Policiales

Ordenan seguir investigando a ex jefe policial por corrupción

Una camarista penal dispuso que el comisario retirado Daniel Cáceres deberá seguir bajo la lupa por su dudoso incremento patrimonial 

Viernes 17 de Abril de 2015

Un juez de Instrucción deberá continuar investigando al ex jefe de la policía provincial Daniel Ricardo Cáceres por el incremento de su patrimonio, el que según una pesquisa de la Dirección de Asuntos Internos no aparece respaldado en base a sus ingresos lícitos. Así lo resolvió la camarista penal Georgina Depetris a raíz de la apelación presentada por el abogado defensor del alto oficial. El letrado sostuvo que la causa penal había prescripto por el vencimiento de los plazos. En una audiencia realizada ayer a la mañana quedó de manifiesto una controversia. Para el abogado de Cáceres, el plazo de prescripción debe considerarse a partir del cese de funciones de su cliente, mientras que la magistrada ponderó que debe valorarse a partir de que Asuntos Internos determinó que el oficial ya retirado no pudo justificar el aumento de su patrimonio.
  Cáceres fue jefe de la policía provincial en dos administraciones políticas de signos distintos, entre octubre de 2007 y diciembre de 2009. Ostentó ese cargo en el último tramo de la gestión como gobernador de Jorge Obeid y en el primero de la de Hermes Binner. Después de su retiro fue citado por la Dirección Provincial de Asuntos Internos para que justificara sus posesiones en un acto donde se invierte la carga de la prueba: el delito de enriquecimiento ilícito es uno de los pocos donde la inocencia no se presume sino que deber ser demostrada.

Los bienes. Según fuentes del gobierno provincial, al comisario Cáceres se le requirió que precisara el origen de los fondos con que adquirió una casa en calle 3 de Febrero y un departamento en Mendoza al 400, ambos en Rosario, así como una casaquinta con pileta en Puerto Paraíso, un barrio cerrado de la localidad de General Lagos que cuenta con amarradero de embarcaciones. También debió sustentar la procedencia de un Peugeot 407, un Citroën C4 y un Fiat Siena.
  El 29 de julio pasado, Asuntos Internos elevó un informe a la Justicia en el que sostenía que el oficial no podía justificar el incremento de su patrimonio. El abogado de Cáceres, Horacio Corbacho, sostuvo que la prescripción de la acusación empieza a correr a partir del momento del retiro. “Mi cliente cesó en sus funciones el 20 de agosto de 2008 y, como ya transcurrieron seis años, la causa prescribió”, afirmó el letrado entonces. En rigor, si se cumplieron seis años del retiro del oficial, el máximo de la pena prevista en la escala para tal ilícito es, precisamente, seis años.
  A partir de la judicialización del caso, el 14 de agosto de 2014, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas citó a Cáceres para que brinde declaración indagatoria, pero no se concretó. El segundo llamado lo formuló el juez Luis María Caterina el 22 de septiembre pasado, pero tampoco se llevó a cabo. “En el juzgado de Caterina no lo indagaron porque el juez había ordenado una pericia contable a cargo de un perito de la Corte, que todavía se está tramitando”, explicó Corbacho.
  Entonces, el abogado de Cáceres planteó en ese juzgado que el caso debía pasar al archivo porque la acción penal había prescripto, pero el juez Caterina ponderó que la persecución penal estaba vigente. Por lo tanto, el letrado apeló la resolución del magistrado. Ayer, la camarista penal Georgina Depetris sostuvo que la causa no estaba prescripta y por lo tanto Caterina deberá continuar investigando.

Discutible. En la audiencia de ayer, Corbacho sostuvo que la causa se inició a partir de una denuncia anónima cuando la legislación contempla que “debe hacerse a partir de una denuncia expresa”. Señaló que en 2009 se inició el sumario administrativo y se excedió “varias veces” el plazo de 60 días para elevar las conclusiones. “Mi cliente fue notificado de la iniciación del sumario la noche un día viernes, a 20 cuadras de su casa, y al otro día la noticia apareció en los diarios”, afirmó el letrado.
  Corbacho dijo que el patrimonio de su defendido fue investigado entre 1997 y 2008 cuando se retiró. “Cuando pedimos los recibos de sueldos desde 1997 para atrás nos dijeron que no estaban. También debió justificar los ingresos de su esposa. Además nos pidieron informes de inmuebles inexistentes y rechazaron a un perito contable que presentamos porque no tenía la idoneidad para analizar el informe” (de Asuntos Internos).
  El abogado sostuvo que “todos tenemos derecho a ser juzgados en un plazo razonable como lo establece la Constitución y los tratados internacionales”. Y afirmó que “no puede ser interrumpida la prescripción por un mero formulismo”.
  Luego fue el turno de la fiscal Graciela Argüelles. La responsable de la acusación sostuvo que la resolución de Caterina debía ser confirmada y se basó en un fallo de la Sala II de la Cámara Penal de diciembre de 2013 sobre enriquecimiento ilícito. “La fecha de presentación de la justificación del patrimonio es la que determina el momento comisivo del ilícito (en este caso cuando supuestamente Cáceres se enriqueció) por lo que entiende que la acción penal todavía se encuenta vigente”, explicó la fiscal.
  Argüelles sostuvo que el período de prescripción se extiende hasta dos años después del cese de funciones de los oficiales de las fuerzas de seguridad y Corbacho replicó que ese plazo rige para la investigación pero no para la prescripción. Finalmente, la camarista Depetris resolvió que el juez Caterina debe continuar investigando el caso.

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