Policiales

Los solapados intereses de la droga y las pujas de facciones en Newell's

Para explicar la violencia que sacude la tribuna de Newell’s, las alusiones al amor por los colores y la pasión deportiva hace rato que no cotizan. Esta semana, uno de los líderes de la agitada...

Domingo 28 de Noviembre de 2010

Para explicar la violencia que sacude la tribuna de Newell’s, las alusiones al amor por los colores y la pasión deportiva hace rato que no cotizan. Esta semana, uno de los líderes de la agitada barra rojinegra, Diego Panadero Ochoa, planteó que la matriz de los incidentes incesantes que enfrentan a balazos a diversos integrantes de la hinchada hay que buscarla en los grupos que buscan imponer el negocio de la droga. Y al hacerlo mencionó dos apellidos con resonancia en la zona sur de la ciudad: el de la familia Cantero, con predominio en barrio Las Flores, y el de los hermanos Vázquez, históricos del corazón de La Tablada.
  En consonancia con ese testimonio, un juez rosarino le dijo a este diario el viernes que no existe causa criminal vinculada a la violencia en Newell’s que no se conecte con el mundo de la droga. No hay que escarbar mucho para comprobarlo. En febrero pasado, a tres días de la emboscada al micro de la hinchada donde fue asesinado un chico de 14 años, una mujer apuntó a su pareja como uno de los autores de los más de cien disparos que perforaron el ómnibus. Se trataba de Carlos Fernando Chino Fleitas, hoy procesado y al borde del juicio oral por aquel atentado homicida. Al allanar su domicilio fue encontrada una flota de teléfonos celulares que conducía a la familia Cantero, comandantes de la llamada banda de Los Monos. Y luego esa testigo, protegida hasta hoy, describió los estrechos vínculos de Fleitas con el entonces jefe de la comisaría 11ª y de su secretario privado. “Les paga mensualmente para que le permitan vender droga libremente en la zona”, dijo en el juzgado de Instrucción Nº 1, a cargo de Roxana Bernardelli.
  Ese tremendo indicio revelador del ensamble entre grupos narcos y policías de Rosario, al día de hoy todavía no fue explorado: recién en diciembre, por decenas de motivos, se iniciará la investigación contra esos policías. Es decir: a diez meses de surgido el dato que costó el pase a disponibilidad de esos oficiales, lo que implica reducidas chances de llegar a resultados.

