La Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar) y una fiscalía federal de Rosario requirieron que Esteban Lindor Alvarado vaya a juicio acusado de haber organizado, en 2017, el traslado de casi 500 kilos de marihuana de Rosario a la provincia de Río Negro. Por aquella maniobra, frustrada cuando el camión que llevaba la carga fue interceptado en un control vial, fueron condenados cuatro rosarinos ligados a su entorno personal y empresarial. En caso de ser hallado culpable, la pena contemplada por ese delito es de ocho a veinte años de cárcel.
Ayer se conoció el pedido de los fiscales Javier Arzubi Calvo —en reemplazo del fiscal de Rosario Guillermo Lega— y el titular de la Procunar Diego Iglesias para elevar a juicio la investigación que pone bajo la lupa a Alvarado y el entramado de empresas mediante el cual se presume que hacía traslados de droga como el interceptado en Río Negro. La causa, originada en 2015 por presunto lavado de activos de la organización que comandara el empresario asesinado en 2013 Luis Medina, se reactivó en 2018 cuando una denuncia anónima vinculó a Alvarado con uno de los condenados en Río Negro.
Los fiscales aclararon que, más allá de elevar a juicio lo relacionado con ese cargamento, continuará la investigación en lo relacionado con el lavado de activos.
Acusaciones variadas
Esta causa, en la cual el juez Marcelo Bailaque lo procesó en diciembre pasado —resolución confirmada por la Cámara de Apelaciones el pasado 9 de marzo— es la primera acusación contra Alvarado por narcotráfico en el ámbito de la Justicia federal. En tanto, lleva más de un año con prisión preventiva en Piñero imputado por fiscales provinciales de haber instigado el crimen del prestamista Lucio Maldonado, idear intimidaciones a tiros contra el Poder Judicial y liderar una asociación ilícita consistente en una trama de empresas destinadas a desarrollar sus actividades delictivas por la que hay más de 30 imputados, entre ellos testaferros y policías acusados de protegerlo.
En un camión
El caso que puede poner a Alvarado en el banquillo frente a un tribunal federal se originó el 24 de noviembre de 2017 cuando la policía de Río Negro interceptó un camión con destino a Cinco Saltos. Al requisar el vehículo se hallaron más de 300 paquetes de marihuana que pesaron casi 494 kilos. A raíz del operativo quedaron detenidos los dos ocupantes del camión, Jesús José Rodríguez y Marcos Esteban Rodríguez, así como José Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni, que iban en un auto con la misión de despejar el camino.
Los cuatro rosarinos, sentenciados en mayo del año pasado, fueron defendidos por el abogado de Alvarado, Claudio Tavella. Pero ese dato cobró más relevancia a partir de una denuncia de abril de 2018 cuando un testigo de identidad reservado vinculó a Ianni con Alvarado.
Entonces la Procunar conectó esa información con una causa iniciada en 2015 sobre lavado de dinero en el entorno de Medina, expediente en el que aparecían mencionados tanto Alvarado como su esposa Rosa Capuano y otras personas que también terminarían imputadas el año pasado como miembros de la asociación ilícita que investiga la Justicia santafesina.
Relaciones
Para los fiscales Iglesias y Arzubi Calvo el papel de Alvarado como organizador de ese cargamento de droga se demuestra mediante el entramado de empresas y relaciones. El camión pertenecía a Toia SRL y el semirremolque estaba a nombre de Roberto Peralta, ex chofer de Logística Santino y registrado como empleado de Jorge Benegas, imputado como presunto operador comercial de Alvarado. "La forma en que estaba distribuida la droga, oculta en diferentes lugares del camión y del acoplado, impone afirmar que la maniobra fue organizada con antelación, con la intervención de quien tenía el señorío sobre los rodados", dicen los fiscales, que descartan que se haya tratado de una maniobra de un empleado infiel.
Además los investigadores remarcaron que tanto los ocupantes del camión como quienes iban en el auto están "estrechamente relacionados con Alvarado". Incluso destacan que el abogado de los cuatro fue Tavella, quien "luego fue imputado como integrante de la asociación ilícita dirigida por Alvarado en otra investigación". Con esos elementos, los fiscales concluyen que el acusado fue el organizador de la maniobra delictiva.
Al frente
Los fiscales encuadraron la conducta de Alvarado en la de "organizador de la estructura narcocriminal", que prevé una pena de ocho a veinte años a quien "organice o financie" delitos previstos como tráfico, venta o producción de estupefacientes. "Este delito en particular encuentra su origen en la dinámica propia del fenómeno actual de la narcocriminalidad que, entendido como una actividad emparentada al crimen organizado, impone la necesaria participación plural de actores cuya cantidad ha de variar según la complejidad del emprendimiento criminal", señalan en el requerimiento.
Para los fiscales "está demostrado que Alvarado estuvo al frente de la maniobra" porque los detenidos no sólo están vinculados a sus empresas Toia y Logística Santino sino que también "tienen una relación de confianza" con él. Esas vinculaciones acreditan, para los investigadores, que Alvarado "no sólo tenía conocimiento de la sustancia transportada sino que además fue el organizador de dicha maniobra, como una más de aquellas que llevaba a cabo la empresa criminal investigada".
En ese sentido Iglesias y Arzubi Calvo citaron jurisprudencia para justificar el papel de organizador cuando se demuestra que el acusado "articuló los medios necesarios" para llevar adelante el delito, "relacionando personas, proveyendo instrumentos y facilitando contactos". Concebir el plan total, atribuir los roles y financiar la compra del material y su traslado son los aspectos por los cuales los fiscales acusan a Alvarado como "organizador".
Finalmente, los fiscales aclaran en el escrito que la elevación a juicio de la investigación es "parcial", ya que sólo se refiere a los hechos relacionados con el transporte de marihuana a Río Negro. "Respecto de los hechos vinculados a posibles maniobras de lavado de activos también investigados corresponde continuar la investigación en la etapa de instrucción. Consecuentemente se deberán extraer copias de la presente a fin de continuar la pesquisa por los hechos vinculados a delitos contra el orden económico y financiero", señalaron.