La situación en las cárceles santafesinas, cinco días después de los trágicos alzamientos que tuvieron como epicentro los penales de Coronda y Las Flores entre lunes y martes cobrándose la vida de cinco internos, parecía estar ayer en "una tensa calma" según autoridades del gobierno provincial. No obstante, dijeron, se reforzaron las guardias en cada uno de los sectores intramuros y se implementaron medidas de higiene para el personal penitenciario y los reclusos a la espera del tercer fin de semana consecutivo en el cual no acudirán las visitas, medida dispuesta por la provincia para evitar reuniones masivas y la posible propagación del coronavirus en lugares que de por sí carecen de las normas básicas edilicias y de salubridad para combatir el Covid-19.
En ese sentido, distintos organismos ligados a la vida intracarcelaria se hicieron eco de lo ocurrido en la provincia y dieron a conocer comunicados en los que se plantean recomendaciones y se exigen medidas urgentes para frenar a tiempo un posible ingreso la pandemia dentro de las cárceles.
"Los motines que se produjeron en las cárceles de nuestra provincia por el reclamo de los internos sobre la aplicación de las medidas y recursos para prevenir la pandemia de coronavirus, en medio de las condiciones de hacinamiento en las que conviven, ha puesto sobre la mesa que no se trata solo de la discusión sobre un protocolo sanitario sino que está en juego la integridad física de las personas a raíz de problemas mucho más serios que son las condiciones carcelarias en nuestra país y en nuestra provincia", indicó la legisladora santafesina Matilde Bruera, abogada penalista, docente y ex defensora pública.
Tras poner de manifiesto que "hechos similares ocurrieron en otros lares y también con dolorosos saldos de muertes, como en cárceles de Brasil, Colombia y en el viejo continente, fundamentalmente en cárceles italianas de Milán, Turín, Verona y Módena"; Bruera remarcó que "el estado calamitoso de las prisiones no es un fenómeno novedoso, pero no puede negarse que en los últimos años la exaltación del punitivismo penal, el uso arbitrario de la prisión preventiva y la reforma de la Ley de Ejecución Penal ha limitado las salidas anticipadas que son parte del proceso de resocialización y, entre otras cosas, han hecho explotar la capacidad de alojamiento de la mayoría de las cárceles argentinas agravando todos los problemas preexistentes".
En ese mismo sentido, la diputada recordó que el año pasado el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal presentó un documento en el que expone el problema de la sobrepoblación de los penales santafesinos, fundamentalmente a partir del año 2015, cuando empezó a crecer exponencialmente la cantidad de presos alojados. Y hace referencia a la cantidad de internos sin condena firme, que en 2018 alcanzaba el 43 por ciento del total de personas recluidas.
"La situación en las prisiones no favorece la salud de los presos y presas que constituyen una población de especial vulnerabilidad por los problemas de hacinamiento señalados, por las deficientes estructuras sanitarias, por la insuficiente alimentación y por las condiciones de vida en el encierro, contexto que también alcanza a los empleados del Servicio Penitenciario", agrega.
No alcanza con la higiene
"Los artículos de higiene y el cumplimento del protocolo sanitario son fundamentales, pero es necesario abordar seriamente soluciones vinculadas a las condiciones de alojamiento que agravan el cumplimiento de las penas y tornan imposible la prevención de la pandemia en los penales", dice la legisladora. "Parece ridículo concientizar, entregar elementos de higiene y mantener la distancia entre personas si luego las mismas conviven amontonadas en celdas diminutas", sostiene Bruera.
"No hay prevención del Covid-19 sin reducción de la población carcelaria", sostiene la legisladora. Y remarca que "hay soluciones que se pueden ir implementando como identificar a las personas que tienen una salud o edad que resulte más riesgosa para la pandemia a quienes los jueces deberán otorgarles las prisiones domiciliarias para que puedan cumplir las normas de aislamiento y prevención para evitar el contagio". Pero también, remarca, "hay que reducir la prisionización a situaciones estrictamente necesarias, o sea cuando hay condena o si se justifica excepcionalmente una medida cautelar. El sólo hecho de cumplir con las normas constitucionales y convencionales reduce sensiblemente la cantidad de personas hacinadas ilegalmente en las cárceles de las provincias".
Finalmente, la diputada provincial sostiene que "la salud es colectiva, por lo tanto los problemas de las prisiones no son ajenos al mantenimiento de la salud pública en general y si se expande la epidemia dentro de las prisiones, el virus se expanderá en la sociedad y abarcará la estructura sanitaria de la provincia".
Desde la Universidad
Por su parte, la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro que integran programas y proyectos de distintas universidades del país, coincide en un documento dado a conocer en las últimas horas con el análisis hecho por Bruera en cuanto "a una situación generalizada y cada vez más grave de hacinamiento, superpoblación y deficiencias importantes en el acceso a derechos como la alimentación, la higiene y la salud para garantizar las condiciones que eviten el contagio del Covid-19"; y recomienda medidas para evitar la propagación del virus en los penales.
Las recomendaciones apuntan a:
• Impulsar medidas judiciales y procedimientos ejecutivos para la reducción de la superpoblación y el hacinamiento a través de mecanismos que permitan a las poblaciones de riesgo y a quienes ya acceden a salidas transitorias o regímenes de semilibertad transitar la emergencia fuera de las cárceles. Aplicar a su vez otros tipos de medidas que atenúen la prisionización y reduzcan la superpoblación y el hacinamiento, limitando las prisiones preventivas y dando libertades anticipadas en casos de delitos no violentos.
• Garantizar rápidamente las condiciones de prevención del Covid-19 en los penales, en favor tanto de los detenidos como del personal penitenciario. En tal sentido, debe garantizarse la provisión de insumos sanitarios de prevención, de higiene y de limpieza, y controlar que efectivamente lleguen a quienes están destinados, y aplicar protocolos de ingreso y circulación interna.
• Prestar especial atención al abordaje integral de la salud de los detenidos siguiendo las recomendaciones de profesionales del campo de la medicina y la salud mental sobre las medidas a adoptar para situaciones de confinamiento masivo. Deben recibir especial atención aquellas personas que son calificadas como población de riesgo (mujeres embarazadas, pacientes inmuno deprimidos, mayores de 60 años y con patologías preexistentes), sobre todo teniendo en cuenta que son las propias condiciones de encierro las que provocan o intensifican enfermedades (HIV y tuberculosis) y afectan la salud mental de los presos.
• Proveer de alimentos adecuados e insumos para la higiene personal y la limpieza de los espacios por parte de los servicios penitenciarios y arbitrar los medios para que los familiares acerquen mercadería atendiendo al cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio como la asignación de turnos, evitar las filas largas y disponer de todos los instrumentos de salubridad para el contacto personal. En tal sentido considerar los medios y permisos de circulación necesarios a través de las instituciones correspondientes para que los familiares puedan llegar a las unidades penales.
• Propiciar los canales de comunicación telefónicos y virtuales de los detenidos con sus familiares y círculo afectivo de manera de contribuir a mantener el contacto en esta situación excepcional de emergencia sanitaria y aislamiento social.