Finalmente, luego del curioso derrotero judicial de un expediente que fue archivado dos veces y otras tantas reabierto, el prefecturiano Ariel Fernando Condorí Apaza será juzgado por el crimen del adolescente Maximiliano Zamudio ocurrido en mayo de 2015. En la audiencia preliminar celebrada ayer la fiscalía adelantó que requerirá una pena de 20 años de prisión y 10 de inhabilitación mientras que la querella que representa a la familia de la víctima pedirá 30 años de cárcel. En tanto, la defensa insistirá en la absolución del homicida por sostener que se trató de un caso de legítima de defensa.
El juez Nicolás Foppiani admitió las imputaciones, las pruebas ofrecidas por las partes y ordenó la apertura del juicio oral. Sin embargo, pese al pedido de la querella de dictar prisión preventiva al acusado porque la alta pena en expectativa podría motivar su fuga, ordenó que siga en libertad con prohibición para salir del país y obligación de dar cuenta de su domicilio, actualmente en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo, donde sigue trabajando como personal de Prefectura.
El 27 de mayo de 2015, minutos antes de las 23, Maxi Zamudio estaba en la puerta de un pasillo de Patricias Argentinas al 4300 cuando Condori Apaza, franco de servicio, llegó al lugar al volante de un Ford Falcon blanco. Según la teoría del caso de la acusación y la querella, el prefecturiano le hizo un gesto al pibe de 16 años, que se acercó al auto e inició una conversación.
En un momento el adolescente se alejó, luego volvió sobre sus pasos y entonces Condori le disparó con una pistola calibre 40 —la portaba con permiso, pero no era su arma reglamentaria— un balazo que le ingresó debajo de la axila. Con el chico malherido en el suelo, el prefecturiano se bajó del auto, lo pateó y volvió a dispararle un tiro a la cabeza. El asesino huyó a pibe mientras el pibe era llevado al Hospital Roque Sáenz Peña, donde llegó muerto.
Condori Apaza fue apresado a unas cuadras cuando allegados a Zamudio lo cercaron en un pasillo luego de que buscara refugio en casa de un policía. El acusado terminó con un brazo fracturado, lesiones que la defensa atribuyó a golpes con un palo por parte de la madre de la víctima. En esas circunstancias también disparó su arma.
La audiencia de ayer tenía por objeto adelantar los requerimientos acusatorios, pedidos de pena o absolución y presentar las pruebas y testimoniales que se materializarán en el juicio. En tal sentido la fiscal Karina Bartocci se limitó a encuadrar el caso como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sin tener en cuenta la condición de funcionario público del acusado porque en ese momento no estaba trabajando.
El querellante Salvador Vera, representando a la madre de Maxi, se refirió una "ejecución sumaria" y la vinculó con un hecho ocurrido dos horas antes que culminó con la detención de un chico que por entonces tenía 14 años y era amigo de la víctima. El defensor Horacio Corbacho, por su parte, rechazó esos argumentos y afirmó que el prefecturiano se defendió legítimamente de un asalto a mano armada.
El juez consideró indiscutible que Condori mató a Zamudio, pero dijo que hay dos teorías antagónicas en cuanto al porqué y "la sociedad merece que el caso se trate en un juicio oral y público".
Luego se expidió sobre el pedido de la querella de que el prefecturiano vaya tras las rejas hasta el juicio, teniendo en cuenta que Bartocci no pidió modificar la medida cautelar —libertad con restricciones— dictada por el juez Juan Andrés Donnola en diciembre pasado. Si bien Vera alegó que el acusado podría intentar fugarse para evitar pasar varios años en prisión, Foppiani admitió la postura de la defensa al valorar que Condori Apaza siempre cumplió con los requerimientos judiciales y no hay razones que indiquen un posible entorpecimiento procesal ni peligro de fuga. Así, el acusado llegará al juicio oral —aún sin fecha— en libertad.