Policiales

Para la provincia Bullrich hizo un uso político del "Operativo Contrafuego"

En la Casa Gris creen que presenta como logros de la Nación acciones que llevan fiscales provinciales. Es por el origen del secuestro de 22 armas el jueves.

Lunes 06 de Mayo de 2019

El gobierno provincial eligió no dar una respuesta a los dichos de Patricia Bullrich, que acusó al ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro de mentiroso. La funcionaria nacional dijo que le había comunicado a Pullaro el 17 de abril que no se le habían secuestrado celulares a Guille Cantero en la cárcel de Ezeiza porque lo estaban escuchando y que por ese seguimiento había en ciernes una operación policial, de la que el ministro santafesino estaba al tanto. Frente a esto en la Casa Gris optaron por no continuar el debate, convencidos de que los desencuentros históricos en temáticas de seguridad tuvieron un alto costo para la provincia. Pero señalan que Pullaro jamás supo qué tipo de acción estaba por ser desplegada y, sobre todo, que los teléfonos que se le secuestraron a Cantero no estaban intervenidos, por lo que es falso que estuvieran obteniendo datos que justificaran que el condenado líder de Los Monos los mantuviera en su poder.

El gobierno santafesino está convencido de que Bullrich vino a Rosario con un propósito de propaganda política. "Llegó el jueves para anunciar que las balaceras contra edificios o personas del Poder Judicial quedaban esclarecidos con una detención masiva y secuestro de armas de fuerzas federales. Una noticia falsa o al menos seis meses vieja: por esos hechos hay desde octubre 15 personas presas por una investigación de fiscales provinciales.

"La ministra quería esos procedimientos para el viernes anterior a las elecciones. No los consiguió porque los fiscales no pidieron esas órdenes. Entonces avanzó pidiendo operativos a la Justicia Federal contra la Tata Medina, lo que sí llegó a la prensa el día de la votación", dijo un alto funcionario de la Casa Gris.

Discordia

El jueves pasado Bullrich arribó a Rosario en coincidencia con unos 300 efectivos federales para la llamada "Operación Contrafuego", donde hubo 35 allanamientos con secuestros de 22 armas de fuego, algunas muy poderosas, en una investigación ligada a los atentados a objetivos del Poder Judicial iniciados en mayo de 2018. En el operativo hubo 34 personas demoradas de las cuales 13 fueron imputadas el sábado (ver aparte).

El jueves Pullaro se mostró sorprendido de que Guille Cantero contara con celulares en su pabellón. La ministra lo cruzó el sábado: afirmó que Pullaro estaba al tanto de que los tenía. "No se puede tratar de ensuciar la mejor investigación realizada frente a lo que fue en el último año los permanentes ataques a balazos sólo porque no le dieron la investigación", planteó Bullrich.

Esta última afirmación fue considerada como un "total desatino" en la Gobernación santafesina, donde llama la atención que Bullrich se lance a opinar sobre el tema "con tanta desinformación". Lo primero que destacan es que doce de esas balaceras tienen a 15 autores identificados y presos desde octubre pasado con roles que alternan entre ejecutores, organizadores e ideólogos. En este último papel fue imputado Guille Cantero en siete hechos con prueba no refutada por sus defensores en las audiencias. Una de las implicadas, Daiana Mazzeo, ya está condenada en juicio abreviado.

En el gobierno dicen que si estaban escuchando a Guille Cantero no es porque los tres celulares que le secuestraron en la cárcel el jueves estuvieran intervenidos a pedido de los fiscales rosarinos que investigan las balaceras. Los fiscales ya requirieron esos teléfonos pero están bajo el control del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villenas, a quien por motivos de jurisdicción le llegan todos los aparatos móviles secuestrados en la cárcel de Ezeiza. No se sabe, por ende, qué juez intervino esos teléfonos para justificar que no los secuestraran antes.

Logros federales

Por otro lado, la colaboración de fuerzas federales empieza luego de los cuatro atentados de diciembre pasado (el segundo contra la Fiscalía Regional, el segundo contra el Centro de Justicia Penal, el segundo contra Tribunales y el del Concejo). Pero las pistas que permiten a las fuerzas federales llegar al Operativo Contrafuego fueron, según fuentes judiciales, colectadas por policía provincial y MPA de Rosario a partir del teléfono secuestrado en septiembre a un remisero que participó de un ataque a la Fiscalía. A partir de ese celular incautado por el Comando Radioeléctrico se llega al contacto de Leandro "Chulo" Olivera al que la Policía Federal (PFA) detuvo en febrero. En su casa había una computadora con los contactos que le permitieron a la PFA allanar el jueves y hallar 22 armas.

"Cada vez que el MPA pide colaboración a fuerzas federales Bullrich, que tiene el control de éstas, anuncia en su twitter o viene a Rosario a mostrar sus «logros investigativos»", dijo una alta fuente de la Casa Gris a este diario.

El viernes 26 de abril, dos días antes de las Paso, la Superintendencia de Investigaciones Criminales de la PFA (que en última instancia es resorte de Bullrich) le pidió al fiscal Matías Edery 40 órdenes de allanamiento. El fiscal pidió una semana de tiempo por razones administrativas. El sábado 27 de abril Bullrich anunció un operativo contra Olga "Tata" Medina, vinculada hace 20 años a casos de narcomenudeo en el norte rosarino, realizado horas antes por 300 hombres de la Policía Aeroportuaria y Prefectura. En el gobierno de Miguel Lifschitz dan por hecho que ambos operativos se diagramaron para coincidir con el momento en que se acomodaban las urnas.

Bulllrich dijo el sábado que "la estrategia de permitir que Cantero se siguiera comunicando desde Ezeiza con tres celulares permitió detener a 34 personas vinculadas a las balaceras". Fuentes de la Fiscalía Regional Rosario señalan su convicción de que no decomisaron esos celulares antes no porque les estuvieran haciendo escuchas valiosas sino para que el secuestro coincidiera con el operativo de incautación de armas.

"La impresión es que buscaban unir todo como si fuera una gran investigación", estimó un jerárquico del MPA. "Pero ninguno de los detenidos del jueves pasado tuvo que ver con los atentados. A lo sumo pueden haber escondido las armas por pedido o presión de los supuestos culpables pero de eso no hay prueba. Por esa razón solo se los acusó por tenencia de armas. A nadie por ninguna conexión con las balaceras", agregó.


"Sin relación con las balaceras"

El secuestro de armas vinculadas a las balaceras contra el Poder Judicial derivó en distintas audiencias el sábado con 13 imputados por tenencia ilegal de arma de fuego. Por falta de evidencia, ninguno fue vinculado a las balaceras. "A los detenidos se los llevaron de los allanamientos. Se mencionaron 34 por error al contar a los que ya estaban en la investigación previa. Sólo 13, que eran los acusados por tener armas de guerra, fueron a audiencia el sábado. De ese total sólo cinco quedaron detenidos por tener muchas armas. Pero no hay nada que los relacione a las balaceras", dijo una fuente del MPA.

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