Después de una intensa semana en la cual se debatió airadamente la situación procesal de los 30 policías detenidos por la desaparición forzada de Franco Casco, el joven bonaerense de 20 años sometido a torturas el 6 de octubre de 2014 tras ser detenido por dos agentes de la comisaría 7ª y cuyo cuerpo apareció 22 días más tarde en aguas del río Paraná, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso la libertad de los cinco uniformados pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos (AI) procesados por encubrimiento agravado. La decisión judicial, conocida la mañana de ayer, no aleja a los mencionados de la investigación de la causa cuyo delito de fondo y los fundamentos se tratarán recién en el próximo mes de febrero, una vez concluida la feria judicial de verano.

La resolución lleva las firmas de los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, Aníbal Pineda y Jorge Sebastián Gallino, y alcanza a los oficiales Aníbal Domingo Candia, quien era titular de la repartición; Sergio Damián Pieroni, quien era subjefe; y los agentes Carlos Alberto Ríos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, quienes permanecían tras las rejas desde los primeros días de septiembre por orden del juez Carlos Vera Barros y recuperaron la libertad bajo caución juratoria.

Los camaristas también dispusieron la libertad de la agente Rocío Guadalupe Hernández bajo caución personal de 100 mil pesos y con la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría correspondiente a la jurisdicción de su domicilio.

En tanto, la Cámara rechazó los pedidos de libertad solicitados por las defensas de los policías Diego José Alvarez, Walter Benítez, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Griner, Enrique Nicolás Gianola Rocha y Esteban Silva. Como así también denegar las apelaciones presentadas por los defensores de los agentes Cecilia Ruth Elisabet Contino y Marcelo Alberto Guerrero.

Argumentos

De acuerdo a los defensores de los cinco policías de Asuntos Internos a favor de los cuales falló la Cámara, éstos estuvieron detenidos por una interpretación a la que consideraron "un enorme desacierto de parte de la Fiscalía Federal, que les atribuye una conducta que jamás realizaron". Y sostienen que "sus acciones no sólo despejaron dudas, sino que señalaron actos sospechosos y desbarataron pistas falsas en cumplimiento de órdenes emanadas de un fiscal".

El juez Vera Barros ordenó la detención de los 30 policías en septiembre sobre la base de la acusación del fiscal federal Marcelo Degiovanni, para quien Casco, de 20 años, fue detenido ilegalmente en la comisaría 7ª entre el 6 y 7 de octubre de 2014, donde fue sometido a apremios ilegales y torturas. Tras ello el joven apareció muerto 22 días después en el río Paraná y todos los policías quedaron acusados de privación ilegítima de la libertad agravada y desaparición forzada.

Los cinco policías de Asuntos Internos están presos desde el 5 de septiembre y todos ellos aceptaron declarar cuando fueron indagados. Posteriormente, sus defensores apelaron en base a tres puntos centrales:

u Que fueron los oficiales de AI los que dejaron en claro que una médica criminalista no pudo haber cumplimentado la noche en que dijo haber revisado a Franco Casco el itinerario por distintas comisarías que sostuvo haber desplegado. Con lo cual fueron ellos los que pusieron de relieve una situación anómala que incluía la posibilidad de que no hubiera visto a Casco.

u Que fueron también dos oficiales de AI los que dejaron saber que la persona que aparecía en un video que mostraba a un joven con apariencia similar a Casco ingresando en una iglesia, en la fecha en que se buscaba establecer su paradero, no era en realidad él. Si esa era una pista falsa fue gracias a la acción de los policías Pieroni y Sosa que en doce horas quedó aclarado que no se trataba de Casco. Y ese video no fue facilitado por AI sino por el inspector de zona de la seccional 7ª.

u Que si los oficiales de AI acudieron a la comisaría 7ª no fue por una decisión autónoma sino por instrucciones de un fiscal. Y esa intervención posibilitó identificar con nombre, apellido y número de documento a los detenidos que estaban en el penal de la 7ª al tiempo que estuvo Franco Casco y ubicarlos luego, cuando ya no estaban allí, para que volvieran a declarar.

En tanto, el planteo del fiscal federal Degiovanni apoyado por el juez Vera Barros para ordenar las detenciones, también señalado por las querellas, discurre sobre que no se tomaron las medidas de prueba fundamentales contra la comisaría, ni se analizaron las irregularidad del sumario policial cuando era obligación de éstos hacerlo. También indican que nunca se abocó AI a investigar la autoría del personal de la 7ª de lo ocurrido con Casco, si había sufrido torturas, golpes o tratos crueles. Que no se analizaron los rastros del crimen en las computadoras de la seccional. Y que AI se volcó "a una falsa búsqueda de un paradero con la finalidad de ocultar el proceder de la comisaría".

Acusación ficcional

Ayer, al conocerse la decisión de la Cámara, el abogado Paul Krupnik (defiende a los policías Escobar y Pieroni) manifestó que "los magistrados han entendido que en estos tres años de investigación, la Fiscalía no ha logrado recolectar ni una sola prueba contra los agentes de Asuntos Internos que los incrimine en esta causa". Y enfatizó que "es una acusación ficcional que tiene como espíritu la idea del juez Carlos Vera Barros de descabezar a Asuntos Internos con un claro direccionamiento e intencionalidad".

Y sostuvo que "más tarde o más temprano la Justicia aparece y las apetencias personales de jueces desviados se desvanecen".

En tanto su par, José Alcacer, recordó que AI "no tiene atribución ni obligación para intervenir sin más en una causa donde esté sospechado personal policial, sólo pueden hacerlo como auxiliares de la Justicia y eso fue lo que hicieron porque la Fiscalía actuante no los instruyó inicialmente a investigar al personal de la 7ª, ni a establecer si la víctima sufrió tratos crueles. Sí hicieron lo que se les pidió. Mientras Casco estuvo desaparecido la Fiscalía les solicitó, 16 días después, colaborar en la búsqueda".

Hasta ahora parece muy sólido que a Franco lo mataron en la comisaría. Hay testimonios de presos que aluden al tormento que sufrió y también una razonable idea de que se utilizó la estructura del Estado para ocultar ese delito haciéndolo desaparecer. De lo que no hay prueba es de que en esa empresa desmesurada hayan participado las 30 personas uniformadas acusadas. Entre ellas los policías de Asuntos Internos.

Y esos cinco policías que ahora recuperaron la libertad, dijo Alcacer, "en cinco años generaron investigaciones que derivaron en la detención de 80 uniformados y en la imputación en delitos de otros 120. ¿Qué motivos tendrían para dar cobertura a efectivos de la 7ª cuando ningún fiscal colocaba a éstos como sospechosos de un ilícito?".

Finalmente, otro de los defensores explicó a LaCapital que "la probabilidad positiva de haber cometido un delito, en la que se basan los procesamientos a estos policías, por más que tenga base legal hoy es un desvarío histórico, más cuando la acusación se basa en indicios. Y ésto genera una idea peligrosa: que cualquiera puede ir a parar a la cárcel con evidencia mínima o nula y en base no a prueba sino a la creencia de un juez o un fiscal".

tribunal. Los jueces Fernando Lorenzo Barbará, Aníbal Pineda y Jorge Gallino adoptaron la decisión.