El gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto 276/18 que reglamenta la ley 13.579 por la cual se crea una agencia encargada de administrar aquellos bienes materiales decomisados en operativos vinculados a delitos cometidos en territorio provincial. De esta manera Santa Fe se transforma en la primera provincia en contar con una herramienta legal que tuvo un fuerte impulso a partir de la causa contra Los Monos.

En septiembre de 2016 la Legislatura sancionó la ley que creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), un ente autárquico dependiente de la Secretaría de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La misma se ocupará de la administración, custodia, disposición de los bienes decomisados a individuos o bandas que cometan delitos de competencia provincial y no del narcotráfico, que es de jurisdicción federal.

En aquel entonces, el senador provincial Miguel Cappiello (Frente Progresista Cívico y Social) destacó que la ley "es una de las partes de la lucha contra la criminalidad ya que son bienes malhabidos y pasarán a ser un bien social".

Al respecto, la provincia aclaró que lo primero que se va a tratar de determinar es si el bien malhabido fue robado y en ese caso será restituido a su dueño. En otros casos se podrían organizar subastas públicas o bien destinarse a organismos del Estado que los necesiten.

El Secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa, será responsable del ente creado a fin de cumplimentar con la ley. En diálogo con

La Capital, el funcionario explicó que "el decreto pone en vigencia la ley sin carácter retroactivo y no apunta a los bienes decomisados al narcotráfico ya que no es jurisdicción de la provincia, pero si aquellos que se obtengan de los juicios por delitos como la asociación ilícita u otros que corresponden a la jurisdicción provincial".

En ese sentido, Figueroa remarcó que "en los últimos días se transfirieron a la provincia tres departamentos y un auto de alta gama secuestrados en Melincué a una organización dedicada a la trata de personas y prostitución"; y remarcó que el objetivo de la ley "no se limita a atacar el delito en sí sino en quebrar el poder económico de estos grupos que muchas veces les permite seguir operando aunque estén detenidos".

En cuanto a los vehículos secuestrados, Figueroa comentó que "la idea es subastarlos y que los recursos obtenidos se apliquen a políticas sociales, preferentemente a aquellas que tienden a la prevención de los delitos".