Por segunda vez en cuatro días el centro de la ciudad de Rafaela fue colmado por una multitud que reclamó justicia por la muerte de Gonzalo Glaría, un muchacho de 26 años que la mañana del 31 de diciembre persiguió con su moto a los ladrones que habían despojado de un celular a dos chicos, pero en un accidente chocó contra un auto estacionado, lo que al caer le ocasionó la muerte. La excarcelación de los dos imputados, que tienen 19 y 23 años, atizó el malestar de los manifestantes, que ayer exigieron esclarecimiento y castigo para ambos.
La concentración superó según medios de prensa de Rafaela el número alcanzado el jueves en la primera marcha donde se convocaron 5 mil vecinos, que en esa ocasión terminó en incidentes con roturas de vidrios en la sede de la Fiscalía Regional de la ciudad y con un escrache en la casa particular del gobernador Omar Perotti, en donde se arrojaron huevos y piedrazos, algo que fue motivo de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición (ver aparte).
Ayer en la protesta, que fue pacífica, los movilizados cuestionaron la decisión judicial. "Lamentamos lo que resolvió el juez que desacredita a las fiscales que hicieron un trabajo excelente y reunieron mucha prueba. Recibí la noticia con mucho dolor e impotencia como todos los rafaelinos que hoy están acá", dijo Gustavo Glaria, el padre de la víctima. Según medios de prensa que estuvieron en el lugar al momento en que la multitud llegó a la plaza 25 de mayo había allí 7 mil personas.
Los dos jóvenes imputados esperarán en libertad la continuidad del trámite penal porque el juez penal Osvaldo Carlos tuvo en cuenta que Glaría no resultó muerto por una acción deliberada de los dos ladrones a los que perseguía, sino como efecto de haber chocado en su propia moto contra un auto estacionado durante esa acción. Un día antes las fiscales del caso, Angela Capitanio y Gabriela Lema, habían imputado a los jóvenes por el delito de "homicidio en ocasión de robo".
Esa figura penal produce efectos encontrados entre una comunidad conmovida emocionalmente por el suceso y analistas jurídicos que la consideran desajustada, por el hecho de que no surge el elemento necesario para imputar un homicidio, que es la voluntad de ocasionar la muerte. Esto no se advierte en los acusados, más allá que uno de ellos, cuando el joven está caído en el piso, le asesta un puntapié en la cabeza, lo que queda captado por una imagen de video.
El hecho de que el juez Carlos haya otorgado la excarcelación bajo ciertas condiciones a los imputados impulsó ayer un análisis de los senadores Lisandro Enrico (Frente Progresista) y Alcides Calvo (PJ) quienes consideran iniciarle juicio político. Enrico valora que la situación previa en la que estuvieron implicados los acusados —el robo de un celular y dinero a dos jóvenes a los que habían convocado para venderles un teléfono— ya habría ameritado la prisión preventiva de los imputados. Algo que es motivo de debate porque se trató de un ilícito sin uso de armas.
En debate
La fuerte discusión que se dio ayer es sobre la figura escogida por las fiscales Angela Capitanio y Gabriela Lema contra los acusados de consumar el robo. Las funcionarias creen que el robo no había cesado cuando Glaria persiguió a los ladrones y que la muerte fue producto de un riesgo originado en un robo en transcurso.
Varios penalistas consultados por este diario rechazaron la idea de que se pueda encuadrar este caso como un homicidio dado que no se advierte en los imputados un aporte voluntario para causar la muerte de la víctima.
concentrados. La marcha de 7 mil vecinos en Rafaela no repitió los incidentes que tuvo la del jueves último.
Legislador pide que incorporen a 480 policías sin destino
El diputado provincial Juan Cruz Cándido (UCR-Frente Progresista) anunció que hará una presentación en la Legislatura para exigirle al gobernador Omar Perotti que firme el decreto que permitirá incorporar a 480 cadetes que se graduaron el pasado mes de octubre del Instituto de Seguridad Pública (ISeP).
El legislador dijo que el ex ministro Maximiliano Pullaro dio egreso a 480 agentes policiales pero que en ese momento Perotti le pidió a Miguel Lifschitz que no los incorporara para poder ser él quien les diera destino. Pero "a un mes de la asunción de la actual gestión esto no ocurrió y entendemos que es urgente que se haga por la situación que se vive", dijo.
Ayer dos senadores plantearon que analizan pedir juicio político al juez que excarceló a los dos imputados
