La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) consideró que la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que instrumenta la fiscalización en forma trimestral de la situación en la que se encuentran las personas privadas de su libertad es "un avance importante", ya que hasta ahora los integrantes de la Cámara de Apelaciones sólo realizaban "dos visitas anuales" a los presidios y "con resultados poco auspiciosos". Además, el organismo remarcó que los jueces no asistían a los penales policiales, algo que el documento del máximo tribunal ahora impone.

"Los camaristas no iban a las comisarías porque allí están alojados presos en condiciones irregulares", comentó Carmen Maidagan, integrante de la CTC. En rigor, las personas acusadas de un delito deberían permanecer en las seccionales hasta que el juez de Instrucción interviniente se pronuncie sobre su situación procesal. "Si el juez le dicta la prisión preventiva, el detenido debería ser trasladado a una dependencia del Servicio Penitenciario", explicó.

Maidagan señaló que la CTC y otras organizaciones no gubernamentales ya habían presentado un proyecto de ley al ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, para crear mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. En la iniciativa se plantea crear organismos integrados por personas independientes. "Los postulantes deberán ser aprobados por el Congreso de la Nación", indicó Maidagan.

Quienes realicen la fiscalización deberían visitar los centros de detención sin previo aviso y estarían facultados para registrar imágenes, entrevistar a los detenidos, pedir informes sobre su situación y verificar si los presos han sufrido tormentos.