La multiplicación de pedidos de excarcelación de personas que están detenidas en cárceles provinciales, de los cuales más de 100 se tramitaron en Rosario en los últimos diez días, motivaron un pronunciamiento de los jueces. "Nos preocupa que haya una avalancha de pedidos que generan ilusiones en la población penitenciaria que difícilmente se van a ver compensadas. Se va a atender cada situación particular pero tiene que quedar claro que la ley no autoriza detenciones domiciliarias sin una razón médica fundamentada en el momento en que se pide. No se pueden esperar libertades a mansalva y, con certeza, no se van a disponer", dijo el presidente del Colegio de Magistrados Zona Sur de Santa Fe, Gustavo Salvador.
Los reclamos provienen de hábeas corpus con pedidos de libertades definitivas o atenuadas por presos que están expuestos por su condiciones de salud, o bien con solicitudes de prisión domiciliaria, para aquellos que pueden estar en condiciones de recibirla. El Servicio Público de Defensa Penal sólo, sin considerar abogados particulares, presentó en toda la provincia pedidos para sacar de sus lugares de confinamiento a 131 detenidos, de los cuales 90 son de Rosario. Si se suman en esta ciudad los reclamos de abogados particulares los recursos por presos de esta zona son 110.
"Nos preocupan dos aspectos del problema", dijo Salvador a este diario. "El primero es que estamos afrontando una enorme cantidad de reclamos con el 10 por ciento de la dotación de personal habitual a raíz de la cuarentena. Con el personal normal se atiende el 10 por ciento de los pedidos que tenemos hoy", sostuvo.
El otro aspecto que generó discordia entre los magistrados es lo que se toma como la formación de una expectativa general que luego puede ser desairada y provocar así situaciones de mayor tensión en las cárceles que ya vienen de una semana con graves estallidos, luego de los alzamientos, con cinco muertos, en Las Flores y Coronda.
"Entendemos que el Servicio de Defensa Penal tiene que velar por los derechos de la población penitenciaria, eso es legítimo. Pero nos preocupa la forma que han tomado algunos planteos generales. Alentar a los internos a tener expectativas genera situaciones de ansiedad. La realidad de cada interno se aborda individualmente, en base a una situación concreta de perjuicio, o según esté en condiciones objetivas de acceder a un beneficio de salida", sostuvo Salvador, integrante de la Cámara Penal de Rosario.
Otros jueces señalaron a este diario que los funcionarios públicos deben manejarse con cuidado en sus planteos. La inquietud pasa por que se sugiera que al existir una emergencia sanitaria durante una pandemia, frente a la posibilidad de contagio los detenidos en cárceles deban ir a prisión domiciliaria cuando tal cosa no está contemplada por la ley. "La Judicatura tiene que resolver cada caso particular. Es algo que trasciende Santa Fe. Se va a hacer un abordaje particular de cada una de las peticiones, donde juez por juez analizarán casos concretos. Pero tiene que existir frente a los casos vinculados con la situación de pandemia gravamen real o inminente. Hoy no hay casos de coronavirus en las penitenciarías. Si se llegan a dar cambia la situación objetiva. Pero mientras esto no suceda es responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar las condiciones de higiene y salubridad que ordena la ley. Ya advertimos que la Secretaría de Justicia indica que se están armando espacios de aislamiento para internos en riesgo. Pero lo que se debe saber es que el Poder Judicial no resolverá irracionalmente planteos de estas características. Se actuará con racionalidad".
El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, descartó que desde el Ejecutivo se evalúe la liberación masiva de detenidos de cárceles de la provincia. "El gobierno no está pensando en medidas que puedan flexibilizar la situación procesal y de privación de libertad de los internos, al contrario, la decisión es extremar las medidas de profilaxis y el control de la seguridad y salud de los mismos", sostuvo.