Policiales

Para un fiscal, el crimen de Gabriel Riquelme "fue una cacería" de la policía

El fiscal Adrián Spelta fue categórico ayer al definir la actuación de los cuatro policías del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez acusados de matar a un joven de 20 años

Sábado 29 de Marzo de 2014

“En su momento dije que hubo una seudopersecución. Hoy puedo decir que fue una cacería”. El fiscal Adrián Spelta fue categórico ayer al definir la actuación de los cuatro policías del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez acusados de matar a un joven de 20 años actuando de civil y en un auto particular. La definición fue parte del debate en una audiencia oral en la que un juez del nuevo sistema penal les confirmó que deberán permanecer en prisión preventiva sin plazos hasta el juicio, algo que los uniformados intentaron revertir sin éxito.

   El camarista penal Ramón Ríos resolvió confirmar el estado de prisión preventiva en el que se encuentran los efectivos. Entre los argumentos más fuertes, tuvo en cuenta que se aludió en el caso a un “pacto de entorpecimiento probatorio”: dos armas oficiales desde las que partieron disparos hacia la víctima fueron adulteradas, los efectivos nunca explicaron por qué demoraron 24 horas en presentarse ante sus superiores a dar cuenta de lo ocurrido y además realizaron una “limpieza del auto” particular involucrado en la persecución. Consideró que “todos aparecen comprometidos colectivamente” y parecen haber actuado “dolosamente, sin justificativos”.

   Así cerró la audiencia de apelación de ayer, en la que los cuatro efectivos no hicieron declaraciones y permanecieron sentados a espaldas de sus defensores. La sala, con presencia de sus familiares, estaba colmada. Los cuatro están acusados del asesinato de Gabriel Maximiliano Riquelme, un joven de 20 años que recibió dos disparos el 3 de marzo pasado cuando volvía a su casa de Villa Gobernador Gálvez tras estar en un boliche de Rosario.

   Iba con cuatro amigos en un Chevrolet Celta y estaba cerca de llegar a su casa cuando, en Alberdi y avenida Belgrano de la vecina localidad, comenzaron a ser perseguidos y baleados desde el Fiat Palio gris en el que iban los policías, de civil y fuera de servicio.

   Según la acusación fiscal, actuaron sin identificarse y con las luces apagadas. La persecución se extendió por unos quince minutos y a lo largo de 5 kilómetros, hasta terminar en Pueblo Esther.
  Riquelme, que iba en el asiento trasero, recibió dos disparos: uno en la mejilla y otro en el hombro izquierdos. Los efectivos se presentaron 24 horas después ante su superior en el Comando villagalvense y entregaron el auto, tres celulares, sus armas y sus placas. Entonces quedaron detenidos: son el oficial subayudante Nelson Iván C. y los suboficiales Julián L.G., Roberto Antonio P., y Virginia Itatí E. Están imputados de un homicidio doblemente calificado por el concurso de cuatro personas y el abuso de su función policial.

Planteos. Los defensores particulares de los policías, Fernando Mellado, José Luis Giacometti y Maximiliano Nicosia, cuestionaron la prisión preventiva sin plazos que les habían dictado el 7 de marzo. Pidieron que sus clientes recuperen la libertad bajo cauciones de 5 mil a 6 mil pesos y con garantes familiares. En su defecto, que permanezcan en prisión domiciliaria bajo control policial. O que a lo sumo les restrinjan a 30 días el plazo de detención.

   Los abogados señalaron que los imputados “jamás reconocieron el hecho”, que “pudieron haberse fugado pero en lugar de ello se pusieron a disposición de un superior”, que están detenidos sólo por la expectativa de una pena elevada y para cautelar el proceso. Y que no está acreditado que, antes de presentarse, tuvieran conocimiento de que en la persecución hubo un muerto.

   A su turno, el fiscal Spelta hizo un repaso por las pruebas recolectadas hasta ahora contra los efectivos. “Puedo afirmar que fue una cacería, en un vehículo con las luces apagadas y con cuatro efectivos policiales en su interior, lo que es peor aún”. Remarcó que al presentarse ante sus superiores acudieron sólo dos de ellos porque a los restantes “hubo que ir a buscarlos”.

Otras pruebas. El fiscal insistió con que dieron “un domicilio falso, a la vuelta del Comando”. Y reiteró que dos armas policiales desde las cuales partieron vainas secuestradas en el recorrido fueron adulteradas, tanto en la aguja percutora como en el cañón. “Pensar que pueden evadir a la Justicia no es caprichoso, sino que ya lo hicieron, después de haberle quitado la vida a un joven”, enfatizó, además de destacar que los dermotest practicados a los cuatro sobrevivientes resultaron negativos.

   Luego de un receso de media hora, el juez Ríos resolvió confirmar la detención de los efectivos. Señaló que la prisión preventiva no es indeterminada (puede durar como máximo dos meses) y mencionó que en la discusión sobre el tema existen “hipocresías”. Así, dijo, “ningún tribunal deja libre a un violador serial por más que tenga la comparecencia asegurada”.

   Ríos no ahorró conceptos respecto del desempeño posterior de los policías: “El justiciable debe hacerse cargo de su comportamiento procesal”, dijo. Y aclaró que si bien es un derecho de los acusados abstenerse de declarar, eso carece de valor cuando se oculta información que pueda “echar por tierra los elementos incriminantes”. En este caso, sugirió, el silencio puede favorecer la versión incriminante.

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