El gobierno de Santa Fe realizó una presentación judicial tanto en el fuero federal como en el provincial por el encuentro que mantuvo el falso abogado Marcelo D'Alessio con Ramón "Monchi Cantero" Machuca, uno de los líderes presos de la banda de Los Monos, en el Centro de Justicia Penal (CJP) durante el juicio llevado adelante contra el grupo de barrio Las Flores. El anuncio fue realizado ayer por los ministros de Seguridad y de Justicia, Maximiliano Pullaro y Ricardo Silberstein, quienes adelantaron el pedido de que se investigue la posible comisión de los delitos de espionaje ilegal, asociación ilícita y extorsión. El objetivo es determinar puntualmente las maniobras que surgieron como novedad en la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla junto con revelaciones periodísticas que señalan que D'Alessio mantuvo dos reuniones con Machuca, entrevistas corroboradas por medio de los registros de firmas en el CJP.
Puntualmente, el escrito hace alusión a la violación del artículo 247 del Código Penal sobre usurpación de título y pide que se investigue posibles "lazos de conexiones entre D'Alessio y Guille Cantero, detenido en el penal federal de Ezeiza". Solicita también que se ordenen los peritajes telefónicos correspondientes, análisis de los libros de visitas del detenido en la cárcel de Ezeiza, filmaciones y todo lo que ayude a echar luz sobre esta situación. También se pide que se le oficie al juzgado de Ramos Padilla un pedido de información por una carpeta que figura con el nombre de "narcotráfico Rosario".
La presentación del gobierno hace referencia a notas periodísticas emitidas la semana pasada por Radio 2 y el portal Rosario 3 en las que, según Monchi Cantero, D'Alessio entabló conversaciones con Lorena Verdún, madre de los hijos del ex líder de Los Monos Claudio "Pájaro" Cantero, para contactarse con miembros de la banda, durante el juicio por asociación ilícita y cuatro homicidios, que terminó con condenas para 19 de los 25 juzgados. Según las notas D'Alessio se presentó a Monchi como "la mano derecha del gobierno nacional en materia de narcotráfico". Fue Monchi quien relató al medio este detalle.
Autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio de Seguridad constataron tras la emisión de las notas que durante el juicio D'Alessio efectivamente acudió en dos ocasiones al CJP de Sarmiento y Rueda. En la segunda ocasión, el 18 de febrero de 2018, D'Alessio se entrevistó con Monchi en la alcaidía situada en el subsuelo, en presencia de los abogados Fausto Yrure y Carmen Varela. Ese encuentro fue también confirmado por el propio Machuca en una presentación que realizó ayer ante el MPA para que se investigue si D'Alessio proporcionó información al juez Juan Carlos Vienna en la causa en la que terminó condenado.
Es a partir de los contenidos vertidos en esas notas y de lo que planteó el juez Ramos Padilla sobre acciones de D'Alessio en casos de narcotráfico en Rosario que el gobierno provincial realizó las denuncias para que se establezca qué vino a hacer el falso abogado a la provincia. En la Justicia Federal la presentación cayó en la fiscalía de Claudio Kishimoto y en el fuero provincial le fue presentado al fiscal General Jorge Baclini, ya que tiene varios delitos cruzados que podrían ser derivados a distintas fiscalías.
La conferencia
"Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 D'Alessio mantuvo reuniones con Monchi Cantero: la primera vez acompañado de un periodista y otra como asesor del estudio de abogados que los defendía y aún los defiende. Está en juego la institucionalidad de la provincia y un caso muy complejo de extorsión. Es más, aparentemente se le dijo a Cantero que si no hacía algunas acciones puntuales en contra de la provincia se le iban a mover determinadas causas", dijo ayer Silberstein en conferencia de prensa.
"Este mundo —agregó— del que opera entre supuestos servicios de inteligencia le hace mucho daño a la política y al Poder Judicial. La gente tiene que conocer lo que hace a las instituciones. La posibilidad de apartar jueces, presionar y hacer operaciones hace un daño enorme. En esta provincia los 250 jueces tienen estabilidad y así se busca la independencia. A esto apuntó también el juicio oral y otras modificaciones que estamos haciendo".
Por su parte, Pullaro sostuvo en la conferencia la pretensión del gobierno de "echar luz a esta situación. ¿Qué hacían servicios de inteligencia en Santa Fe manteniendo vinculación con sectores criminales que pretendían desprestigiar al gobierno de la provincia? Trabajamos para darle respuestas a los santafesinos y esas respuestas fue meter presos a todos delincuentes, principales organizaciones delictivas que tenían visibilidad en la provincia. Creemos que los hechos que acontecieron no son pensados desde las cárceles, que es el lugar donde hoy están detenidos las principales bandas delictivas, si no desde otros lugares".
Tensiones
"Durante los últimos años —agregó el ministro de Seguridad— vivimos situaciones complejas que pusieron en tensión a los diferentes poderes del Estado. Entre ellas están las balaceras el año pasado a edificios de la Justicia, a domicilios de jueces, fiscales y personas que trabajaban en el Poder Judicial y lo que se pretende es que una investigación en la Justicia provincial y federal pueda probar la vinculación de estos sectores de inteligencia con esos hechos. Esta probado que se llevaron adelante estos delitos y que esta banda fue el brazo ejecutor. Tenemos que saber quien los pensaba".
Para Pullaro "hoy hay claramente una punta que puede ser investigada, porque no es normal que un hombre que se presente como servicio ingrese con los abogados de un imputado y que vaya al Centro de Justicia Penal y quiera hacerse pasar como testigo de una causa. Los últimos años vivimos situaciones que iban mas allá de los ejecutores y que podían tener que ver con servicios de inteligencia, hacemos esta denuncia para que la Justicia investigue", definió.
