Alrededor de las 7 de la mañana del miércoles 26 de septiembre Pedro Gabriel Sánchez, un vecino de 60 años, se sobresaltó al escuchar golpes en el portón de su casa de San Luis al 900 de la ciudad de San Lorenzo. Asustado, agarró su revolver Taurus calibre 38 y salió al encuentro del destino. Cuando observó a un grupo de personas que ingresaba a su casa comenzó a disparar. Lo hizo al menos cinco veces sin saber, o quizás sin darse cuenta que quienes entraban eran efectivos de la comisaría 1ª y del Grupo de Operaciones Complejas de la Unidad Regional XVII con una orden de allanamiento. Era demasiado tarde cuando lo supo. Por entonces Sánchez había herido a uno de los uniformados en el omoplato y a otro en una pierna.
Los compañeros de los policías heridos repelieron el ataque y alcanzaron al dueño de casa con proyectiles en una pierna y en el abdomen. Tras ello lo trasladaron a un hospital donde quedó detenido y luego fue imputado. Ahora, un tribunal pluripersonal lo condenó a la pena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por su comisión mediante el uso de arma de fuego en grado de tentativa cometido bajo un error vencible de prohibición en calidad de autor. Sin embargo, Sánchez fue absuelto por el estricto beneficio de la duda por los delitos de amenazas calificadas, abuso de armas agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización legal.
No debía ser un procedimiento complicado. El dueño de la casa que iba a ser allanada estaba acusado de un delito que parece ser menor, el de amenazas calificadas. Además se buscaba a un hombre de 60 años que había sido dueño de una agencia de seguridad. Pero nadie contó con la reacción de Pedro Sánchez.
El dueño de casa y los suboficiales Franco Literio y Daniel Ignacio, ambos del Grupo de Operaciones Complejas (GOC) de la policía de San Lorenzo debieron ser hospitalizados. La casa de Sánchez fue allanada y le incautaron una pistola calibre 40, un revólver calibre 38, una escopeta de un caño calibre 16, un trabuco de colección, un revólver calibre 22, una escopeta 12/70 a repetición y gran cantidad de municiones de distintos calibres.
Tras recuperarse de las heridas recibidas, Sánchez fue imputado en el Hospital Italiano de Rosario, donde se encontraba convaleciente. La fiscalía le achacó los delitos de tentativa de homicidio agravado por la tenencia ilegal de las armas de fuego y por la causa de amenazas calificadas que dio origen a la investigación y el allanamiento.
Este último expediente se originó cuando su ex yerno denunció que el 20 de septiembre de 2018 Sánchez lo amenazó de muerte empuñando un arma. La jueza Griselda Strólogo le dictó entonces la prisión preventiva, pero el 10 de octubre de ese mismo año Sánchez obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. Noelia y Melina, hijas de Sánchez, defendieron a su padre en una carta abierta. Dijeron que la denuncia que hizo la ex pareja de Melina fue por despecho y que su padre reaccionó al allanamiento con balazos porque se asustó.
"Yo estaba durmiendo cuando sentí un estruendo, como que estaban entrando por la puerta del frente. Medio dormido agarré el arma pensando que me estaban entrando a robar, me asomé al pasillo y disparé una o dos veces hacia la puerta para evitar que entren, vi personas con cascos como de motos, que a pesar de los disparos entraron, y ahí confundido escuché «policía», puse el arma en el mármol y me tiré al piso y empecé a colaborar", explicó Sánchez en esa carta.
Más allá de esas explicaciones, Pedro Sánchez fue a juicio. El tribunal compuesto por los magistrados Juan José Tutau, Carlos Pareto e Ignacio Vacca lo condenó a 5 años y 4 meses por los delitos de homicidio agravado por su comisión mediante el uso de arma de fuego en grado de tentativa cometido bajo un error vencible de prohibición en calidad de autor.
En tanto, el hombre fue absuelto por el estricto beneficio de la duda por los delitos de amenazas calificadas, abuso de armas agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización legal. Paradójicamente Sánchez fue absuelto por el delito de amenazas coactivas que dio lugar al allanamiento que terminó en su condena.
