Matías Ernesto “Bicho” Alvarez, de 37 años, fue condenado a prisión perpetua por extorsiones y el homicidio de la joven Érika Ávalos, de 25 años, asesinada en Firmat la madrugada del 28 de diciembre de 2022.

El veredicto fue dictado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº3 de Rosario . Álvarez fue considerado autor del delito de extorsión en dos hechos consumados y en uno en grado de tentativa, en concurso real con el de homicidio calificado por ensañamiento y agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor por determinación. El fiscal que llevó adelante la causa es Federico Reynares Solari.

Los jueces concluyeron que la participación de Álvarez en los hechos de extorsión no sólo surge del testimonio "contundente de las víctimas" sino que también "queda clara por el tenor de los audios incorporados a la causa, no sólo referidos a esos episodios sino también a otros que arrojaron otras víctimas, una de ellas fallecida”.

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El miércoles 28 de diciembre de 2022, Érika recibió 17 disparos que fueron ejecutados desde una motocicleta en la que se trasladaban dos personas. El violento y fatal crimen se produjo en la madrugada en inmediaciones de las calles Tiro Federal y San Juan del barrio Carlos Casado. La investigación que llevó adelante Fiscalía derivó en una serie de allanamientos concretados en Firmat, además de librarse dos órdenes de detención contra quienes serían los autores intelectuales del hecho.

La investigación en Firmat

Uno de los implicados era Bicho Álvarez, quien se encontraba alojado en la Unidad Penal Nº 6 de Rawson, en Chubut, por delitos de narcotráfico, y una mujer que sería su pareja, quien estaba radicada en Firmaty uqien se entregó un tiempo después a la Justicia.

El fiscal regional de entonces y actual jefe de Fiscales, Matías Merlo, manifestó su preocupación y sostuvo en declaraciones formuladas a la prensa: "No podemos permitir que se produzcan en Firmat estos hechos violentos, estamos poniendo todo el empeño y vamos a actuar con la firmeza necesaria contra los responsables". Luego de ser baleada, Érika quedó tendida sobre una vereda y fue asistida y trasladada por un servicio de emergencias al Hospital San Martín de Firmat para luego ser derivada al hospital venadense donde finalmente murió a causa de las heridas que sufrió.

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Ya en esta instancia de condena, el juez Martínez Ferrero retomó que “el acusado digitaba las conductas de otras personas que se encontraban bajo sus órdenes, pese a encontrarse detenido en una unidad penitenciaria, a mucha distancia de donde ocurrieron los hechos”.

El juez marcó que esa intervención fue posible con “la utilización de aparatos de telefonía celular, que le daba el dominio del hecho, debido al poder que ejercía sobre los ejecutores materiales de las extorsiones. Se trata lamentablemente de un modo de operar de las organizaciones narcocriminales, aun cuando sus cabecillas se encuentran detenidos, que no ha impedido que, connivencia interna mediante, puedan continuar con sus arreglos comerciales desde el Servicio Penitenciario donde se encuentren”.

En tal sentido, el tribunal concluyó: “La intervención de Álvarez en los sucesos ha sido examinada en base a diversos testimonios y elementos de criterio, como audios y capturas de pantalla obtenidos de teléfonos móviles. Y no dejan dudas en cuanto a que fue quien pergeñó el plan delictual para concretar las extorsiones y provocar la muerte de Ávalos mediante la utilización de un arma de fuego y en las condiciones cruentas en que finalmente ocurrió”.

Antecedentes

Álvarez fue detenido en 2022 en el marco de una investigación por comercio de estupefacientes en Venado Tuerto, Firmat y localidades del sur de Santa Fe. En abril de 2023, el TOF Nº 2 de Rosario lo condenó a 15 años de prisión como autor de los delitos de organizador y financista de una banda narcocriminal, tenencia con fines de comercialización y transporte de estupefacientes, e instigador de disparos de arma de fuego. Sin embargo, tenía pendiente la acusación por las extorsiones y el crimen de Ávalos.

Los hechos fueron investigados por la Unidad Fiscal Firmat del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial, que imputó a dos hombres por las extorsiones, y a Álvarez por homicidio calificado por ensañamiento, agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor por determinación. El fuero provincial se declaró incompetente y en junio de 2023 remitió los legajos al Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde finalmente prosiguió el caso.