POLICIALES

Otra policía condenada por ser parte de la banda de Esteban Lindor Alvarado

Jorgelina "La Pepo" Cháves acordó 3 años de prisión en un proceso abreviado. Es la sexta uniformada en ser condenada por ser parte de la asociación ilíicta

Jueves 08 de Julio de 2021

Jorgelina Miriam “La Pepo” Cháves, ex jefa de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria e integrante del Comando Radioeléctrico, cerró un proceso abreviado con una condena a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y 6 de inhabilitación especial al hacerse responsable como integrante de la organización criminal liderada por Esteban Lindor Alvarado. El juez de primera instancia Hernán Postma homologó el acuerdo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, y ser integrante de una asociación ilícita. “La Pepo” es la sexta funcionaria policial que cierra un abreviado como integrante de la banda de la banda de Alvarado además de un abogado y una civil que llegó el libertad.

Según la acusación Cháves proporcionó el número de celular de Leandro “Chulo” Olivera, de la banda de Los Monos, para que fuera intervenido en la causa que investigaba el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, en noviembre de 2018, sembrando así una pista falsa. Por el tiempo transcurrido en la cárcel quedó en libertad mientras desde hace un mes comenzó a delinearse, en audiencias preliminares, lo que será el juicio oral y público para Alvarado en el cual los fiscales pidieron prisión perpetua.

“La Pepo” fue detenida el jueves 6 de junio de 2019 y un día más tarde acusada junto a sus pares el comisario de la ex Policía de Investigaciones (PDI) Martín Javier Rey; su hermano Marcelo Rey (ex Organismo de Investigaciones _OI_); el subinspector Pablo Emilio Bancora (OI y PDI) y Marcelo Nicolás “Fino” Ocampo, asesinado a balazos la tarde del viernes 16 de abril pasado. “La audiencia será reveladora de cómo trabaja la policía y de lo que armó este tipo (Alvarado). Esta es organización criminal más grande que se vio en la provincia”, explicó una fuente judicial en la previa de la audiencia celebrada cuatro meses después de la caída de Alvarado, detenido el 2 de febrero de en Embalse Río Tercero, en Córdoba.

Según la acusación Cháves fue la policía que le dio a Pablo Bancora, entonces en la OI, el celular de “Chulo” Olivera, por entonces hombre de confianza de Máximo Ariel “Guille” Cantero, para que fuera intervenido y remitírselo a Alvarado. Este hecho fue reconocido por Bancora en un abreviado ya homologado. Esta maniobra resultó fundamental para que Alvarado generara una falsa coartada y "disfrazara" pistas hacia Los Monos para desorientar a los investigadores. Bancora integraba el grupo investigador tanto de las balaceras imputadas al clan Cantero, la primera saga de doce ataques entre mayo y agosto de 2018, y el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, cometido en noviembre de 2018, que ya tenía como prófugo a Alvarado.

>>Leer más: La Justicia da los últimos pasos camino al juicio oral contra el clan de Alvarado

¿Cómo se descubrió la maniobra? Un día Bancora se olvidó la aplicación de la red social de mensajería Whatsapp Web abierta en su computadora y una compañera tuvo acceso a la conversación que este tenía con Cháves. La testigo logró fotografiar los mensajes en donde Bancora le pasa el número de teléfono de “Chulo” a Chávez y le dice que está relacionado con las balaceras.

Alvarado tenía una obsesión en mente: zafar de la acusación que lo tenía preso desde febrero acusado de mandar a matar a Lucio Maldonado. Según desarrollaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, para ello urdió una estrategia cuyo principal objetivo era sacarse de encima la acusación por el crimen del prestamista. Para ello lo que ideó fue echarle la culpa a la banda de Los Monos y hacer que los fiscales creyeran eso. Así Alvarado se libraba de un delito por el que en la preliminar que comenzó hace un mes tiene como perspectiva de prisión perpetua.

Para concretar esa estrategia generó delitos idénticos a los que la banda de los Cantero habían perpetrado en un pasado reciente: ataques a balazos contra blancos del Poder Judicial. Por eso mandó a gente de su entorno a realizar ataques sobre fines de 2018 y principios de 2019 contra el Centro de Justicia Penal, los Tribunales provinciales de calle Balcarce y la casa de una empleada técnica de la misma Unidad Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional, que investigaba las balaceras anteriores.

>>Leer más: Condenan a 3 años de prisión a la socia de una empresa comercial de Esteban Alvarado

Así lo que Alvarado ingenió fue un sistema para transferir la culpa a dos personas. El “Chulo” Olivera, gente de Los Monos; y Rodrigo Ortigala, testigo estrella en la causa en su contra. Para eso se metió dentro de la investigación de los casos de balaceras contra objetivos y funcionarios del Poder Judicial valiéndose de empleados infieles de PDI y del OI que trabajan en la pesquisa en el mismo Centro de Justicia Penal.

Los uniformados infieles aportaron teléfonos de miembros de Los Monos, a los que echarán la culpa, y hasta la dirección de la casa de la funcionaria técnica de la fiscalía que realiza los perfiles económicos de la banda. Lo que procuraba Esteban era que los nuevos teléfonos de Ortigala y Chulo, falsos y que manejaría gente suya, fueran intervenidos. De esa manera los fiscales captarían mensajes en donde él, Alvarado, les haría admitir a los falsos Ortigala y “Chulo” la culpa de los atentados, como gente de Los Monos, transfiriéndola a los Cantero. Fundamentalmente lo que a Alvarado más le interesaba era zafar de la acusación por el asesinato de Maldonado, donde él mismo está imputado y de cuya responsabilidad buscó desprenderse.

Además de Cháves ya firmaron procesos abreviados otros cinco policías: David Marcelo Rey, Bancora, Cristian “Chamuyo” Di Franco, Luis Quevertoque (parte de la División Judiciales que puso tras las rejas al núcleo duro de Los Monos) y Javier Makhat (quien fuera jefe del área de Inteligencia de la PDI, hoy Agencia de Investigación Criminal). A esta lista se sumaron el abogado de Alvarado, Claudio Tavella, y Flavia Gori, una de las socias de Alvarado en la empresa Logística Santino SRL.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario