El sindicalista Alejandro Lázaro, quien fue enviado a juicio por el crimen de Abel Beroiz, recuperó la libertad el jueves a la tarde tras permanecer un año y cuatro meses en prisión. El gremialista, procesado como uno de los coautores del homicidio, fue excarcelado por decisión de la Cámara Penal. Para adoptar la resolución el tribunal valoró que, al pedir que el caso pase a juicio, el fiscal Eduardo Valdez Tiejten entendió que las evidencias que comprometen a Lázaro son débiles para sentenciarlo, ya que en esa instancia del trámite penal se requiere certeza.
  No fue la única cuestión que tuvieron en cuenta los integrantes de la Sala III de la Cámara de Penal —integrada por Otto Crippa García, Elena Ramón y Ramón Teodoro Ríos— para determinar la liberación de Lázaro. Una fuente judicial explicó que los magistrados también estimaron que el sindicalista no intentó eludir el accionar de la Justicia antes de que fuera arrestado.
  “Está acreditado en la causa que desde diciembre de 2007 hasta agosto de 2008 cuando fue detenido siempre estuvo en su casa. Además, en ese tiempo se presentó en diferentes empresas para buscar trabajo y realizó cursos de perfeccionamiento”, explicó a La Capital un portavoz de la causa.

No se escondió. Lázaro era titular de la filial San Lorenzo del Sindicato de Camioneros provincial. Iba a ser removido de su puesto por Beroiz antes de su muerte. Se le atribuye haber integrado el círculo de allegados directos a Raúl Luna, ex secretario adjunto del gremio y también implicado en la causa. Fue detenido el 7 de agosto de 2008 en Julio Marc al 2300. La policía indicó entonces que había permanecido prófugo 65 días y que lo habían buscado dos meses sin éxito. De hecho, tenía pedido de captura y su búsqueda había sido anunciada por la prensa. Pero, según los jueces, Lázaro nunca intentó escabullirse sino que siguió con sus actividades usuales.
  Otro de los elementos que tuvieron en cuenta los jueces para decidir la liberación de Lázaro fue que el imputado ya no tiene la posibilidad de “interferir” en la recolección de las pruebas porque “todos los elementos probatorios ya fueron enviados al juzgado de Sentencia interviniente”.

Restricciones. En rigor, los camaristas decidieron el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre el sindicalista, una figura penal contemplada en el artículo 346 del Código Procesal Penal que determina algunas restricciones para quien reciba ese beneficio: el acusado deberá fijar un domicilio y no podrá salir de la ciudad sin autorización judicial. Quien deberá fijar esas limitaciones es el juez de Sentencia que se pronunciará sobre la causa, el juez Carlos Carbone. En lo concreto Lázaro sigue imputado, sólo que seguirá el juicio en libertad.
La causa. El fiscal Valdez Tiejten envió a juicio a ocho personas acusadas de intervenir en distintos tramos del plan homicida. A partir de ese dictamen se inició el proceso escrito contra los acusados en el juzgado de Sentencia a cargo de Carbone. El trámite judicial está condicionado por el tiempo ya que, en marzo, se cumplirán dos años de las detenciones y, en caso de no haber sentencia firme, los imputados podrían recuperar la libertad.
  El 27 de noviembre de 2007, Beroiz, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, fue atacado a puñaladas y balazos en la cochera del Automóvil Club Argentino, en la plaza Montenegro, por dos hombres que actuaron por encargo. La investigación adjudicó el ataque a una interna gremial y a móviles económicos.
  A los cuatro meses del violento suceso fue apresado Raúl Oscar Flores, quien confesó ser el autor material del crimen. Además de Flores, imputado como coautor de un homicidio calificado, por la misma figura están detenidos el gremialista Juan Carlos Dell’Arciprete y el gestor Julio Gerez. Ese delito tiene pena de prisión perpetua. Como partícipes secundarios están acusadas otras tres personas. Una ex pareja de Flores, en libertad, está imputada de encubrimiento.

Los últimos. A su vez, también en libertad, esperan que se resuelva su situación Raúl Luna, ex número dos de Beroiz en el gremio y sindicado como presunto autor intelectual del ataque, y su chofer Mario López. Ambos fueron indagados en agosto pasado y luego los excarcelaron. Al jubilarse el juez original de la causa —Osvaldo Barbero— el tema quedó en manos del juez de Instrucción Nº 10, Alfredo Ivaldi Artacho. El magistrado dispuso la instrucción abreviada del caso, por lo que ahora el fiscal Valdez Tiejten deberá definir si formula una acusación (ver aparte).
  Con relación a la liberación de Lázaro, un allegado a la defensa sostuvo que, en la requisitoria de elevación a juicio, “quedó demostrada la orfandad de elementos” para sostener la acusación del dirigente gremial como coautor del crimen. En ese trámite, el fiscal Valdez Tiejten advirtió que si no se incorpora una nueva prueba durante el juicio él no pedirá que lo condenen”, si bien mantuvo la acusación por una grave figura delictiva. l