Un joven agente policial que prestaba su primer servicio de guardia en la pequeña localidad de Miguel Torres, ubicada en el departamento General López y a unos 180 kilómetros al sudoeste de Rosario, fue asesinado de manera brutal en una ruta que une ese distrito y Bombal y mientras se encontraba arriba de la pickup oficial de la comisaría del pueblo.
Leandro Delgado tenía 27 años, era oriundo de la ciudad de Vera y su último destino había sido la subcomisaría de la localidad de Chovet. Allí había pedido traslado a otra dependencia por motivos que no están muy claros y la noche del jueves fue su primera y última guardia en el pueblo de Miguel Torres, a sólo 15 kilómetros de Chovet. El caso está siendo investigado por el fiscal Matías Merlo y la principal hipótesis es la de un "homicidio presuntamente pasional". La cuestión ahora es dilucidar los motivos ya que, según fuentes judiciales, "sobran hipótesis pero faltan certezas".
Desarmado. El joven había salido de la subcomisaría de Miguel Torres alrededor de las 4 de la mañana del viernes, según quedó registrado de forma poco nítida en una cámara de seguridad del pueblo. Tras ello hay testigos que lo vieron hablando con una persona aún no identificada y se desconoce si esa misma persona es la que lo acompañó en la camioneta Volkswagen Amarok de la fuerza. Lo llamativo, es que el agente salió de la repartición en el vehículo oficial pero sin su celular y su arma reglamentaria.
Lo cierto es que a primera hora de la mañana de ayer un camionero dio aviso sobre la presencia del móvil policial estacionado sobre en la banquina de la ruta 14, a 3 kilómetros del casco urbano de Miguel Torres. Dentro del vehículo estaba el cuerpo sin vida del efectivo que un día antes había llegado para prestar servicios en la subcomisaría del pueblo.
El joven tenía una puñalada letal a la altura del cuello y diversas marcas de armas blanca en ambos brazos, algunas de las cuales serían defensivas. "Tenía puñaladas en los dos brazos y las manos, lo que demuestra que el policía se defendió de la agresión", dijo una fuente de la investigación.
En la fiscalía que lleva adelante la pesquisa sostienen que la muerte se pudo haber producido entre la 0 y las 6 del viernes, unas horas antes de que el camionero diera aviso a la policía que en el móvil policial se encontraba el cuerpo sin vida de Delgado.
Lo curioso del caso es que generalmente, ante un llamado policial por un delito, nunca un policía sale solo para cubrir la emergencia y mucho menos sin celular y arma reglamentaria. Lo hacen con otros colegas y dan aviso a la sede policial, ya sea de Miguel Torres o de la propia Unidad Regional VIII, con asiento en Melincué.
Misterio. Miguel Torres es un pequeña localidad del sur santafesino, en el departamento General López, de alrededor de 500 habitantes. Obviamente los efectivos policiales son pocos, cuatro más el subcomisario. Delgado había salido solo la madrugada de ayer y se desconoce si fue por un pedido de auxilio o si lo hizo por sus propios medios ya que estaba solo él cubriendo la guardia.
Otro dato curioso es que a pocos kilómetros del pueblo fue asesinado, con lo que también se investiga si el victimario fue en el mismo vehículo policial hasta el lugar de la tragedia. Una de las pistas es que se trataría de un crimen pasional, pero todo está sujeto a la investigación que lleva adelante el fiscal Matías Merlo.
Delgado había tenido paso por otros lugares pequeños del sur santafesino. Había estado en La Chispa, localidad de 500 habitantes; y antes de pedir el traslado a Miguel Torres "porque tenía un amigo" se desempeñó en la subcomisaria de Chovet durante un año. Allí se lo recuerda como una persona de perfil bajo y humilde, ajeno a cualquier situación improcedente.
Es ley el Programa de Protección a Testigos
El Senado provincial aprobó el jueves y convirtió en ley el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Víctimas y Testigos, con lo cual se reforzó el sistema procesal penal en materia de seguridad para aquellos partícipes de un litigio penal.
Se trata de un programa que da la posibilidad a cualquier persona que participe de una causa judicial (ya sea querellante, testigo o funcionario judicial), de solicitar la asignación de protección en caso de verse amenazada o en peligro. El programa, además, arrastra un fondo provincial de recompensas fijado en el 0,45 por ciento anual del presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El programa, que tendrá sede en el Ministerio de Justicia santafesino, contará con un director y dos subdirectores, uno enfocado en la protección de las víctimas y el otro para la asistencia de las mismas; y prevé crear la Unidad Especial de Acompañamiento y Protección facultada para intervenir.
El apoyo al proyecto del diputado del Frente para la Victoria, Leandro Busatto, que se fusionó con uno propuesto por su par radical Hugo Marcucci, no sólo fue de los legisladores sino también tuvo el respaldo del ministro de Justicia provincial, Juan Lewis, y del presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, quien dijo que "es fundamental contener a las víctimas".
El proyecto habíai sido aprobado por Diputados el 1º de octubre luego de intensas negociaciones de las que formaron parte las autoridades de ambas Cámaras, el Ministerio Público de la Acusación y el gobierno provincial.
Demorado y postergado desde 2009, el último año de la actual composición de la Legislatura fue el escenario para que se llegue a un acuerdo reclamado reiteradamente por los fiscales del nuevo sistema procesal penal, quienes están en contacto directo con víctimas y testigos.
Tras la aprobación, el vicegobernador Jorge Henn dijo que la norma contó "con la participación de todos los poderes del Estado y significa completar lo que le faltaba al nuevo sistema procesal penal. Frente al delito, el silencio es impunidad. Y tiene mucho que ver con la sensación de violencia, de impotencia que genera —además del delito— el que no haya denuncia, el que no haya testigos que colaboren con la Justicia", agregó.
Por Alicia Salinas
Por Matías Petisce
Por Florencia O’Keeffe