"Lo que pasa en Rosario con los jueces requiere una réplica inmediata contra el crimen organizado", afirman especialistas en seguridad
"El momento para actuar es ahora, porque si permitimos que estos ataques se consoliden los que van a quedar indefensos son los ciudadanos", sostiene un magistrado de Curitiba, responsable del protocolo de seguridad para jueces en Brasil.
Tras más de una docena de ataques contra domicilios vinculados a jueces penales, el Colegio de Magistrados de Rosario recibió a dos representantes del Poder Judicial de Brasil, uno de los cuales es responsable de la implementación de protocolos de seguridad para funcionarios judiciales en el contexto de juzgamiento a organizaciones criminales, iniciativa que intentará ser desarrollada por los jueces locales.
"Lo que está pasando con jueces en Rosario bajo intimidación pública es una novedad que requiere una réplica institucional inmediata contra la criminalidad organizada. En esto debemos ser taxativos. El momento para actuar es ahora, cuando el fenómeno empieza a surgir, porque si permitimos que estos ataques se consoliden los que va a quedar indefensos no son algunos jueces sino la población entera ante los actores del delito", dijo José Cerqueira Bremer, magistrado de la ciudad de Curitiba.
En este marco, esta tarde se firmó el convenio de cooperación entre la Asociación de Magistrados Brasileños y la Federación Argentina de la Magistratura y de la función Judicial de la Argentina, que lleva las firmas de Ariel Ariza (presidente de la Federación Argentina de la Magistratura) y Walter Barone, juez de San Pablo y presidente de Federación Latinoamericana de la Magistratura, y José Cerqueira, juez de Curitiba y responsable del protocolo de seguridad para jueces en Brasil.
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Cerqueira Bremer remarcó la necesidad de actuar sin demoras para que los factores delictivos encuentren un límite claro frente a acciones de amedrentamiento como las que recibieron jueces en Rosario que tienen como rasgo común haber actuado en distintas etapas en causas de la banda de Los Monos. Para ello dijo que son fundamentales las decisiones del Poder Ejecutivo tanto a nivel nacional como provincial.
"Sabemos lo que decimos por una triste experiencia que no deseamos ver repetida en Argentina", dijo Cerqueira a La Capital. En Brasil los fenómenos de intimidación a jueces lleva casi dos décadas con casos de una gravedad no comparable mayoritariamente en contextos de investigación de narcotráfico. La jueza Patricia Acioli, reconocida por actuar contra vendedores de droga en la zona de Sao Gonçalo, vecina a Río de Janeiro, fue asesinada a balazos en 2011, luego de haber recibido amenazas de muerte en cuatro ocasiones. También es notorio el caso del juez federal Odilón de Oliveira, que desde hace 16 años vive con cuerpos de escolta de la policía militar, tras haber metido en la cárcel a cientos de narcotraficantes por delinquir en la frontera de Brasil con Paraguay y Bolivia, además de ordenar decomisos millonarios de sus bienes.
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El presidente de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, Walter Barone, que es juez en San Pablo, dijo que en el último informe del Consejo Nacional de Justicia de Brasil se reportaron los casos de un total de 110 magistrados que fueron amenazados solo en 2017. "Es importante que no permitamos que las cosas lleguen al nivel al que llegaron en Río de Janeiro".
Los jueces brasileños, que firmarán hoy un acuerdo recíproco de cooperación, remarcaron que en las principales ciudades brasileñas las intimidaciones contra jueces vienen mayoritariamente de la persecución al narcotráfico.
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El protocolo de protección cuenta con un sistema de alertas tempranas para los magistrados que actúan sobre delitos de impacto público que reciben amenazas y que, según valoran ambos magistrados brasileños, funcionó con resultados positivos. Se regula mediante la acción de una comisión integrada por un juez de Cámara y un juez de primera instancia, que participan en un departamento de inteligencia criminal que consideran esencial no solo para la protección sino para la persecución penal de los que promueven las intimidaciones.