Ariel “Guille” Cantero fue detenido el 30 de julio pasado en Granadero Baigorria. Tenía pedido de captura desde febrero por el atentado al micro de hinchas de Newell’s que costó la vida de un chico de 14 años. Cuando lo encontraron descansaba en un amplio chalet en construcción a cuya entrada refulgía una Toyota Hilux modelo 2010 negra. En la declaración indagatoria, preguntado por su ocupación, “Guille” dijo que sus únicos ingresos eran los 300 pesos semanales que recibía como changarín.

A la jueza Raquel Cosgaya le gusta mucho cocinar. Cuando escuchó esa respuesta le dijo a su sumariante: “Tengo marido y cuatro hijos. Si este muchacho compró todos esos bienes con esa entrada semanal, que se venga a mi casa, que lo contrato como ecónomo”.

Si algo persiste en llamar la atención, aunque de novedoso no tenga nada, es la abundancia de vehículos en que se desplazan personas con problemas con la ley. Y el modo en que ellos, sus vehículos, están permanentemente en las noticias. Hace diez días el Mini Cooper de la foto que acompaña esta nota fue tapa de La Capital. Su dueño, Oscar Huevo Ibáñez, había sido detenido tras volcar en una persecución en el acceso sur. Antes del choque, su auto modelo 2010 estaba cotizado en unos 40 mil dólares.

Los hermanos Chapita y René Ungaro —el último preso por el homicidio de Pimpi Camino— solían trasladarse en un BMW rojo. El mayor de ellos, según cuenta la misma policía, ahora tiene un Audi. Cuando allanaron la casa de la familia Cantero, a la que se le atribuye el control del tráfico de drogas en Las Flores, decomisaron un Mini Cooper Aston Martin 2008 valuado en 30 mil dólares. En las fotos que se usaron para apresar a varios de los detenidos por la emboscada al micro de febrero aparece un BMW blanco propiedad de “Guille” Cantero, el mismo joven que declaró ganar 300 pesos semanales. Paquito Ferreyra, muchas veces preso por cuestiones de violencia ligadas a la barra de Rosario Central, conducía un BMW gris metalizado al protagonizar una recordada trifulca en el casino de Victoria en 2007.

A menudo es muy costoso obtener las pruebas para imponer una privación de libertad o una sanción penal a personas que aparecen mencionadas en hechos de violencia. Harto más difícil cuando éstas tienen capacidad económica. Por eso es extraño, o ampliamente sugestivo, que no haya una preocupación estatal en las autoridades de la provincia de Santa Fe —judiciales, ejecutivas, legislativas— por establecer una conexión entre los implicados en acontecimientos reñidos con la seguridad pública y los bienes económicos de que disponen a cielo abierto.

Al Huevo Ibáñez lo investigó la Policía Aeroportuaria por comercialización de estupefacientes pero nunca, ni esa fuerza de seguridad ni otra, le encontraron indicios que ameriten la instrucción de una causa. En La Tablada hay miembros de una familia que vive de rentas formidables de una fortuna cuyo origen oficialmente nadie conoce, aunque en su barrio saben muy bien de dónde sale la plata para adquirir inmuebles, una veintena de autos o contratar a Luciano Pereyra para un show en el boliche propio.

En la provincia de Santa Fe campea una peligrosa orfandad funcional: no es que no existan los organismos para esclarecer la ruta del dinero procedente del crimen, sino que esos organismos no lo piden ni lo hacen. A veces por escasez de recursos humanos o técnicos, otras veces por ausencia de tradición persecutoria, dado que es menos costoso y fácil perseguir delitos de pobres diablos que de personajes complejos. Pero ni la Justicia provincial, ni la federal —a la que le corresponde enfocar la evasión y el delito económico — ni los organismos recaudatorios como la Afip o la API responden de manera asociada a la evidente necesidad pública de hacerle frente a la criminalidad económica, que es artífice invisible de la violencia en la calle.

El ejemplo es trillado: la tarjeta personal de Al Capone decía “vendedor de antigüedades”. Y Capone no fue tumbado por ninguno de los cientos de asesinatos mafiosos con que regó las calles de Chicago, sino por no poder acreditar el pago de impuestos de sus suntuosos bienes.

De vuelta al pago, nada deja de ser comprensible en el contexto de una sociedad donde honorables de cuello blanco, a los que nunca se percibe como delincuentes, desangran con sus evasiones al Estado al que luego le exigen respuesta indignada por el delito callejero. Las instituciones estatales inactivas para perseguir a violentos de los niveles más bajos —los únicos que se perciben socialmente— son las mismas que están neutralizadas por los de los peldaños más altos. Desde estos escalones apuestan a que los organismos de control queden como están al día de hoy: desconectados entre sí e ineficaces por ello.

Rosario se llena de edificios a partir de fideicomisos donde alternan inversores genuinos con otros no tanto igualados a los primeros en el común requisito de no decir de dónde sacan la plata. En la ciudad se compran propiedades y vehículos en parte gracias a la prosperidad del mundo rural, donde promedian los que pagan sus impuestos con los que, como saben en cada pueblo donde se leerá esta nota, comercializan en negro todo lo que pueden. La evasión en el agro en ganancias e IVA es la más alta de la economía.

En la serie de TV The Wire, traducida en Argentina como “La escucha”, un grupo antinarcóticos le encuentra 20 mil dólares a un individuo que no tiene cómo justificarlos, pero es obligado a desistir de la investigación acusatoria. El mando medio policial devuelve la bolsa con la plata y con decepción murmura a un colega: “Cuando uno empieza a tirar de una bolsa de estas nunca sabe qué tan arriba puede llegar”. El receptor de la bolsa era chofer de un senador.

Las unidades creadas para controlar el lavado de dinero como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores, la Sindicatura General de la Nación y hasta la Auditoría General de la Nación son instancias no requeridas por los organismos de persecución penal de una provincia que no tiene un solo evasor de impuestos condenado. Algo tan increíble merece reiteración: si fuera por sus instituciones, se diría que nadie infringe la ley penal tributaria en territorio santafesino, ni nadie lava dinero.

Ninguno de los delincuentes “peligrosos” que se mueven en la calle con autos fulgurantes podrá ser perseguido hasta que lo sean las concesionarias que les venden los vehículos de alta gama, las constructoras que les venden sus pisos, y los profesionales que los asesoran. Los que deben tomar la decisión, si demoran, es porque saben que, tarde o temprano, llegarán a esta punta del ovillo.