La Justicia de San Isidro rechazó conceder salidas transitorias de prisión al rosarino Esteban Lindor Alvarado, detenido hace casi cuatro años en una cárcel bonaerense como jefe de una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama para su posterior desguace en esta ciudad. El hombre ya aceptó haber cometido los delitos imputados. Fue en un juicio abreviado celebrado hace un año y medio, pero los jueces avalaron el consejo del fiscal, quien había considerado incumplido el requisito temporal de encierro para permitir el egreso, además de entender que es peligroso que vuelva a la calle.
La novedad llega en un momento en que el gobierno provincial sigue con preocupación ese trámite judicial y el futuro del imputado. Diversas actividades de inteligencia realizadas por organismos propios hacen pensar al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, según fuentes de esa cartera, que ciertos grupos ligados actualmente a la comisión de delitos variados en Rosario están ligados directamente con Alvarado.
Pocos antecedentes. La historia de Alvarado, un hombre que tuvo domicilio en inmediaciones de Tarragona al 800 y Cochabamba al 6500, en la zona oeste de Rosario, interesa al gobierno provincial por una cualidad escurridiza del nombrado. Durante años su nombre era conocido al dedillo por todas las fuerzas de seguridad de la ciudad, que lo señalaban como un delincuente sagaz e influyente, aunque prácticamente carecía de registro documentado.
Esa historia oculta salió a la superficie cuando la Justicia ordinaria de San Isidro, investigando una banda dedicada al robo a mano armada de autos costosos en esa zona del conurbano norte bonaerense, descubrieron que los vehículos eran trasladados a Rosario y se ocultaban en diversos galpones gerenciados por Alvarado.
El fiscal Patricio Ferrari ordenó la captura de Alvarado luego de catalogarlo como jefe de esa asociación ilícita. Su detención se concretó en agosto de 2012 cuando varias brigadas de Gendarmería Nacional lo apresaron en su casa de Rosario. En la investigación, Ferrari detectó que Alvarado había construido una red de complicidades con distintas reparticiones de la policía rosarina para asegurarse impunidad en su accionar.
Decidió que mandar a ubicarlo con policías de la Unidad Regional II sería garantizarle la escapatoria y por eso lo hizo con una fuerza federal. Tras el arresto, Ferrari acudió personalmente a los Tribunales de Rosario. Se entrevistó con los fiscales Marcelo Vienna y María Eugenia Iribarren para entregarles más de 100 CD's de escuchas que, a su criterio, eran una evidencia poderosa de dos cosas: que Alvarado estaba implicado en delitos de comercialización de estupefacientes, y que tenía a buena parte de la policía local comprada. Ese material de audio fue enviado a la Justicia Federal de Rosario.
El acuerdo.PUNCTUATION_SPACEHace 18 meses el defensor de Alvarado llegó a un acuerdo con Ferrari para pactar una pena de 7 años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita. Ese trámite no está cerrado: desde entonces espera ser homologado por el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San Isidro, cuyos miembros explican la demora en la dificultad que ofrece un trámite que tiene delitos muy variados con muchos implicados (ver aparte). Pero sus tres integrantes acaban de rechazar el pedido de prisión domiciliaria.
El fiscal se había opuesto a la salida porque alega que, además de que la sentencia en juicio no está firme, Alvarado no cumplió la mitad de la condena que le permitiría el beneficio. Esto porque el fiscal solamente aceptará el abreviado si a los 7 años de condena por asociación ilícita se suman los 3 años de prisión en suspenso que el juez de Sentencia Carlos Carbone le impuso en Rosario por robar un auto en Cochabamba al 800. Es decir que la pena unificada es de 10 años y la mitad requerida para obtener salidas, 5 años, no está cumplida.
Empresa criminal. Pero no se trata sólo del cómputo. Ferrari dice que existen peligros procesales objetivos en permitirle la salida. Sostiene que Alvarado es jefe de una empresa criminal integrada al menos por nueve personas que se dedican a delitos indeterminados. Reiteró argumentos del juez de Garantías Diego Martínez, quien al mantenerle la prisión preventiva sostuvo que Alvarado tenía elementos muy potentes para mantenerse oculto: gran capacidad y disponibilidad económica inmediata, por un lado, y amparo policial, por otro.
Ferrari apuntó además que, tras ser condenado en Rosario, Alvarado fue excarcelado y cometió los delitos que se le atribuyen a la asociación ilícita, con lo cual hay razones fundadas para presumir peligro procesal. Cuando se confirmó la prisión preventiva de Alvarado, el Tribunal Oral Criminal enfatizó que "se le imputó ser jefe de una empresa criminal, se logró advertir una acaudalada disponibilidad económica de parte del nombrado que le permitiría convertirse en prófugo de manera inmediata, sumado al amparo de las fuerzas de seguridad y eventualmente, de ser ciertos sus propios dichos, de la agencia de inteligencia del Estado, situaciones que son objetos de investigación en otras jurisidicciones".
Esto último alude a que por la protección que se le suponía en Rosario merced al contenido de las escuchas, tuvo efectos en dependencias policiales en Rosario: el 5 de noviembre de 2012 fueron inspeccionados la sede del Comando Radioeléctrico, el cuartel de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y las comisarías 12ª de barrio Ludueña, 14ª de barrio Belgrano y 17ª de Fisherton por orden del entonces juez de instrucción Alejandro Negroni.
Arreglos y tareas. Un funcionario judicial explicó entonces a este diario el motivo de la medida. "Surge a partir de la investigación de Ferrari que Alvarado tendría un tipo de arreglo con la sección Sustracción de Automotores. El acuerdo pasaría por no ser molestado en su actividad siempre que los autos que cortaba no fueran robados en Rosario. El asunto sería no afectar localmente la estadística de robo de automóviles. La consigna: «trabajá acá, pero roba allá»".
Ferrari, a cargo de toda el Area Ejecutiva de Investigaciones Criminales del la Oficina Fiscal del Distrito San Isidro, describió el accionar de la banda. Dijo que en concreto Alvarado encargaba distintos vehículos a la banda que comandaba. Y ésta se encargaba, luego de los robos, de tres variantes. Una era desguazar y vender los autos en forma ilegal. Otra era conformar un vehículo mellizo tras suprimir y aduletar los números de chasis y motor genuinos. La última era conformar un vehículo de repuesto tras receptar otro siniestrado y rearmar la unidad con la totalidad de las piezas de otro vehículo de idénticas características previamente robados y modificando los stickers de seguridad.
Para esto último trasladaban los autos a Rosario a "galpones de la gavilla" y "contaban con información útil de diversas fuentes que les permitía simplificar las numeraciones registrales", a la vez que poseían "insumos tecnológicos apropiados a los efectos delictivos que tenían". Por ello se puede vislumbrar "un elevado desprecio por los bienes jurídicos y peligro de fuga", dijo el Tribunal para negarle las salidas, a la vez que remarcó "las facilidades del nombrado para mantenerse oculto: gran disponibilidad económica inmediata y amparo policial" en la provincia de Santa Fe donde, señala el texto, tiene domicilio.
Si el juicio abreviado se homologa en los términos que pretende el fiscal, la salida de Alvarado, que es lo que preocupa a las autoridades de Seguridad de la provincia, será una cuestión de un breve añadido de tiempo. Estaría en condiciones de egresar de prisión, en ese caso, en agosto del año próximo.
