Siete agentes penitenciarios que habían sido detenidos e imputados por la cinematográfica evasión de dos reclusos de la cárcel de Piñero el pasado 17 de mayo recuperaron la libertad bajo una caución de 15 mil pesos cada uno. La decisión se adoptó en una audiencia de revisión de la medida cautelar en la cual la figura legal achacada en un primer momento, que fue la de facilitamiento de evasión dolosa, fue cambiada por la de favorecimiento negligente de evasión.
La fuga de los presos Carlos Andrés D'Angelo y Hugo Peralta se detectó la tarde del lunes 17 de mayo cuando, al retirarse las visitas, se hizo el recuento de los recluidos en el pabellón 13 del penal ubicado al suroeste de Rosario. Entonces los agentes penitenciarios notaron la ausencia de los mencionados y fueron a revisar una docena de cámaras de vigilancia que tomaban el recorrido de los visitantes. Así comprobaron que quienes habían ido a ver a los evadidos habían ingresado cajas con elementos de limpieza y víveres en unas carretillas o carritos como los empleados en supermercados mayoristas.
En las imágenes se ve que a las 16.26 de aquel día dos mujeres rubias salieron por el último de los cuatro controles sin que nadie las revisara. Según los investigadores en cada uno de esos carritos iban Peralta y D'Angelo escondidos entre cajas de bananas y ropa. La última imagen de los carritos los sitúa junto a una Ford EcoSport en la que abandonaron el penal con sus visitantes.
Tras las primeras pericias sobre el hecho fueron detenidos nueve agentes del servicio penitenciario y en allanamientos realizados por la Agencia de Investigación Criminal fueron apresadas las dos mujeres involucradas en la evasión. El 20 de mayo esas personas y el jefe de la cárcel fueron imputadas por los fiscales Gerogina Pairola, Franco Carbone y Rodrigo Santana. Nueve uniformados quedaron acusados de favorecimiento doloso de evasión, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos e incumplimiento de sus deberes. Una imputación especial recibió el director del penal, Hernán Marcelo Ocampo, a quien se le achacó haber avisado lo ocurrido demasiado tarde a la Fiscalía de Flagrancia. Y las dos mujeres involucradas en la maniobra haber ingresado al presidio con los carritos y sacar en ellos a los evadidos.
En ese momento, la jueza de primera instancia María Trinidad Chiabrera dispuso la prisión preventiva por 45 días para los nueve penitenciarios, mientras el director del penal quedó en libertad bajo la acusación encubrir la fuga pero no de facilitarla.
Tras las pericias realizadas no solo a las cámaras de videovigilancia de la cárcel sino también a los teléfonos celulares de los penitenciarios involucrados, “quedó en evidencia que la imputación inicial no se correspondía con lo ocurrido y que no hubo un plan, complot o acuerdo previo entre ellos para que esa fuga se concrete”, según lo expresó el abogado defensor de los uniformados, Sebastián Darrichón.
En ese marco, a pedido del letrado la jueza Cabrera descartó el dolo y el favorecimiento de la fuga imputado en una primera instancia y aceptó el cambio de figura penal a la de facilitamiento por negligencia que no se pena con prisión sino con una multa más allá del sumario administrativo que se les siga a los involucrados. Así las cosas, el abogado pidió la libertad de los inculpados y la magistrada se las otorgó bajo una caución de 15 mil pesos a cada uno.
La medida favoreció a los penitenciarios Nicolás Miguel L., encargado del portón 2; su ayudante, Micaela Judith R.; Walter Andrés G., encargado del cuarto de vigilancia; Federico David S., conserje del módulo D; Hernán Rubén C.,jefe de vigilancia del módulo D; su ayudante, Osvaldo Ramón M.; y Juan José L., jefe de requisas. En tanto, seguirán presos por el término estipulado en la primera audiencia el celador del pabellón 13, Ezequiel Alberto F., y su auxiliar Roberto Carlos R., a cargo de los ingresos y egresos de las visitas al predio donde se encontraban con los reclusos.