Para empezar a sanar de un dolor profundo es preciso nombrarlo. La incapacidad de volcar la angustia en palabras provoca impotencia y se prolonga como trauma. De allí que es comprensible y positivo que los que tanto quisieron a Gabriela Núñez se hayan unido a desahogar la desazón por su vida arrancada de un balazo el martes pasado.

Ante algo tan duro una marcha puede tener ese fin noble: asociarse ante el dolor para dar y encontrar alivio en la compañía. Un modo colectivo de recordar a quien se amó, de señalar lo que la comunidad no admite y de exhibirlo a los demás. Un acto liberador para quienes en la desolación deben admitir, a la fuerza, que la vida sigue.

Lo que es para discutir es cuál es el sentido de que con pruebas sólidas aseguradas legalmente, una investigación encaminada y sus encargados dando respuesta puntual a las inquietudes públicas, la movilización tenga como meta la casa del joven acusado. Cuando él no estaba allí, porque está preso.

Este es un fenómeno que trasciende la marcha del viernes a la que, como se vio, asistieron personas en carácter pacífico. Sin embargo la jueza del caso tuvo que asignar una custodia de 25 policías en la casa del imputado porque no podía dejar de prever desbordes. Que en una situación de tanta tensión pueden producirse.

Andrés Sosa, de 23 años, está imputado de homicidio. Sus familiares no. El está en perspectiva de responder por su presunto acto. Sus familiares ya tienen bastante con eso. Un discurso con algún arraigo sugerirá que el joven es producto de su crianza. Pero eso no tiene sentido ni efecto legal. Nadie está exento, además, de que algo así suceda con un hijo.

Los esquemas basados en antinomias impiden pensar las cosas. Encontrar cuestionable que la marcha desembocara en la casa de Andrés no supone ser incapaz de acompañar la aflicción de los seres cercanos a Gabi. La mayoría de los que caminaron el viernes —los padres de la chica, con un énfasis admirable— pusieron a un lado palabras de rencor o de violencia. Algunos hasta expresaron piedad hacia la madre de Andrés. Pero terminaron frente a la casa donde pudo estar la mujer lo que, a la luz de lo avanzado en la investigación, era evitable.

El significado. Hay momentos en que el reclamo parece extraviar su sentido. En el caso de María Soledad Morales, las marchas ponían en evidencia la complicidad del Estado catamarqueño con los criminales. Actualmente marchas y escraches se imponen aún cuando las instituciones funcionen. Se pide justicia aún cuando es evidente que hay acciones en curso para garantizar ese pedido.

Por la catástrofe del boliche Cromañón un gobernante fue destituido y un imputado que pasó en la cárcel la mayor parte del proceso será juzgado en unos días. Pero ahora, pese a esa respuesta institucional, un sector de allegados a las víctimas no quiere el juicio oral porque el tribunal, por prevención, ordenó instalar un blindex entre la sala de audiencias y el público. El enojo sobre un vidrio parece importar más que un juicio.

La retribución. Un espíritu de época sugiere que es el tiempo del triunfo de la revancha sectorial. Y que esta forma de reparación inmediata, alejada de los procedimientos colectivos que se da la sociedad para aplicar justicia, es aceptable aún cuando los órganos públicos estén actuando. Hace dos meses, en Rosario, un diputado que estaba en su casa con sus hijos sufrió un escrache de dirigentes rurales, en medio de una puja de intereses dirimida en un marco democrático. El método, que parece una anécdota, se impone incluso entre sectores acostumbrados al privilegio de tener respuestas rápidas de las instituciones.

Hubiera sido magnífica una marcha ante el colegio de Gabriela, o por las cuatro plazas que ella frecuentaba, o por los lugares queridos de su barrio. Gente serena y bienintencionada se congregó con el razonable fin de estar junta en el dolor. Reconocer eso no impide decir que terminar en la casa de Andrés no era necesario. De Andrés deben ocuparse las instituciones. Y lo están haciendo.