La semana pasada dos fiscales federales cuestionaron con dureza al juez federal Marcelo Bailaque al que le enrostraban generar demoras que imposibilitan un avance eficiente en la persecución al narcotráfico. Los fiscales Juan Murray y Federico Reynares Solari habían decidido vincular causas donde aparecen nombres e ilícitos comunes y solicitaron varias medidas al juez. Bailaque les respondió que la acumulación de expedientes es una atribución que le corresponde al juez lo que generó la reacción de los dos funcionarios: le replicaron que la constante fragmentación de causas garantiza la impunidad y que no parecía entender la dimensión crítica del fenómeno del tráfico de drogas en Rosario.
Bailaque dice que los fiscales están, en el mejor de los casos, en un error. "No demoro, no niego ni entorpezco accionar de esa manera cuando valoro que la conexión de causas tiene sustento y es razonable. Pero desde siempre el que tiene la facultad para disponer la acumulación de causas es el juez. Cuando un fiscal ve que hay motivos para hacer eso se lo plantean al juez. Siempre ha sido así. No es un capricho sino que lo dice el Código Procesal", dijo.
—Pero ellos replican que son un órgano autónomo para elegir su estrategia de persecución más allá de lo que dice un Código vetusto.
—El Código no puede servir para algunas cosas sí y para otras no. Es la primera vez que se plantea algo así. En este caso particular no dije que no correspondía la acumulación que proponían los fiscales. Dije simplemente que no la pueden decidir ellos. He resuelto muchas acumulaciones en causas por delitos de lesa humanidad. Si el caso lo justifica se acumula. Dos fiscales de primera línea en causas de Derechos Humanos, como (Pablo) Parenti y (Jorge) Auad, vinieron a exponerme los motivos para acumular una serie de causas en la materia, cosa a lo que accedí. No pretendo que me pidan audiencia como si yo fuera un juez que atiende desde las alturas. Nunca rechazo entrevistarme con un fiscal o un defensor. Me sorprende esta conducta de salir por los medios de prensa en vez de venir a hablar. Cuando el fondo, que es lo que importa, no está en discusión.
—Lo que los fiscales dicen es que estos comportamientos son dilatorios y que eso favorece a las organizaciones criminales.
—Eso para mi es una mirada errónea. Cuando se pide una acumulación si el planteo es bien fundado la respuesta demora dos días o tres a lo sumo. Jamás se demoran los requerimientos pero el juez tiene que analizar su pertinencia. En la causa por narcotráfico del prófugo Ignacio Actis Caporale, que trabajó la policía de Seguridad Aeroportuaria, todas las medidas de la fiscalía fueron aceptadas de manera inmediata en relación al plazo solicitado. El tema de acumulación procesal es burocrático, es cierto, pero también hay que evaluar que se respeten a derechos y garantías.
—Otro reproche es que se niegan decisiones autónomas de persecución a la fiscalía mientras todos los pedidos de investigación caen en ellas aún cuando tienen menos personal que los juzgados.
—Que hay una delegación a los fiscales que mi juzgado ejerce es cierto. Eso está regulado procesalmente. Pero además por mi ideología penal estoy a favor del sistema acusatorio donde investigan los fiscales. Seguro que se dirá que esto es optar por lo más fácil para el juez. No tenemos un sistema acusatorio puro en la Justicia Federal pero los jueces seguimos siendo el límite: los fiscales pueden hacer algunas cosas por sí mismos y en otras deben contar con aval del juez. No puede interpretarse que decir no, las veces que pasa, es una traba maliciosa a la investigación.
—Pero no discuten la potestad del juez sobre cuestiones que limiten derechos y garantías. Lo que dicen es que hay una tradición de trabajar en forma fragmentaria causas que ligan a los mismos actores en delitos graves. Y que eso frustra la persecución.
—Nosotros no impedimos avanzar a nadie. Nadie mejor que los fiscales que investigan para decir cuándo corresponde conectar causas. Pero deben plantear el tema al juez. Los fiscales tienen comunicación entre sí porque el Ministerio Público tienen un jefe. El jefe de los fiscales en Rosario puede reunir a todos sus funcionarios y pedir actuar en determinado sentido. Los jueces no funcionan así. Pero el jefe de los fiscales puede conectar, por ejemplo, casos de domicilios investigados por distintas fuerzas de seguridad por los mismos motivos. Los jueces no tenemos ese sistema de conexión de información.
—¿No es pertinente entonces que la fiscalía disponga con autonomía la acumulación de casos?
—Con el Código que tenemos yo no estoy de acuerdo. Pero hay que interpretarlo de manera flexible para favorecer un principio acusatorio. Los jueces seguimos teniendo un rol procesal: primero de límite y luego de árbitro. Tenemos que escuchar a dos partes: el que acusa pero también al que defiende.
—Frente a una coyuntura que exige investigar de manera coordinada expedientes con actores y delitos comunes, ¿no será ese un criterio demasiado reglamentarista?
—Yo no lo veo así. En todas las jurisdicciones del país los fiscales requieren el visto del juez para vincular expedientes. Mire: yo vivo en Rosario con mi familia, estoy en la calle y me preocupan las cosas que pasan. No estoy fuera de la comunidad. Y no demoro, no niego ni entorpezco accionar de esa manera cuando valoro que la conexión de causas es razonable.
—¿Por qué es tan complicado investigar de manera coordinada entre Justicia Federal y provincial casos claros de narcotráfico?
—No podría responder por qué ya que no tengo estudios de campo para afirmar cosas. Puedo decir que me parece que debe entrar en vigencia el sistema acusatorio en la provincia. Eso va a permitir que el vértice del Ministerio Público, que es un órgano vertical, puede dar instrucciones. Y que pueda haber una política coordinada entre los jefes de fiscales de la provincia con los de la Nación sobre cuál es la prioridad investigativa.
—¿No se puede avanzar ya? Recuerdo por dar un ejemplo el secuestro de vehículos a grupos a los que se atribuye comercializar drogas a raíz del atentado a un micro de hinchas de Newell's en 2010. El inventario de los bienes incautados se giró para que fueran investigados al ámbito federal sin novedad. ¿Por qué pasa eso?
—No quiero entrar en una polémica. Pero esa causa que menciona quedó en manos del Ministerio Público. Lo que quiero marcar es que si hubiera un apoyo, como ocurrirá ahora por orden de la procuradora general de la Nación (Alejandra Gils Carbó), a fin de formar una unidad especial de fiscales federales para investigar delitos económicos y narcotráfico, será beneficioso. Si se percibe una mayor violencia en Rosario en delitos como tráfico de estupefacientes eso merece una atención especial de las autoridades para reforzar el sistema de enjuiciamiento todo. Fiscalías, juzgados y fuerzas de seguridad que intervienen para perseguir este delito.