En medio del conflicto desatado por los productores agropecuarios, los cortes de ruta en gran parte de la provincia y el temor de los vecinos al desabastecimiento de mercaderías, la noticia pasó un tanto desapercibida. Sin embargo, en la Legislatura santafesina aún perduran los ecos de uno de los hechos políticos más relevantes ocurridos allí desde el retorno de la democracia. Unos 200 vecinos de Santa Fe, encabezados por los padres de una chica asesinada una semana antes al sufrir un robo cuando volvía del trabajo a su casa, irrumpieron en plena sesión del Senado y exigieron a los legisladores que interrumpan la sesión para constituirse en comisión y tratar sobre tablas un petitorio en el cual reclamaban —en forma desordenada y sin tener en cuenta las incumbencias jurisdiccionales de los poderes del Estado— mayores medidas de seguridad para la población.

  Tras un par de horas de extrema tensión, finalmente los senadores redactaron y rubricaron un proyecto de comunicación dirigido a los ejecutivos provincial y municipal y al Congreso de la Nación en cuyo texto se piden cosas que son ajenas a la legalidad democrática, como acciones sumarias de la policía, y que representan avances sobre garantías constitucionales.

  Todo empezó a desencadenarse la noche del viernes 30 de mayo cuando Daiana Ruiz, de 22 años, volvía a su casa de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe tras una jornada de trabajo. Entonces, un muchacho armado la interceptó a pocos metros de la puerta de su casa y le arrebató la cartera. La chica intentó reaccionar pero recibió un tiro a quemarropa en el pecho. A pesar de que sus padres la asistieron y la llevaron a un hospital, la joven falleció pocos minutos después.

Invasión. Desde ese mismo momento, Carmen y José Luis Ruiz, los padres de Daiana, cargaron su pesada mochila de dolor al hombro y salieron a reclamar justicia. Entre martes y miércoles se entrevistaron con el gobernador Hermes Binner y con el juez que investiga el homicidio. En tanto, el jueves encabezaron una marcha hacia la Legislatura para hacer oír sus reclamos a los senadores y diputados de la provincia. Los acompañaron en esa ocasión unas 200 personas, familiares de víctimas de la incesante inseguridad que azota la capital provincial. Pero no se anunciaron en la puerta ni esperaron ser atendidos por los legisladores. Se mostraron cansados de promesas y decidieron irrumpir en medio de la sesión de la Cámara alta. "¡Me van a tener que escuchar. Mi hija murió y no va a ser un número más!", gritó la madre de la joven asesinada.

  Entonces, la gente rodeó a los 19 senadores provinciales, que quedaron mudos en sus bancas, y exigieron a la titular del Senado, la vicegobernadora Griselda Tessio, a que declare a la Cámara en comisión (mecanismo que permite debatir cuestiones con urgencia) para redactar en el estrado presidencial un proyecto de comunicación dirigido a los poderes ejecutivos nacional y provincial con una decena de puntos expuestos en un petitorio por ellos redactado.

Mano dura. "Acá están, acá están. Entren todos a ver si se enteran de lo que pasa en la ciudad", fue el grito de la gente que empezó a colmar las barras y los pasillos del recinto. La exigencia estuvo dominada por las posiciones de "mano dura".

  "¿Qué esperan, que les maten un hijo para actuar?", dijeron los vecinos y enseguida reclamaron: "Queremos que los delincuentes se pudran en las cárceles" y que "no haya derechos humanos" para los detenidos. Asimismo, reclamaron que la policía "directamente mate" a los que cometan delitos.

  Los senadores terminaron aprobando un proyecto de comunicación, es decir una minuta sin fuerza de ley, que reprodujo en parte el petitorio con el cual los manifestantes habían arribado. En primer término, la iniciativa demanda al Congreso Nacional la sanción de una modificación al Código Penal para que se castigue con reclusión perpetua a todos los autores de crímenes e incluso que se alcance a los padres de los menores de edad que los cometen.

También contiene medidas que son resorte del gobierno provincial, como "el reforzamiento de los patrullajes callejeros y la instalaciòn de nuevos destacamentos en los barrios" santafesinos. Y en otros casos exigen decisiones políticas del municipio, entre ellas el "mejoramiento del alumbrado público y la apertura de calles que permita un mejor patrullaje".

Silencio y pedidos. La presencia de los vecinos santafesinos en la Cámara de Senadores tuvo diferentes repercusiones entre los legisladores. Mientras la vicegobernadora Griselda Tessio prefirió refugiarse en un cerrado hermetismo, la bancada justicialista anticipó que pedirá explicaciones a la número dos del Ejecutivo provincial sobre cómo se desencadenaron los hechos que terminaron con el inédito copamiento, y los socialistas reconocieron las desprolijidades del momento pero reconocieron que es prioritario en esta gestión escuchar y estar abiertos a las demandas de la gente.

  "Creo que se cometieron algunas desprolijidades que llevaron a que la gente pueda entrar al recinto e interrumpir la sesión. Por eso, deberemos trabajar sobre ésto para que no se vuelva a repetir", comentó ayer el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Eduardo Di Pollina. El legislador aclaró que, no obstante, "esta gestión tiene como premisa escuchar las demandas de la gente como se hizo con las víctimas de las inundaciones, pero queremos que el diálogo se canalice por los caminos institucionales y no como ocurrió el jueves".

  A su turno, el senador justicialista Juan Carlos Mercier sostuvo que "la gente se cansó, dijo basta y tienen razón" y manifestó que a los legisladores "también nos duele ver jóvenes muertos y personas que son objeto de los delitos". En ese orden contó que "la carencia de recursos, tanto en lo que hace a acciones para corregir la inclusión social como la prevención del delito, deben ser encaradas por el gobierno provincial".

  Más allá de este diagnóstico, y no obstante comprender la legitimidad del reclamo del jueves, los integrantes de la mayoritaria bancada opositora de la Cámara alta santafesina pidieron explicaciones al destacamento policial que funciona en el edificio legislativo al considerar que los hechos registrados el pasado jueves fueron de "extrema gravedad".

  Allí recibieron como contestación que "hubo una orden para permitir el paso a los ciudadanos (al interior del edificio legislativo) pero la magnitud de la protesta sobrepasó a todos", y terminó con la gente manifestando en plena sesión y en medio de las bancas de los legisladores.