Santa Fe.— En un contexto de fortísimos cuestionamientos al gobierno de la provincia por lo que considera una "profunda e incontrolable crisis" del Poder Judicial, el Colegio de Magistrados santafesinos dio a conocer un comunicado en el cual expone algunas críticas que ya se habían deslizado desde la propia Corte Suprema de Justicia. El texto de la entidad que encabeza la jueza rosarina María del Carmen Alvarez remarca la "honda preocupación" por las limitaciones presupuestarias y operativas padecidas en los estrados provinciales que impiden el adecuado funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque los magistrados reconocen que "el déficit viene gestándose desde hace décadas", responsabilizan a la gestión de Hermes Binner por el cumplimiento de "muy pocos" proyectos destinados al mejoramiento de la Justicia, y sostienen que "la crisis se ha agravado en los últimos dos años".

Contra el Consejo. Las críticas también apuntan al "ineficiente" funcionamiento del Consejo de la Magistratura, al que catalogan de "lento, burocrático, y desarticulado". En ese orden, los magistrados exigen que la cobertura de juzgados mediante el sistema de subrogancias "no se convierta en una excusa para ocultar la ineficacia del nuevo sistema de designación de jueces". Y remarcan que "llegamos a este momento con un número histórico de cargos vacantes (60 más 16 para las nuevas unidades creadas por ley)".

El pronunciamiento del Colegio de Magistrados también cuestiona "la falta de recursos presupuestarios para designaciones, personal, capacitación y edificios entre otras necesidades" tendientes a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, por lo que "lejos se está de satisfacer las expectativas generadas en la sociedad" y parece "casi imposible" la implementación del nuevo sistema, cuya entrada en vigencia volvió a prorrogar ayer la Legislatura.

"En lugar de la total implementación (del nuevo Código Procesal Penal), se ha sancionado una ley de aplicación progresiva que distorsiona la naturaleza del digesto, costosamente elaborado, trayendo más dificultades que beneficios. Todo esto se corona con una desprolijidad incomprensible, como lo fue el vencimiento del plazo de prórroga que debió solucionarse por una acordada de la Corte, que —sin duda— no es el instrumento jurídicamente adecuado para corregir el vacío. Esta situación transitoria (agrega) también requiere ingentes recursos presupuestarios, máxime cuando se proyecta ampliar el número de delitos que exigirán oralidad obligatoria, como se pretende legislativamente".

Sobrecargas. Tras aludir al colapso verificado en los restantes fueros judiciales (laboral, familia, menores, etc.) "no sólo por la insuficiencia de juzgados para la población y nivel de litigiosidad sino por las numerosas vacantes" existentes, los magistrados sostienen que "ello obliga a los jueces y funcionarios a una sobrecarga constante de tareas con grave deterioro de su salud y pocas posibilidades de respuesta efectiva generando una importante afectación del servicio de justicia".

Finalmente, el documento firmado por Alvarez junto a Daniel Rucci, Roxana Mambelli y Roberto Reyes, insta a que "rápidamente se encuentre el camino tendiente al mejoramiento definitivo del servicio de justicia".