Jesús L. está detenido desde hace seis meses en la cárcel de Piñero acusado de una violación y de un robo. Pero este muchacho no es un preso común: es un paciente psiquiátrico que requiere de una medicación adecuada que, según su defensor, no está recibiendo. Además, el abogado proclama la inocencia de su cliente y exhibe un elemento de prueba que, según él, es contundente: el examen de ADN que se le realizó no lo involucra en el delito sexual. Sin embargo, a pesar de esa evidencia, la jueza a cargo del caso no autorizó la excarcelación solicitada.
  El abogado Mariano Scaglia, defensor de Jesús L., afirmó a La Capital que la pesquisa que terminó con el muchacho acusado y detenido se inició con una situación anómala. Es que, según él, la investigación policial fue “dirigida” por un fiscal que es padre del joven que acompañaba a la víctima del abuso al momento de concretarse el hecho. “No puede investigar un caso (el funcionario judicial) en el que una de las víctimas es su propio hijo porque de esta forma no garantiza la imparcialidad”, aseguró el letrado.
  Jesús L. fue detenido el 16 de abril pasado bajo la imputación de haber violado a una chica de 20 años durante la madrugada del 10 de abril, en la zona de playa de la rambla Catalunya. Según la denuncia radicada ante la policía, a las 4.30 de aquel día, la joven se retiraba junto con un amigo de un bar ubicado a pocos metros de la avenida Costanera y Puccio. Caminaron hacia el norte por la avenida costanera y a unos 100 metros del local fueron emboscados por un hombre que empuñaba un cuchillo.

Junto a un bar. De acuerdo al relato de la pareja, el agresor los obligó a cruzar la avenida en dirección al sector de playa, cerca de la rambla Catalunya, y los condujo hasta un sector oscuro ubicado muy cerca de un bar. Allí le pidió a la muchacha que atara las manos de su amigo con los cordones de su mochila y luego abusó sexualmente de ella. Finalmente dejó a la pareja abandonada a su suerte y seis días después, efectivos de la comisaría 10ª lo apresaron en su humilde vivienda del barrio La Cerámica.
  La jueza de Instrucción Raquel Cosgaya ordenó la detención de Jesús L., según el abogado, con una evidencia débil. Un testigo dijo que lo conocía porque frecuentaba la zona de la rambla y brindó detalles de sus rasgos físicos, los que “supuestamente” coincidían con la del imputado. Sin embargo, según el letrado, en el operativo no se secuestró el cuchillo con que amenazaron a las víctimas y el allanamiento de la vivienda se concretó sin la presencia de “testigos”.
  No fue la única imputación que tuvo Jesús L. También está acusado de haberle robado la billetera al muchacho que acompañaba a la joven víctima del abuso y de haber destrozado su teléfono celular, delitos por los que ya fue procesado por la jueza Cosgaya. “La prueba de parafina demostró que en sus manos no había huellas de que hubiese roto (el aparato)”, criticó Scaglia.
  El abogado destacó el origen humilde de su cliente, que hasta el día de la detención recorría las calles de la ciudad vendiendo flores. “Con el trabajo ganaba 20 pesos por día”, comentó. La pobreza no es su única desventura. Es un paciente “psicótico” que estuvo internado en la colonia de Oliveros. “Tiene que tomar tres psicotrópicos, pero ahora en la cárcel no le están dando los remedios. Además, la medicación no le permite tener erecciones y así es muy difícil concretar una violación”, señaló.

Pruebas sin fuerza. Scaglia también remarcó otras evidencias “frágiles” que tuvo en cuenta la jueza Cosgaya para procesarlo: las víctimas no reconocieron con certeza en la rueda de personas al imputado. “Dijeron que era parecido, pero no lo podían asegurar”, afirmó. Para el letrado, la prueba concluyente que determinó, según él, la inocencia de su cliente es el resultado negativo de la pericia genética que le realizaron a su cliente. “En un 99,99 por ciento, el examen de ADN lo desvincula del abuso sexual. Además, se detectó otro perfil genético distinto al de la persona que defiendo”, aseguró.
  El resultado de la pericia llegó al despacho de la jueza Cosgaya el 7 de agosto. A partir de ese examen, Scaglia pidió que su cliente sea excarcelado, pero la magistrada lo denegó basándose en la “peligrosidad procesal” del imputado. Es decir que si se dispone la libertad, podría escaparse.
  En rigor, el letrado ya había pedido la libertad de su cliente el 24 de junio “porque es un enfermo psiquiátrico y, además, la reforma del Código Procesal permite la sustitución de la prisión preventiva hasta que se defina la inocencia o no de una persona acusada de un delito”, explicó. Con todo eso, el abogado apeló la resolución de la jueza y en estos días se espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelación Penal.