Policiales

La provincia tiene 120 presos bajo el control de tobilleras electrónicas

Son aquellos que accedieron al derecho de la detención domiciliaria. El 85 por ciento del total se concentra en Rosario y ciudades vecinas.

Domingo 18 de Noviembre de 2018

A un año y medio de la implementación en Santa Fe del control mediante tobilleras electrónicas de aquellas personas a las que se les concede el derecho de la prisión domiciliaria, el dato saliente es que el departamento Rosario concentra el 85 por ciento del total distribuidos en toda la provincia entre personas en conflicto con la ley. Hasta el momento se colocaron 120 dispositivos de los 150 disponibles, mientras el gobierno provincial aguarda que la Nación envíe otras 250 que comprometió a través de un convenio suscripto con el Ministerio de Justicia. En este tiempo se probó como un instrumento eficaz para monitorear que las personas respeten las limitaciones y ahora se intenta amalgamarlo con la Oficina de Medidas Alternativas Sustitutivas de prisión (Omas), una experiencia piloto que funcionó entre 2012 y 2015 bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, pero que no logró continuidad por falta de presupuesto y recursos.

El debate y los recursos

Una seguidilla de hechos violentos y homicidios cuyos protagonistas eran personas condenadas o en prisión preventiva morigerada (como en el caso de Ricardo Albertengo, ver aparte) dispararon hace dos años el clamor social respecto a la necesidad de imponer controles más estrictos sobre potenciales reincidentes en el delito.

Luego de sondeos y pruebas piloto, a fines de 2017 el gobierno provincial firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para la implementación de las tobilleras electrónicas como herramienta que facilita el monitoreo de condenados, acusados o imputados en delitos graves, y que por distintas razones son autorizados a transitar las medidas cautelares bajo arresto domiciliario, previa resolución de un juez.

En ese marco, el subsecretario de Asuntos Penales de la provincia de Santa Fe, Lisandro Martínez Gorostiaga trazó un diagnóstico sobre la marcha del programa. Confirmó que ya se asignaron 120 tobilleras, de las cuales el 80 por ciento corresponde a personas en prisión preventiva (imputados o acusados que no llegaron a juicio) y un 20 por ciento a condenados.

La mayoría están distribuidas en Rosario (70) y Santa Fe (19), el resto en localidades como Fray Luis Beltrán, Roldán o Villa Gobernador Gálvez. En esta última ciudad hay 10 personas con el dispositivo, y aparece como una proporción alta respecto a otras ciudades con similar densidad poblacional. Según esos números ofciales, casi un 85 por ciento de los dispositivos se han repartidos entre Rosario y el Gran Rosario.

Complementar

Aunque el funcionario ponderó la eficacia del sistema, aclaró que el mismo "no evita una fuga, sino que entrega un diagnóstico para determinar si una persona cumple con la orden judicial. No es la única medida que tiene a mano el juez para otorgar la prisión domiciliaria. Hay otras restricciones, como firmas semanales en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), garantías personales, visitas periódicas y sorpresivas al domicilio, reglas de conducta", enumeró.

"Si se pone como única condición la tobillera, se está supeditando una decisión judicial a una herramienta tecnológica; y eso no evita que el usuario se vaya. Se trata de un monitoreo que registra las veces que intentó moverse del domicilio. Marca al fiscal y la defensa la voluntad de la persona de cumplir o no con el beneficio que le otorgaron", agregó.

Si bien valoró que tanto fiscales como jueces y defensores de Rosario asimilaron y entendieron el protocolo elaborado por el Ministerio de Justicia para articular el uso de la tobillera, también estimó necesario poner en marcha medidas complementarias en colaboración con el Poder Judicial, para un control "constante y continuo".

En ese sentido, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ve necesaria la posibilidad de que la Corte Suprema de Santa Fe reflote la oficina de salidas alternativas. "Sería importante que vuelva a funcionar, porque de esa manera habría personal del Poder Judicial controlando. Nosotros tenemos personal que realiza visitas ambientales, pero la Omas trabaja con equipos interdisciplinarios, seguimientos individuales y un abordaje integral".

Experiencia piloto

La Omas monitoreaba a los imputados bajo prisión morigerada y fue una experiencia piloto que funcionó bajo la coordinación de la presidencia de la Cámara Penal (jueces de segunda instancia), pero dejó de operar el 31 de julio de 2015 por falta de presupuesto. Ahora se procura ponerla nuevamente en marcha para que funcione como complemento del rastreo por GPS.

Mientras que la implementación de las tobilleras parece una herramienta eficaz a la hora de controlar el cumplimiento de medidas cautelares bajo modalidad domiciliara, Martínez Gorostiaga descartó la faltante de dispositivos, según esgrimieron algunos defensores en audiencias desarrolladas en el Centro de Justicia Penal rosarino.

"Previo a una audiencia, los defensores tienen la posibilidad de preguntar si se puede implementar ese mecanismo a través de un correo electrónico disponible en la Defensoría Regional. De acuerdo a las condiciones técnicas (señal de telefonía celular, zona geográfica apta para delimitar o nivel de comunicación con el 911), el Ministerio de Justicia contesta si es factible. Luego depende de la resolución que adopte el juez, quien a su vez informa a la OGJ a través de un oficio".

Según el subsecretario de Asuntos Penales, se aguarda que la Nación envíe el resto de las tobilleras estipuladas en el convenio, pero eso no obtura que la provincia pueda generar los mecanismos administrativos para un llamado a licitación si es necesario.

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