Policiales

Mandan a juicio a ocho policías por una extorsión en un peaje

Ocho policías procesados en enero pasado por una serie de delitos contra dos turistas que llegaban a Rosario quedaron más complicados tras la revisión de la causa por la Cámara de Apelaciones. Este tribunal apuntó en especial... 

Miércoles 09 de Abril de 2008

Ocho policías procesados en enero pasado por una serie de delitos contra dos turistas que llegaban a Rosario quedaron más complicados tras la revisión de la causa por la Cámara de Apelaciones. Este tribunal apuntó en especial a cuatro de ellos como responsables principales de esos ilícitos. Estaban procesados por privación ilegítima de la libertad. Ahora también lo están por extorsión.

A los otros cuatro policías que estaban de guardia aquel día en el peaje de General Lagos también les confirmaron los procesamientos dictados por la jueza de Instrucción Raquel Cosgaya. No los consideraron, sin embargo, partícipes de la privación de la libertad. Sólo les imputan el cargo de extorsión.

Por la gravedad de la acusación, los ocho esperarán el juicio en prisión. Solamente la extorsión tiene un umbral mínimo de pena de cinco años. No es, por tanto, excarcelable.

Los jefes de la sección donde revistaban estos policías, la Patrulla de Caminos, fueron desvinculados. Los camaristas Atilio Pangia, Eduardo Sorrentino, y Ramón Ríos consideraron que son ajenos al delito investigado, que el ilícito se concretó a sus espaldas y que ni siquiera estaban en el lugar del hecho. Por eso, tras permanecer más de 70 días detenidos, ayer recuperaron su libertad.

Escándalo y amenazas. El fallo suscripto ayer por la Sala I de la Cámara Penal envía a juicio a los ocho policías implicados en un hecho escandaloso. Ocurrió el viernes 11 de enero cuando Santiago Mercatante, de 32 años, y su primo Juan Balmon López, residente en Palma de Mallorca de 31, llegaban desde San Antonio de Padua, en el conurbano bonaerense.

El VW Gol en el que iban fue interceptado en un control de rutina en el peaje. Allí, según la denuncia de los turistas, los policías les exigieron dinero, les robaron pertenencia, les plantaron psicotrópicos para acusarlos de tenencia de drogas y obligaron al ciudadano español a pedir plata a sus familiares en el exterior. Por último, los acompañaron hasta una oficina de Western Union en San Martín al 3500 para cobrar un giro de 800 euros. Tras pasearlos en su propio auto escoltados por una patrulla los dejaron libres. Todo la secuencia duró tres horas.

Balmon López se asesoró en el consulado español de Rosario antes de denunciar el caso en la Justicia. Esto desató una batería de intimidaciones que inquietó al gobierno provincial. Primero recibió amenazas telefónicas Gerardo Hernández, canciller de la representación española. Luego ocurrió lo mismo con un perito de la Sección Informática de la Unidad Regional II que investigaba la llamada del diplomático.

Los actores. Los policías Eduardo Víctor Alvarez, Daniel Eduardo Rolón, Luis Alberto Sciortino y Leonardo Enrique José Rodríguez son los que quedaron más comprometidos. Según los camaristas, fueron ellos quienes pasearon a los turistas, los chantajearon y los intimidaron de tal modo que debieron pedir un giro postal para zafar del asedio.

Los camaristas consideran que fueron ellos quienes hicieron que los turistas bajaran de su VW Gol, los asustaron con dejarlos detenidos, tomaron 900 pesos que entre ambos viajeros juntaron, les advirtieron que un abogado les cobraría 10 mil pesos por asistirlos frente a una acusación de tener drogas, les requirieron más dinero y los escoltaron a la oficina telepostal para cobrar el giro. Según el fallo, para asegurarse el cobro del dinero Rodríguez y Sciortino entraron y se hicieron llevar en el auto de Mercatante y su primo, mientras que Alvarez y Rolón los seguían en el vehículo de la Patrulla de Caminos.

Dejar hacer. Los otro cuatro policías que estaban de guardia también fueron procesados con fundamento. Se trata de Rubén Daniel M., Hugo Ramón L., Cesar Antonio V. y Ramón L.C. Según los camaristas estos empleados estuvieron al momento inicial de la entrega de los 900 pesos y nada informaron al respecto. Además, dice el fallo, encubrieron con una conducta omisiva la privación ilegítima de la libertad que sufrieron los automovilistas. Ese dejar actuar a los camaradas que cometieron los delitos más graves fue un procedimiento doloso.

Los dos jefes de la Patrulla Urbana quedaron desprocesados y a un paso del sobreseimiento definitivo del caso. Anselmo D’Amelio, representado por el abogado Marcos Cella, y Roberto Villagrán, defendido por Germán Mahieu y Froilán Ravena, no tienen culpa porque ambos estaban en su despacho y no en el puesto caminero donde se originó el delito. Pese a que tenían responsabilidad sobre el personal cuestionado nada permite inferir que conocieran lo que estaba ocurriendo.

Ocurrió en enero en General Lagos. Los dos jefes de la Patrulla de Caminos fueron desvinculados

Hernán Lascano

La Capital

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