El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe condenó al último imputado que tuvo la causa derivada de la denominada “Operación ciudades hermanas” y que investigó el tráfico fluvial de cargamentos de unos 200 kilos de marihuana que semanalmente partían desde la ciudad de Goya, en Corrientes, y tenían como destino el puerto de la ciudad de Reconquista, en el norte santafesino. Se trata de Federico “Gringo” Catay, quien se mantuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años hasta que terminó siendo detenido el 10 de septiembre de 2020 en un control de calle efectuado en la mencionada localidad correntina.
La sentencia fue dictada por el juez penal José María Escobar Cello, que tras homologar un acuerdo cerrado entre la Fiscalía General de la provincia y el defensor oficial Fernando Sánchez declaró a Catay autor penalmente responsable del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y le impuso una pena de 4 años de prisión efectiva.
Por el caso, que tuvo connotaciones de alto tinte político, ya habían sido condenados en 2019 ocho personas que estuvieron incorporadas a la causa que supo instruirse en el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Alurralde, y que encabezó el fiscal federal de esa jurisdicción, Roberto Salum. De esas ocho personas el nombre que se destacó fue el de Javier “Cabeza” López, el cual fue considerado líder de la organización narco que traficaba por el río Paraná cargamentos de marihuana cuyo destino era el puerto de Reconquista en donde se encontraban los otros involucrados en el engranaje criminal.
Los otros condenados hace dos años fueron Carlos “Gordo” Ramírez, sindicado como la mano derecha de López; Valeria Rolón, quien era la pareja de López; Fabián Antonio “Cotorra” Quiróz; Cristian “Colo” Thompson; Elvio Ramón Silva; el transportista de la banda, Denis Damián “Rosarino” Gómez, y Yoel Altamirano.
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La organización fue desbaratada el 21 de diciembre del 2016 cuando agentes de la Dirección de Drogas de la policía de Santa Fe allanó 8 domicilios de Goya y 7 de Reconquista con órdenes emanadas del juez Alurralde. Uno de esos allanamientos tuvo lugar en el domicilio de “Cabeza” López y desató un escándalo político.
Es que en ese domicilio de la ciudad de Goya al que llegaron agentes de la policía santafesina que investigaban el caso, se hizo presente en medio del procedimiento el entonces gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quien viajó 160 kilómetros desde la capital provincial hasta el lugar del procedimiento para tratar de impedir que los agentes santafesinos practicaran los allanamientos y detenciones. La policía correntina, en tanto, dijo obedecer las órdenes directas de su gobernador e incluso llegó a demorar durante varias horas al jefe del operativo, el comisario José Moyano, y a otro integrante de la brigada que junto a la Tropa de Operaciones Especiales llevaba a cabo el procedimiento.
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La presencia del mandatario entorpeció el procedimiento policial y generó un cortocircuito interprovincial ya que el propio Colombi ordenó el traslado a un calabozo del ex jefe de drogas de la provincia de Santa Fe, José Moyano, quien permaneció detenido por unas horas y luego fue liberado ante la intervención del entonces gobernador Miguel Lifschitz y el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
Fue el propio juez Alurralde quien, dos semanas después de aquel episodio, pidió investigar el proceder de Colombi “sin partir desde ningún prejuicio”. Y aseguró que como funcionario de la Justicia Federal no puede dejar de investigar la conducta del mandatario y de los jefes policiales que respondieron a sus insólitas órdenes. “Existe la posibilidad de que hayan cometido delitos de acción pública y debemos averiguarlo”, sostuvo.
