Policiales

Le imputan un crimen, pero le dan domiciliaria por su coartada

El joven acusado de haber asesinado a Aldo Acosta estuvo esa tarde, minutos después del homicidio, en una audiencia en Tribunales.

Jueves 31 de Diciembre de 2015

Un joven de 24 años fue imputado ayer de participar en el homicidio de Aldo Acosta, un hombre de 58 años asesinado en diciembre de 2014 en Villa Gobernador Gálvez. Sin embargo, el acusado quedó en libertad luego de que se constatara que habría estado en Tribunales el día y horario del hecho. Por el crimen, dos hermanos ya fueron detenidos y acusados en febrero pasado.

En una audiencia celebrada ayer en Tribunales donde se exhibieron algunas discordancias de tiempo que jugaron a favor de la defensa, Enrique Alberto C. fue acusado del delito de homicidio calificado por la participación premeditada de dos o más personas en perjuicio de Acosta.

El hombre de 58 años fue ejecutado de seis balazos calibre 9 milímetros el 19 de diciembre de 2014 en Kennedy e Irigoyen de Villa Gobernador Gálvez, luego de que al menos tres hombres lo convencieran de ir a ver un trabajo de jardinería a pocas cuadras de su casa.

El incidente, en el que también resultó herido en el pecho y en las piernas Anselmo, de 14 años e hijo de la víctima, quedó bajo sospecha de haberse perpetrado como una venganza hacia las denuncias que hizo Norma Acosta, una de las hijas del hombre asesinado, ex mujer de Miguel Angel "Japo" Saboldi, un hombre que en 2013 murió en un incendio intencional en la alcaidía de Jefatura donde estaba detenido luego del dudoso allanamiento a una chacra de Alvear. Desde un principio, la mujer acusó a la familia de Luis "Pollo" Bassi, uno de los acusados del crimen de Claudio "Pájaro" Cantero.

Lo cierto es que a partir de tareas de inteligencia y los dichos del testigo directo y otros protegidos, se logró identificar a Enrique C. como uno de los autores.

Por el hecho también están detenidos e imputados los hermanos Osvaldo "Popito" Z. y Claudio "Polo" Zalazar, a quienes el fiscal de Homicidios Adrián Spelta acusó del mortal ataque y de una seguidilla de robos a camiones de garrafas.

Dudas. En la audiencia de ayer se debía discutir el vencimiento de una prisión preventiva dictada contra Enrique Alberto C. luego de ser acusado del delito de lesiones dolosas graves en un hecho ocurrido el 27 de octubre pasado. Pero como el principal testigo protegido de ese incidente se echó para atrás "por miedo" a represalias, la fiscal a cargo de esa investigación desistió de solicitar la renovación de la medida cautelar, aunque aclaró que seguirá adelante con la acusación.

Frente a ese panorama el juez Gustavo Pérez de Urrechu ordenó la libertad tras el pedido del defensor Ignacio Carbone.

Una vez resuelta esa cuestión, Spelta acusó al joven como coautor del crimen de Acosta. Se basó principalmente en el relato de Anselmo, quien habría identificado al imputado como una de las personas que, tras la balacera, se bajó del auto en el que iba para verificar que estuvieran muertos.

El funcionario expuso evidencias como el señalamiento hacia C. en una rueda de reconocimiento, su testimonio y tareas de inteligencia ordenadas para esclarecer el homicidio.

Cuando el acusado hizo uso de su derecho a declarar, negó rotundamente haber participado del hecho. Su abogado respaldó esa postura al remarcar que no hay apariencia de responsabilidad y puso en duda la declaración de Anselmo porque se formalizó mucho tiempo después del hecho. Y recordó que oportunamente se opuso a la rueda de reconocimiento porque el rostro del acusado se había difundido con anterioridad en diarios judiciales.

Sorpresivo. El letrado introdujo además una elemento sorpresivo y novedoso para sostener su postura. Indicó que el día y hora en que se cometió el ataque su cliente estaba en Tribunales en una audiencia de hábeas corpus a su favor porque habría sido objeto de una persecución injustificada de patrulleros.

Para ello Carbone ofreció una copia del acta donde se deja constancia del trámite y la filmación de la audiencia. Con ello pidió la libertad de su cliente o que se le otorgue prisión domiciliaria.

Al resolver la compleja situación, el juez Pérez de Urrechu valoró que el fiscal presentó evidencias para el caso. Pero también le dio crédito a la cuestión "contundente" esgrimida por la defensa sobre la presencia del acusado en una audiencia en la fecha del asesinato.

Allí se generó la controversia sobre la hora del crimen. Mientras que para la fiscalía podría haber cometido igual el hecho porque según la reconstrucción se produjo entre las 15 y las 15.45, y la audiencia se demoró hasta las 16.15 porque C. llegó tarde, para la defensa era imposible que pudiera recorrer en ese tiempo el trayecto desde Villa Gobernador Gálvez a Rosario.

"Todo esto instala un estado de duda. No pudo haber estado en dos lugares al mismo tiempo ni llegar a Rosario en ese corto lapso", razonó el juez, y evaluó como "sugestivo" que el principal testigo haya demorado un año para declarar, "más allá del miedo".

Si bien el juez hizo lugar a la acusación y avaló que la fiscalía tiene elementos para la imputación, resolvió que C. transite el proceso bajo prisión domiciliaria.

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