarreta le dijo sus últimas palabras a una médica antes de que una ambulancia lo trasladara al hospital Eva Perón, donde murió cerca de las 18 con dos balazos en el abdomen y el tórax. Los vecinos señalaron al agresor por sus apodos: "Walo" y "Rengo" por una renguera que fue constatada por un médico.

Szwec fue detenido a los pocos días e identificado en una rueda judicial por un testigo que declaró ayer. La fiscalía cuenta además con el relato en Cámara Gesell de un nene que estaba a metros de la escena.

Vulnerable

El juicio previsto para las 8.30 de ayer debió postergarse para que el imputado pudiera desayunar porque llevaba horas sin más alimento que pan y agua. Dijo pocas palabras al brindar sus datos personales ante el tribunal integrado por Marcela Canavesio, Hernán Postma y Carlos Leiva. Nunca fue a la escuela y contrajo tuberculosis en la cárcel. "¿Firma con el dedo?", le preguntó Leiva. El respondió que no, que aprendió a dibujar una firma.

"Nació en un lugar de extrema pobreza y vulnerabilidad. No es documentado, ni siquiera recuerda datos básicos como el nombre de su madre", dijo la defensora pública Adriana Lucero. Contó que fue abandonado por el padre junto con sus cuatro hermanos y los crió una mujer llamada Vilma a quien reconocen como su mamá.

"Jamás fue al colegio —agregó Lucero— y la entrevista con la psicóloga del Servicio de Defensa Penal demostró que jamás tuvo un lápiz en sus manos . Sufrió bullying por tener seis dedos en cada mano y esto lo llevó a arrancarse dos dedos. Jamás tuvo una entrada en una comisaría y siempre trabajó".

La defensora sostuvo que gracias al ahorro pudo comprarle el terrenito a un tal "Gordo" pero "luego se lo quisieron arrebatar. Esta era la costumbre del barrio. En la vereda de enfrente hay una historia de violencia, abuso de armas y usurpaciones. Así es la familia Chazarreta, conocida en el barrio por arrebatar y vender terrenos", planteó la defensora, y pidió que no se conozca Szwec como un asesino sino como "alguien que defendió el esfuerzo de toda su vida".

El primer testigo fue un sumariante de la subcomisaría 2ª que conocía a Chazarreta porque había estado preso allí hasta cuatro meses antes. La víctima tenía 39 años y una hija. Había salido de prisión en marzo tras cumplir una condena por portación de armas. Además estaba procesado —en libertad— en una causa por infracción a la ley de drogas junto a su cuñado Gustavo "Tuerto" Cárdenas, sindicado por entonces como cabecilla narco de la zona noroeste rosarina.

Horas antes del crimen Chazarreta había pasado por la sub 2ª a realizar una consulta relacionada con esa causa. El uniformado que lo recibió entonces fue el mismo que realizó las primeras actuaciones por el crimen. Al declarar en el juicio reprodujo el testimonio que recibió de un vecino al que ahora no pueden localizar para que se presente al debate.

Este vecino, de apellido O., reprodujo los diálogos previos a los disparos que escuchó desde su casa. "¿Qué te dije yo? Esto es mío", le dijo la víctima al acusado en el primer encuentro. "Se la compré al Gordo", respondió Walo. "Andate o te cago a trompadas a vos y al Gordo", replicó Chazarreta. El "Gordo" era un ocupante anterior de la casa. Su familia fue corrida a los tiros en un intento de usurpación.

Según el vecino ahora inhallable que escuchó la discusión, "Cristian le dijo al del carro que si quería el rancho le tenía que dar una moneda" y entonces Walo respondió a los tiros. Un relato similar al que brindó el segundo testigo citado al juicio, un muchacho que pidió declarar desde atrás de un biombo para que el imputado no viera su rostro.

Juicios orales y públicos, pero restringidos sin explicaciones

Desde la reforma penal de 2014 que desterró el viejo sistema escrito, secreto e inquisitivo, rige en la provincia un régimen de enjuiciamiento oral que fue publicitado por la mayor visibilidad y transparencia que otorgaría a los procesos judiciales. Pero en los últimos meses se reitera la costumbre de impedir, sin demasiadas explicaciones, el acceso de reporteros gráficos a juicios orales y públicos. Esto, a pesar de que un protocolo para el trabajo de la prensa habilita el ingreso de fotógrafos el primer y último día de debate a fin de tomar imágenes de la sala, el tribunal y las partes.

Ayer se impidió el paso de fotógrafos de LaCapital y del diario El Ciudadano a la sala 8 del Centro de Justicia Penal. Un empleado policial transmitió la orden: se prohibió la toma de imágenes del imputado y de los jueces del tribunal.

Los jueces penales son funcionarios públicos, dictan sentencias y deciden sobre la libertad de las personas. Los juicios orales son también actos públicos y lo que se discute en ellos interesa a la sociedad.

La renovada costumbre de cerrar puertas a la mirada pública no sólo afecta el derecho a la información de la comunidad. Sino que retrocede varios casilleros en la transformación de prácticas que, desde hace cinco años, se pretenden desterradas.

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