"Ratificamos la existencia de numerosos elementos que permiten afirmar que a Franco lo sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes". La Multisectorial contra la Violencia Institucional salió al cruce de las defensas de siete de los policías procesados por el asesinato de Franco Casco, el pibe Florencio Varela que hallado en el Paraná tras estar detenido en la seccional 7ª en octubre de 2014. Las defensas de los policías procesados presentaron el viernes ante la Fiscalía Federal 1 dos fotos extraídas de la cuenta de Facebook de Franco y de su ex cuñado que, sostienen, prueban que la víctima había perdido piezas dentales antes de estar detenido en la comisaría de barrio Agote, donde fue golpeado. "Hay distintos elementos probatorios como fotos y testimonios de detenidos que declararon los maltratos a golpes de puños y patadas que escuchaban como le infligían a Franco durante horas", indicó la Multisectorial en un comunicado.

El viernes pasado los abogados Germán Mahieu, Carlos Racamato, Antonella Travesaro, José Luis Giacometti y Eduardo Sosa, defensores de siete de los acusados por el crimen de Franco, presentaron un escrito con la intención de que se incorporen en el expediente dos fotos. Según denunciaron las fotos son prueba de que el joven no había perdido las piezas dentales en medio de una brutal golpiza dentro de la comisaría 7ª sino que le faltaban desde al menos un año antes de su ingreso a la seccional 7ª.

Desaparición

Franco tenía 20 años y era oriundo de Florencio Varela. Había llegado a Rosario para visitar familiares en Empalme Graneros. Su plan era volver en tren a Retiro el 6 de octubre de 2014, pero nunca lo abordó. Cuando su familia lo buscó en comisarías, en la seccional 7ª de barrio Agote retacearon la información.

El cuerpo de Casco apareció flotando en el Paraná el 30 de octubre de 2016 con signos de tortura. Tras una fallida pesquisa en la Justicia provincial, el caso pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada de persona. A partir de la investigación del fiscal Marcelo Degiovanni, el juez Carlos Vera Barros procesó en octubre pasado a 30 policías, con distintos grados de participación, por el delito que comenzó con la detención irregular de Franco y el ocultamiento de información sobre su paradero, agravado por su aparición sin vida.

Vera Barros halló elementos para inferir que Casco había sido detenido la noche de 6 de octubre de 2014 y sometido a torturas en un calabozo de la 7ª. Por eso procesó como coautores de la desaparición forzada a 25 policías que entonces prestaban servicio allí. A tres les agregó el delito de torturas seguida de muerte y a 15 como partícipes secundarios. Y cinco efectivos de Asuntos Internos fueron procesados por encubrimiento.

Ese fallo apelado y revisado por los camaristas Fernando Lorenzo Barbará, Aníbal Pineda y Jorge Sebastián Gallino, quienes reorganizaron los procesamientos en tres grupos: coautores de desaparición forzada y tormentos; partícipes secundarios de la desaparición forzada, y encubrimiento. Así, la Cámara dictó la falta de mérito para 12 de los procesados y reformuló la imputación para los 18 restantes —once siguen con prisión preventiva— que, se prevé, llegarán a juicio oral.

Contradicción

"Estas fotos vendrían a contradecir las pericias odontológicas producidas por el cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que las cavidades donde se alojaban las piezas dentarias faltantes presentaban características vitales, que indicaban haber sido perdidos en vida y de forma traumática", explica el documento de la multisectorial en la que coexisten más de 20 agrupaciones defensoras de derechos humanos, activismo de víctimas, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Públicamente la organización se presentó acompañando a familiares en tres causas resonantes: Franco Casco, Gerardo "Pichón" Escobar y Jonathan Herrera.

La multisectorial resaltó que en julio pasado, más de dos años después del inicio de la causa y "en una situación de suma gravedad institucional", se incorporó al expediente "una pericia realizada a solicitud del Instituto Médico Legal que indica que el desprendimiento de las piezas dentales no había sido traumático sino que se debía a una mala salud bucal". El argumento para esa presentación fue que la pericia se había traspapelado.

"Es imperante aclarar de que los abogados querellantes aún no han tenido acceso a estas fotos, por lo cual en primer lugar se debe deducir la veracidad y fidelidad de las mismas", indicaron. Además la organización exigió al Poder Judicial "la protección de los testigos del caso y el respeto de los derechos de las víctimas".