“No sé por qué me acusan de esto. ¿Con qué fin puedo hacer algo así cuando tengo mi plata? ¿Por qué arriesgaría a mi familia? No entiendo por qué me viene este quilombo”. Desencajado, con el rostro entre las manos, negando enérgicamente con la cabeza ante cada acusación, llorando sobre el final, Ricardo “Ricky” M. habló más de una vez en la audiencia en la que fue imputado por el crimen María Isabel Ruglio, la docente jubilada que apareció descuartizada en siete partes en el arroyo Saladillo. Un fiscal lo acusó como coautor de un homicidio planificado por codicia, aunque el juez dijo que por el momento no hay evidencia de tal cosa y lo dejó en prisión preventiva por 60 días.

De 38 años, el ex remisero y actual repartidor llegó como imputado a una audiencia por zoom porque el principal acusado lo había mencionado cuatro días antes en una tardía e inesperada confesión. “Yo esa noche estaba muy borracho. Empezó una discusión, ella agarró un cuchillo. La agarré del cuello y se me fue la mano. Nunca la quise matar”, admitió el lunes Marcelo Alberto Fernández, de 44 años y apodado “Bebu” o “Momia”. Entonces dijo que fue Ricky fue quien lo ayudó a trozar y hacer desaparecer el cadáver.

Borracho

El cuerpo de la docente apareció en siete partes flotando envuelto en bolsas de consorcio entre el 10 y el 11 de febrero de 2020. Estuvo un mes sin ser identificado hasta que el 4 de marzo de ese año, ante la sospecha de que se trataría de la mujer de 73 años, fue detenida una pareja que vivía con ella: la española Josefa Richarte Carrasco, de 58 años y apodada “Pepa”, y su esposo Fernández. Ellos alquilaban un departamento en la casa de Uriburu 522 donde la ex directora de escuela había vivido toda su vida. En un local al frente de la vivienda la pareja atendía una verdulería a cambio de cuidar a la víctima, aquejada por problemas de salud.

En su confesión, Fernández dijo que la noche del viernes 7 de febrero discutió con “Marisa”, como le decían a Ruglio, porque ella quería que se fueran de la casa. Dijo que cerca de la 1.30 de madrugada la mujer lo amenazó con un cuchillo y él la tomó del cuello. Pensó que se había desmayado, pero al cachetearla y notar que no respondía advirtió que estaba muerta. Sostuvo que esa noche su esposa cuidaba a un anciano y nunca supo de lo ocurrido.

Minutos más tarde, añadió, trataba de tranquilizarse en la puerta de la casa cuando casualmente pasó Ricky en el remís y le contó lo ocurrido. Dijo que el remisero se ofreció a ayudarlo a ocultar el cuerpo a cambio de quedarse con un departamento que estaba en tratativas de vender en el barrio De la Carne. No dio detalles sobre el desmembramiento del cuerpo: sólo dijo que fue con una cuchilla con cabo de madera junto a una pileta en desuso del patio y que no lo presenció porque se quedó dormido. “El se encargó de todo eso. De cómo sacar el cuerpo. Me hace mal hablar de eso", fue todo lo que aportó.

Se entregó y declaró

Luego de que allanaran la casa de su madre, Ricardo se presentó el jueves a la tarde y terminó preso. “No sé cómo empezar”, arrancó la tarde del viernes su declaración ante el juez Román Lanzón. “La única conversación que tuve con él era sobre el departamento. Soy una persona derecha, trabajé toda mi vida para tener lo que tengo y por mi familia. No sé por qué me acusan de esto. Mis vecinos me quieren todos”, se presentó. Dijo que con Fernández se conocían de “toda la vida”, que era amigo de su familia y prácticamente lo crió desde chico: “No entiendo por qué me quiere involucrar, con qué fin, no sé lo que quiere”.

El ex remisero dijo que en febrero de 2020 estaba a punto de cobrar una indemnización por un accidente laboral en la mano izquierda. Se acercó a Fernández al enterarse de que había puesto en venta un departamento de Copahue al 7200, a una cuadra de la casa de su madre. Como trabajaba de 6 a 17 en una remisería de Buenos Aires y Mister Ross, a seis cuadras de la casa de Ruglio, solía pasar a conversar por la verdulería.

Dijo que pasó por allí al menos tres veces en las semanas previas a la detención de la pareja. En esas charlas acordaron, de palabra, que le compraría a Fernández el departamento en 450 mil pesos. Como anticipo y una suerte de alquiler, Ricky le entregó —sin firmar comprobantes— dos pagos de 5 mil pesos. Es por eso que, al día siguiente del arresto de Pepa y Bebu, cuando la policía fue a allanar ese departamento los atendió el remisero ahora imputado. Según sus dichos, se había instalado un día antes. Entonces ofreció su celular y su Chevrolet Corsa bordó para que hicieran pericias. Luego declaró varias veces como testigo en la causa.

