La experiencia de doce años de trabajo fijo en la sección Policiales puede servir parcialmente para detectar ciertas rutinas del humor social y político en relación a los fenómenos de seguridad pública. Cuando se encadenan varios delitos resonantes en un mismo espacio geográfico la comunidad se exalta y el sistema político produce algunas señales que indican la recepción institucional de aquellas manifestaciones de malestar. Que no siempre son iguales.
  Las señales del sistema político a veces son respuestas cosméticas, de coyuntura, como la reforma Blumberg, que produjo modificaciones apresuradas en el Código Penal dando la idea de que se estaba haciendo algo contra el delito sin tocar sus verdaderas causas, o imponiendo penas más altas a delitos contra la propiedad que a delitos contra la vida. Otras respuestas apuntan más profundo, aunque se abandonen rápidamente, como el proceso integral de descentralización y reforma de la policía bonaerense, iniciado en 1997, cuando el asesinato de José Luis Cabezas dejó al desnudo la criminalidad sistemática y organizada en esa fuerza, gerenciada por oficiales superiores y en coordinación con los líderes políticos territoriales.
  A fines de octubre el Senado de Santa Fe pareció captar la inquietud señalada por varios medios de prensa ante distintos fenómenos delictivos ocurridos en diversas zonas de la provincia y dio media sanción a un proyecto de Emergencia en Seguridad Pública. La propuesta era un programa con aspectos realmente interesantes porque estimulaba los procesos de participación comunitaria en la detección de problemas en la materia y requería propuestas de inclusión educativa y laboral como estrategias contra el delito. Además la iniciativa proponía un inventario de acciones más tradicionales, aunque no por ello innecesarias.
  Lo distintivo es que estas acciones, ideadas como respuesta a una demanda pública de la ciudadanía, implicaban una inversión heterogénea, elocuente y enorme. Los dos senadores justicialistas que impulsaron el proyecto, Ricardo Spinozzi y Alberto Crosetti, proponían un paquete que incluía implementar adicionales especiales para reforzar el servicio de agentes en la vía pública, incorporar en forma urgente nuevo personal policial, adquirir equipamiento para los agentes de seguridad, instalar sistemas de circuito cerrado televisivo para distintos lugares de la provincia, dotar a las fuerzas de tecnología para la ubicación satelital (GPS), reparar el parque automotor de toda la policía y adquirir la tecnología necesaria para el control del ingreso y egreso de personas y bienes a la provincia.
  El proyecto con media sanción postuló afectar fondos para asistir al personal policial en materia de vivienda, generar un sistema de becas para capacitación nacional e internacional de los uniformados, adquirir equipos y sistemas informáticos destinados al Ministerio de Seguridad y comprar insumos y maquinarias para la capacitación laboral en artes y oficios de los presos santafesinos.
  En su enunciación, con certeza, todo este extenso paquete merecería la adhesión entusiasta de todo legislador. Todos estamos de acuerdo con soluciones a demandas en exceso postergadas.
  Pero hay un pequeño inconveniente, promotor de zafarranchos políticos y torpedero de las más bellas teorías. Es un viejo conocido: la billetera.
  Este aguafiestas, la billetera, es el muro infranqueable contra el que se chocan de trompa los que en el momento de descorchar botellas ante las grandes ideas no se preocupan por los gastos. Pero el instante cruel, ese en el que el mozo aparece con gesto distraído y la cuenta en la mano, en algún momento llega. Podría decirse que uno de esos momentos fue el miércoles pasado cuando el reutemismo demolió la reforma fiscal propinándole flor de sopapo al gobierno de Hermes Binner.
  El miércoles pasado fue el día en que, entre tantas otras cosas, el Senado provincial debatía de dónde debían salir los recursos para las inversiones propuestas en el programa de emergencia de seguridad votado por ese mismo cuerpo dos meses antes. Allí el PJ decidió que el tibio proceso de reintroducir el pago de ingresos brutos para las grandes industrias y empresas de la construcción, como se paga en las mayores provincias vecinas, no podría ser. Como tampoco sería viable la progresividad en el impuesto inmobiliario rural, que consistiría en gravar como una unidad a la totalidad de los predios que tengan un mismo propietario. Esto en un sujeto social que detenta tierras que multiplicaron sus cotizaciones exponencialmente en la última década.
  La provincia es quien afronta la seguridad. Y basta conocer un poco este crispado terreno para notar que la desinversión en la materia viene de muy lejos. El estado de las dependencias policiales en Rosario es temerario desde hace décadas. En 25 años de democracia recuperada la provincia nunca instaló un registro estadístico idóneo y fiable para trazar estrategias de política criminal. La tecnología para el control del crimen es vetusta, insuficiente y deficiente. Los policías, como todos los empleados públicos, declinaron en ingresos y expectativas de ascenso social.
  Muy probablemente el PS fue sectario a la hora de gestionar la reforma tributaria y es ostensible que con la soberbia del ministro de Economía es difícil tender puentes. Pero esos datos, indisimulables, ceden ante la evidencia de que una enmienda leve, que no tocaba a los sectores de máxima generación de riqueza en la provincia como las cerealeras, acaba de ser limada por los históricos representantes del establishment provincial. Tras su mayor arquetipo legislativo, el senador Juan Carlos Mercier, se alineó todo el PJ santafesino. Incluso los que en el escalón nacional defienden explícitamente políticas de mayor equidad distributiva.
  La seguridad, la educación y la salud son solventadas por una provincia cada vez más arrinconada en su capacidad de obtener recursos. Un 80 por ciento del presupuesto anual se va en esos rubros, la mayor parte en fondo de salarios, y coparticipación a municipios y comunas. Es una paradoja sólo aparente que quienes desde un proyecto de ley presentado hace dos meses reclamaron educación, salud y trabajo para los excluídos—y una generosa inversión para las demandas en seguridad pública— rechacen, a tan breve lapso, una reforma que pide una modestísima alza de tributos a los sectores de más capacidad contributiva, que no es inédita en provincias vecinas. Es algo para recordar después entre quienes festejan ahora. Sobre todo cuando las rutinas del humor social reiteren los reclamos por inseguridad que reaparecen cada tanto.