Marcas en el parque.  Tanto en esa investigación como en la del asesinato del anterior líder de la barra brava leprosa, Roberto Pimpi Camino, abundan las líneas que permiten detectar cómo el mundo del comercio de drogas se interna en la tribuna. En esas pesquisas, ambas de 2010, la prueba directa contra los implicados en esos delitos violentos es escasa. Sin embargo, lo que sí brotan son bienes muebles e inmuebles cuya adquisición se hace con fondos de procedencia nunca establecida. Esos bienes se conjugan con nombres conocidos, que a veces aparecen de lleno en los expedientes y otras veces lateralmente.
  Por desidia, inacción o falta de decisión política, todas esas pistas prometedoras van quedando cubiertas de polvo y sin rastrearse. Varios jueces de Instrucción de Rosario señalaron a este diario su convicción de que allí, en el control minucioso de los activos económicos de los sospechosos, está la llave para plantar un freno material a esos actores. Que suelen moverse en las sombras, pero reaparecen casi siempre bajo los hilos de la violencia tribunera.
  “La forma eficaz de poner un límite es investigar el lavado de dinero de la gente que está detrás de esto. Hay que ir atrás de la ruta del dinero”, señalaron dos jueces provinciales al unísono. En ese sentido, la magistrada Raquel Cosgaya dijo muchas veces: “En el atentado al micro de Newell’s surgen en los bienes incautados a los detenidos indicios de gente que compra y vende activos sin pasar por la Afip.Y es presumible que la plata sale de actividades violentas”.
  De allí que enfrentar ese redituable comercio que genera flagrantes problemas de orden público es una decisión y máxima apuesta de política criminal del gobierno provincial. En el pasado no lo hizo nadie.
  Lo que es un camino seguro al fracaso es que un desafío así se acometa aisladamente. Las investigaciones de patrimonio en este campo son cuesta arriba por motivos obvios: los que ganan dinero en el campo de la droga no suelen dejar sus dedos marcados. Para ello borran las huellas mediante testaferros o con prestanombres que son la máscara de sus emprendimientos o posesiones. Y lo hacen valiéndose de los asesores legales y contables más sagaces, con gran capacidad de corromper los controles fiscales y de las fuerzas de seguridad.
  Por ello, una tarea semejante, la de examinar los vericuetos del patrimonio de la gente que aparece en las investigaciones, sólo puede ser emprendida con los recursos del Estado más eficientes y mancomunados. En Santa Fe debería ser con el concurso asociado de la Justicia Federal, la Justicia provincial, el Poder Ejecutivo mediante sus áreas de Seguridad y Justicia, la Administración Provincial de Impuestos (API) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
  A raíz de las notorias conexiones de sus implicados con el tráfico de drogas, en abril la jueza Cosgaya remitió al juez federal Carlos Vera Barros todas las actuaciones de la causa del atentado al micro de Newell’s del 4 de febrero pasado y también puso a disposición cuatro vehículos incautados a los Cantero, cuyo líder máximo (Ariel Máximo Cantero) ya cumplió una condena por tráfico de drogas: entre los vehículos hay un Mini Cooper Aston Martin 2008 valuado en 30 mil dólares en manos de personas que no declaran una actividad formal.
  Por este tema, tres funcionarios del gobierno provincial se entrevistaron por entonces con el fiscal federal Mario Gambacorta para informarle del secuestro de ese valioso material. El seguimiento de la obtención de esos vehículos, que se tengan noticias en los tribunales provinciales, no fue hecho.
  Señala un juez: “La investigación del tema económico se resuelve fácil: en un país donde se ponen presos a los ladrones de carteras, hay que dejar detenidos a los titulares de los autos e indagarlos por el artículo 278 bis del Código Penal por lavado de activos de origen delictivo. Y no sólo perseguir a los que detentan los vehículos, sino también a las concesionarias que se los venden, que son agentes de retención tributaria y les venden autos de 80 mil dólares a tipos que no muestran de dónde sacan la plata. Y si los que tienen los autos son prestanombres, acabarán por decir a quién responden”.
  Un funcionario de Seguridad provincial agrega: "Es una burla atroz que haya tipos manejando autos de alta gama que están a nombre de Montoto que es un desocupado. Desentrañar esto requiere de mucha voluntad política de gobierno y jueces".

Y el mismo juez se entusiasma y sigue. "¿Cómo hacen personas que viven en una villa o que se declaran simples comerciantes para pagar abogados de altísimos honorarios? ¿La Afip no hace una auditoría en esos estudios jurídicos renombrados que tienen esos clientes?

No es tan sencillo: los que adquieren bienes lavando activos tienen quienes los defiendan. Y entre ellos militan históricamente sectores importantes de la policía a nivel no sólo de tropa sino de mando. Los sectores afianzados en el tráfico de drogas en Rosario negociaron durante años la tolerancia de franjas de conducción de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la policía regular. Y en los Tribunales, jueces y fiscales sostienen hoy mismo que muchas veces la ausencia de antecedentes penales no revela la acción de personas intachables: no tienen prontuario a fuerza de comprar a las fuerzas de seguridad.

En la serie televisiva The Wire, un grupo de policías de Baltimore tropieza con la corrupción de otros policías al buscar a un jefe traficante. Y eso se traduce en que el sospechoso, aunque deja indicios por todos lados, tiene el prontuario en blanco: "Sin historia y sin perfil, casi salido de la nada: no hay historial de empleo, no hay información de impuestos, no posee autos a su nombre. No ha sido arrestado", dice una oficial al mirar su ficha.

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