Acusación

El fiscal Adrián Spelta lo acusó ahora como coautor funcional de un homicidio calificado por codicia. Un delito que supone la intervención de más de una persona con roles repartidos y que se pena con prisión perpetua. En la hipótesis de la acusación, la pareja mató a Marisa para quedarse con su casa y el remisero aportó al plan para quedarse con el departamento de Fernández.

Al enumerar evidencias, citó la reciente declaración de Bebu que consideró creíble en partes. No compartió que el horario del crimen fuera a las 2 de la mañana del sábado 8 sino que lo situó a las 23.30 del viernes, cuando dos vecinos se acercaron a la verdulería y Fernández, nervioso, les cerró la puerta diciendo que no hicieran ruido porque “la señora estaba descansando”. Para el fiscal, además, Ricky no llegó más tarde por azar sino que participó del plan previo.

Afirmó que las pruebas con luminol también detectaron sangre en el departamento de la calle Copahue —en el piso y en una reja de la entrada— así como en asientos del Corsa. “¿Por qué dice que encontraron rastros de sangre en mi auto? Yo llevaba gente en mi auto. Una manchita de sangre puede ser de cualquier persona”, reaccionó M., conectado a la audiencia desde su lugar de detención.

Spelta también citó un diálogo de Facebook en el que una prima del remisero le preguntó si se había enterado “lo del Momia”, a lo que Ricky respondió: “Si, fui el primero, está loco, después te cuento”. Citó otro audio del 7 de marzo en el que le dijo a su prima: “¿Viste La Capital? Yo me enteré por otros medios. Iba todos los días a la casa del Momia. Decía que tenía que restaurar la pileta y ahí la descuartizó a la señora”.

También mencionó una foto de una jornada de pesca de noviembre de 2019 en el arroyo Saladillo tomada por M. con su celular. Y afirmó que el día del crimen el aparato impactó en una antena de la zona de Puente Gallego que cruza el arroyo cerca de la medianoche, mientras que sobre las 2 se activó en Tiro Suizo. Por último, subrayó que el acusado había trabajado en una carnicería y que al forense que realizó la autopsia le llamó la atención que el cuerpo fuera segmentado con “cortes perfectos”.

El sueño de su vida

El imputado declaró varias veces. En el tramo más extenso replicó que su relación con “Momia” se limitó a las tratativas por el departamento: “Fue el sueño de mi vida”, dijo. Contó que decidió instalarse allí antes de terminar de pagar porque unos muchachos habían intentado usurparla. Para ingresar, según su defensora, llamó a un cerrajero porque no tenía la llave. “Cuando ocurre todo esto —amplió— me empiezan a mandar mensajes porque sabían que le iba a comprar el departamento a él. Me mandaban fotos de él encarcelado, fotos pescando, preguntándome lo que hizo. Lo conocimos de toda la vida, no lo podíamos creer. Nunca imaginamos esto de él. Sabíamos que era vago pero nunca imaginamos una situación así”.

El año pasado M. finalmente cobró la indemnización de 1.600.000 pesos con la que compró una casa en el paraje La Carolina, cerca de Piñero. Allí vive con sus dos hijos y su esposa embarazada. “¿Con qué fin voy a hacer eso si tenía mi platita y la estaba por cobrar?”, expresó el acusado, e indicó que en algún momento “se va a saber la verdad”.

Con un fuerte cuestionamiento a la teoría fiscal, la defensora pública Anabela Antegiovanni tildó de “inverosímil” el relato de Fernández y objetó que la acusación sólo lo avale por partes: “O le creemos o no”. Remarcó que, aún si sus dichos se tomaran por ciertos, M. habría llegado al lugar cuando la mujer ya estaba muerta: “Se debería rechazar la imputación. Podríamos hablar de otro tipo de delito, un encubrimiento agravado a lo sumo, pero no la coautoría funcional de un homicidio calificado por codicia”. Uno se pena con un mínimo de 2 años de prisión, el otro con perpetua.

Incluso señaló que al entrar al departamento, lejos de huir, M. se estaba metiendo voluntariamente “en la boca del lobo”. Sugirió que Fernández se sintió molesto porque el remisero “usurpó” el departamento y lo incriminó por ese motivo. Y recordó que, si es por la precisión de los cortes, el propio “Bebu” se dedicaba a cortar patas de jamón crudo durante los años que vivió en España.

Poca evidencia

Luego de observar que se trata de uno de los casos más complejos en los que ha intervenido, el juez Lanzón concluyó que “no hay evidencia suficiente para considerar que es el autor funcional de este delito”, siendo que el imputado Fernández “dijo expresamente que llegó cuando ya había matado a la víctima”.

No obstante, evaluó que “cortar a un ser humano en pedazos y tirarlo a un arroyo es un hecho tremendo y aberrante”. Como entre los testigos hay personas del círculo de M. dispuso la prisión preventiva del imputado por dos meses. Un plazo que estimó “razonable” para que se profundice la investigación.