Policiales

"Para combatir la venta de droga hay que dar un golpe de mercado"

El periodista Emilio Ruchanski es autor de “Un mundo con Drogas”, un libro que cuestiona el paradigma prohibicionista en torno a los estupefacientes. Propone una regulación para atacar al narcotráfico.

Lunes 05 de Octubre de 2015

Emilio Ruchanki es un periodista especializado en políticas de drogas ilegales. Fue cronista del matutino Página 12, corresponsal de revistas europeas y actualmente es columnista de distintos programas de la TV Pública y editor adjunto de la Revista THC, de amplia temática en cultura cannábica. Para la elaboración de su libro “Un mundo con Drogas”, de editorial Debate, recorrió Suiza, Holanda, España, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay para conocer en profundidad los ejemplos que cuestionan el paradigma prohibicionista. El escrito es una recopilación de esa investigación.

Días atrás Ruchanski estuvo en Rosario para participar de una charla vinculada con este tema en la Universidad Nacional de Rosario. En una entrevista con este diario planteó que las drogas ilegales como marihuana, cocaína, éxtasis y ácido lisérgico están en el décimo lugar en lo que hace a las causas principales de riesgo de enfermedad en nuestro país, tabla que encabeza el tabaco y tiene al alcohol en cuarto lugar.

Cuidados. En este sentido Ruchanski apuesta por el cuidado y la cura; por una regulación del Estado, similar a lo que ocurre en Uruguay, Canadá y Holanda. “Es necesario despenalizar todas las drogas”, sentencia consciente de que lo esencial es ampararse en leyes: la ley de drogas y la de salud mental.

En cuanto a la reducción de daños, Ruchanski enumera las distintas formas de cuidado ante las drogas más usuales: “Se aconseja lavar la marihuana para que arroje toxinas, tener algo dulce cerca por si baja la presión, no fumar lo ultimo que queda en el cigarro armado, no operar máquinas. En lo que hace a la cocaína; no aspirar con billetes, no beber porque la coca es un vasodilatador, no aspirar más de una línea, entre otras varias cosas”.

Políticas sociales. Para el periodista la Argentina está muy atrasada en lo que hace a la represión al consumidor. “Mientras Chile discute el autocultivo, Uruguay ya lo aceptó, Ecuador también llegó a despenalizar a las mulas a partir de ciertos parámetros jurídicos, Colombia tiene un fallo de su corte que permite tener veinte plantas, en Argentina regular el cannabis es el camino para desarmar la guerra porque atacás la economía de quienes venden y disputan los barrios”, sostiene.

“La regulación —continúa el periodista— permitiría que las bandas tengan menos dinero, lo que afectaría a la policía que toma parte de esa venta. Pero a la vez, sacaría mucha gente del consumo de droga más pesada: pasta base y cocaína, que ofrecen los vendedores del mercado negro cuando va a comprar marihuana. Les sacás el control. Para que haya un impacto más fuerte debe haber políticas sociales: vender no puede ser una salida laboral en los barrios. Por otro lado, la Justicia debe separar a víctimas de victimarios. Muchos soldaditos son víctimas. Hay que separar el menudeo del tráfico a escala grande”.

Adelante. Por proximidad y avances es pertinente observar los avances en la regulación de Uruguay. “Denle para adelante”, dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el primer viernes de octubre cuando se le consultó si se postergaría el anuncio acerca de la adjudicación de las licencias para la producción de marihuana.

Allí se creó la Junta Nacional de Drogas y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Las empresas seleccionadas para terminar con el paradigma prohibicionista son Simbiosys, conformada por capitales argentinos y uruguayos y el ICCorp, una compañía de capitales uruguayos y británicos.

El lugar para las plantaciones será el establecimiento El Tejar, se invirtieron 200 millones de dólares en 67 mil hectáreas en las zonas centro y litoral, las más fértiles del país. Sin embargo las empresas seleccionadas deberán hacer una inversión de entre 600.000 y 800.000 dólares cada una y producir hasta dos toneladas por año. La marihuana se venderá a poco más de un dólar por gramo, para asegurar el acceso.

—¿Cómo es la situación actual en Uruguay?

—Hoy el 40% de la marihuana que se consume allí es local: de autocultivo o clubes de membresía o cultivo. Eso quiere decir que le quitaron 40% del dinero a los que venden. Si querés combatir la venta de droga y sus consecuencias tenés que hacerlo con un golpe de mercado, como dijo en su momento el ex presidente (José) Pepe Mujica.

—¿Se podrá debatir el tema en Argentina?

—Desde la revista THC se logró que se planteara la despenalización en 2012, pero no se planteó más. No había posturas cerradas en el Frente Para la Victoria. La Iglesia se opone y se opuso. El planteo que hace el catolicismo es que los adictos tienen alterada su voluntad y por eso debe decidirse sobre ellos. Tienen granjas que usan formas que atentan contra los derechos humanos para lograr la cura. Para la Iglesia el consumidor es un objeto de tutela y no prometen una cura. Otras instituciones argumentan que al despenalizar se duplicarán adictos, pero cometen el mismo error que se tuvo con la ley de matrimonio igualitario, cuando se habilitó no hubo más demanda, sólo la que se pedía. Se trata de legislar por el derecho de minorías e impedir la discriminación.

—¿Cuánto afectan a la salud pública los tratamientos?

—El gobierno anunció un presupuesto de 1.200 millones de pesos para prevención inespecífica. El problema es sociosanitario, se apuesta por un plan de vida para el consumidor. Es necesario ofrecer un plan de vida a quien consume tanto como lugares de inclusión social y una inserción. No es un delincuente, sólo precisa ayuda. Se debe curar al que se quiere curar y cuidar aquel que por infinitas causas no puede hacerlo. Cuidar implica aportar modos de consumo, terapias que respeten los derechos humanos y legislar.

—¿En que consiste la ley de salud mental y cómo aporta a esta discusión?

—La ley le puso freno tanto a la manicomialización como al descuido del enfermo. Hoy por ley se debe informar al paciente qué tratamiento se le hará y la internación es la última instancia frente al consumidor.

—¿Pueden desaparecer las drogas ilegales?

—No. A lo que se apunta es a reducir daños, a cuidar a los consumidores y a la cura. La despenalización pondrá un freno a la consecuencia inmediata del narcotráfico.

—En Rosario hace un año y medio que no se eleva a juicio a un consumidor. ¿Tiene que ver con una postura de los jueces de no estigmatizar a los consumidores o porque no pueden gastar recursos en esas causas menores?

—En el sistema federal hay dos posturas muy claras. Unos creen en el artículo 19 de la Constitución Nacional protege el derecho a consumir. Lo hacen por doctrina, fe o ideología. Hay otra parte del derecho, más conservadora, que mantiene que tener drogas es un atentado a la salud pública, un mal ejemplo. Todavía ve el consumo como un pecado. Hay que separar pecado de lo que es delito. La jurisprudencia fue cambiando. Hoy sorprende escuchar a Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema que firmó el fallo Arriola y conoce la saturación de la Justicia federal, decir que la despenalización no es prioritaria. El mensaje del fallo Arriola fue claro para la Policía: no me traigas más a quien está comprando sino a quien está vendiendo. Pero no hay una ley. Como no cambia la ley, la policía sigue haciendo lo mismo.

 

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