El mediodía del martes 30 de diciembre pasado dos policías investigados en un presunto caso de "gatillo fácil" recuperaron la libertad en un tiempo récord y sin que sus abogados defensores lo requirieran. El suboficial mayor Raúl Eduardo A., quien está acusado de homicidio calificado y aceptó en su momento haber disparado contra Marcelo Gustavo Lares en una oscura persecución el 6 de junio de 2014, y el cabo Abel R., se vieron beneficiados por los resultados de una pericia balística realizada por Gendarmería Nacional que, según información extraoficial, habría arrojado que el plomo que le extrajeron al muchacho de la nuca no correspondería a ninguna de las armas de los policías.
¿Por qué el uso del potencial en la explicación del tema? Porque hasta el 30 de diciembre de 2014, el último día hábil antes de la feria judicial, el informe pericial escrito por Gendarmería no formaba parte del expediente que se abrió por el asesinato de Marcelo Lares. El fiscal de la causa, Luis Schiappa Pietra, "fue notificado verbalmente por la jueza de la causa Delia Pagliari ese mediodía y a partir de una comunicación telefónica que mantuvo la secretaria del Juzgado con un perito de Gendarmería que realizó la pericia", indicó una fuente tribunalicia.
"Lo que le expuso la jueza al fiscal fue que le habían informado que el plomo que se envió para ser peritado no se correspondía con ninguna de las dos armas secuestradas a los policías. Digamos que técnicamente el fiscal fue notificado, pero no formalmente", indicó el vocero.
"Concretamente, el fiscal nunca vio el informe escrito ni la fundamentación del perito que lo realizó, no sabe cuál es el margen de error o qué comparador balístico se utilizó en la pericia o si se cumplieron con todos los requisitos de la custodia de la prueba", agregó la fuente.
"Ese plomo (el que extrajeron de la nuca del pibe asesinado) ya había sido peritado por el reconocido perito (y jefe de la División Criminalística de la Unidad Regional II), Gustavo Colombo, quien tras el análisis había indicado que el plomo estaba muy estriado y que no se podía precisar con qué arma había sido disparado. Por eso se pidió la pericia a Gendarmería", explicó.
"Todo esto pasó en menos de una hora. A las 12.45 del último día hábil en Tribunales, al no haber mérito sustancial, la magistrada ordenó que los policías fueran puestos en libertad. Y eso sin que los abogados defensores tuvieran tiempo de solicitárselo", indicó la fuente judicial.
Ese mismo mediodía Schiappa Pietra impugnó el decreto, lo que reiteró el fiscal de turno. Ese reclamo llegó a la Cámara de Apelaciones en tiempo de feria judicial y no se le dió lugar a la impugnación ya que no causaba gravamen irreparable. Una resolución que se viene practicando "para evitar que las causas se dilaten innecesariamente" y motivo por el cual los dos policías siguen en estado de libertad.
Caso oscuro. El jueves 6 de junio de 2013 cinco policías que iban a allanar un domicilio de Olavarría 1224 bis, en Empalme Graneros, advirtieron que un joven escapaba por una ventana. Era Marcelo Gustavo Lares, tenía 20 años y los policías no lo buscaban a él sino a su hermano por orden del juzgado de Instrucción Nº 11.
El fiscal Luis Schiappa Pietra estableció que tres policías corrieron inicialmente a Lares aunque luego sólo siguieron dos: el cabo Claudio R. a pie, y el suboficial mayor Raúl A. en la patrulla del destacamento 23. Este bajó del auto y también echó a correr por la costa del arroyo Ludueña. Uno de ellos, para la acusación fue el suboficial A., efectuó un disparo que le dio en la nuca a Lares, lo hizo caer al agua y le provocó la muerte.
La causa recayó en el juzgado de Instrucción 12 a cargo de Mónica Lamperti. A partir de una redistribución de causas que se realizó con las remanentes del viejo sistema escrito, denominado conclusional, el expediente cayó en manos de la jueza Pagliari. Fuentes judiciales confiaron que el suboficial A., en su tercera declaración, admitió que disparó contra Lares aduciendo que el muchacho lo había apuntado con un arma. Esa arma —un revólver Bersa calibre 22 largo— que supuestamente portaba el muerto fue peritada y dio como resultado que "no estaba apta para ser disparada". Los mismos voceros tribunalicios contaron que el cabo R., por su parte, declaró que hizo un solo disparo "al suelo" y que vio cómo su compañero disparaba contra Lares.
Al menos dos testigos vieron a los policías tirar y escucharon tres disparos. Según explicaron las fuentes consultadas, esos testigos afirmaron que "uno de los policías le gritó «alto» y le disparó. Fue como instantáneo. No esperó respuesta de la víctima. Fueron tres disparos, escuché que le decía «quedate quieto ahí» y le dispararon", dijo uno de ellos. Otro, hermano del anterior, confirmó ese relato: "Venían dos policías, uno gritó alto y ni terminó de decir la palabra que disparó tres tiros, yo escuché que fueron tres tiros los que hizo".
En principio, los dos policías prestaron declaración informativa pero por el peso de los testimonios fueron imputados y la jueza Lamperti les impuso prisión preventiva. Esta medida cautelar fue apelada por los defensores de ambos uniformados y fue la camarista Carina Luratti quien, en audiencia oral y pública, resolvió confirmar los dichos de Lamperti. Sólo el cabo R. accedió al beneficio del arresto domiciliario.
