Policiales

La merma del ingreso de drogas a las cárceles alimenta la violencia interna

La Dirección de Sanidad de las prisiones reconoce el problema, que se acentuó con el corte de las visitas. Ayer se sofocó otra revuelta en Coronda.

Viernes 27 de Marzo de 2020

Un fuerte factor de conflictividad en las prisiones santafesinas son las situaciones de abstinencia en la población carcelaria debido a la merma en el ingreso de estupefacientes y psicotrópicos. La decisión de cortar las visitas para evitar la circulación del coronavirus tuvo como delicado coletazo el descenso de la circulación clandestina de drogas. Algo que alienta la violencia interna en una semana en la que hubo incidentes con cinco muertos y alzamientos reiterados.

Las revueltas sangrientas del lunes dejaron un muerto en el penal de Coronda y cuatro en el de Las Flores. Los incidentes se reanudaron en la primera de esas prisiones la noche del miércoles con importantes tumultos en varios pabellones, lo que dejó varios heridos. Las protestas se habían originado en reclamos sanitarios basados en la intranquilidad de los presos por estar en lugares muy propicios al contagio del Covid-19 y el corte de las salidas transitorias. Pero las tensiones se disparan hacia distintos objetivos, algunos propios de rivalidades internas, que voceros del gobierno provincial califican como de muy difícil control.

Vías interrumpidas

Fuentes de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario (SP) indicaron que este marcado clima de inquietud tiene un fuerte incentivo en la brusca disminución del ingreso a las cárceles de sustancias prohibidas. "Normalmente tenemos situaciones de abstinencia producto de la falta de ingesta en quienes tienen consumos problemáticos. Esto ahora también está pasando y en esta coyuntura especial nos preocupa especialmente", sostuvo un profesional consultado.

Dada la naturaleza clandestina de la circulación de drogas, una de las tantas dificultades del problema es nombrarlo. Pero la complejidad del momento ha exigido a los funcionarios del Estado sacarlo del silencio. El tránsito de sustancias prohibidas hacia la cárcel se genera fundamentalmente en el acceso de visitas, en el retorno de los internos que tienen beneficios de salidas y en la introducción que hacen empleados penitenciarios infieles. Hoy las dos primeras vías están interrumpidas.

"Sabemos que la cantidad de pastillas o sustancia es mucho menor y eso es motivo de consulta con el área de Salud Mental de la Dirección que tiene que ocuparse de una demanda de contención que en este momento es muy fuerte" dijo la fuente consultada.

El asunto inquieta también a los defensores públicos, que sin embargo no lo mencionarán porque hacerlo supone delatar a sus asistidos. "La abstinencia por la falta de sustancias nos preocupa tanto como el tema de los muy reducidos recursos que tiene el SP para afrontar esta situación, en la que también hay hacinamiento, falta de agua, comida escasa y presos enfermos que reciben su medicación por parte de sus familias en las visitas", dijo uno de los defensores públicos de Rosario.

Se ve en estos días cómo el problema de la presencia de drogas en las cárceles tiene como contracara un problema mayor: la falta de ella. "Al margen de la discusión legal hay que saber que en la cárcel cualquier cosa que se haga de golpe y rompa con todo trae como rebote un conflicto enorme. Ésto es lo que pasa ahora. Se trata de evitar el ingreso masivo de gente, lo que tiene lógica en el marco de un decreto presidencial. Pero si se corta el consumo en los pabellones habrá violencia", dijo un ex funcionario del SP.

En las cárceles provinciales, lo que más se secuestra proviene de la requisa a las visitas o en los pabellones, pero es a nivel de menudeo. Se encuentra allí cocaína de mala calidad y muy rebajada, pastillas tranquilizantes o trozos de marihuana prensada. La experiencia de funcionarios de prisiones indica que la afluencia de personas desde el exterior es lo que provee para ese consumo. Precisamente eso se interrumpió el fin de semana pasado, seguirá el que viene y nadie sabe cuándo se reanudará.

Esto ocurre en días en que el panorama en las prisiones es extremadamente frágil y que para las autoridades está lejos de resolverse. Los alzamientos de anteanoche, que en Coronda terminaron a la madrugada, tienen como base lo mismo que detonó los levantamientos trágicos del lunes. Lo que se busca en estos días en todas las cárceles nacionales son estrategias para descomprimir a la población interna con planteos que no alcanzan consenso. Se acepta que las prisiones son lugares muy propicios para el contagio. Pero hay diferencias sobre los modos de actuar ante la emergencia.

Excarcelaciones

Desde que se inició la emergencia por la pandemia de coronavirus, solamente en Rosario se presentaron 80 pedidos de excarcelaciones para presos que se encuentran en unidades penitenciarias. La reiteración de estos reclamos de parte del Servicio Público de la Defensa motivó una instrucción del fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, para que los fiscales rechacen estos reclamos que los defensores fundamentan en la emergencia sanitaria.

Al mismo tiempo la jueza penal de Santa Fe Susana Luna hizo lugar al hábeas corpus presentado por la defensora provincial Jaquelina Balangione luego de constatarse que las medidas de seguridad para prevenir la pandemia Covid-19 no se estaban cumpliendo de modo efectivo en cárceles provinciales y lugares de detención. La jueza ordenó medidas más estrictas de higiene y alimentación.

En general los defensores públicos recogen demandas de presos que están afectados por patologías clínicas previas, muchas veces enfermedades respiratorias que en las cárceles son habituales, que los coloca en especial riesgo frente a la difusión del Covid-19. En todo el país se pide, para descomprimir las cárceles, acelerar las prisiones domiciliarias de los que están cerca de acceder a esos beneficios.

Frente a eso Baclini apeló, para negarse, a que el decreto del presidente Alberto Fernández dispuso en todo el país el aislamiento obligatorio y la permanencia de las personas en el lugar que se encuentran. Es producir traslados hacia los domicilios, dice el fiscal general, lo que puede generar riesgos de contagio, tanto para el propio interno como para terceros. La prisión domiciliaria, agrega por último, corresponde en los casos que regula la ley, o en caso de que para un interno enfermo estar en la cárcel le impida recuperarse o tratar adecuadamente su afección.

Afuera es peor

Para Baclini se debe entonces analizar en cada caso y cuando la persona está por sus cuadros específicos en riesgo de contagiarse. En ese sentido remarcó que deberán reforzarse las medidas de control en los ingresos a las cárceles. La circulación de internos en el exterior es lo que generará más riesgos. Y en base a eso los fiscales deben oponerse a las excarcelaciones. Siempre decide en última instancia un juez.

Balangione, por su parte, impartió ayer instrucciones a raíz de los nuevos motines de Las Flores y Coronda para que los defensores públicos interpongan a partir de ahora hábeas corpus individuales por situaciones muy puntuales de reclusos en riesgo sanitario concreto.

Esta postra está más cerca de lo que piden en el Poder Ejecutivo santafesino: que los poderes autónomos en esta emergencia no decidan solos sino sentados todos en una mesa de coordinación. "Sabemos que los defensores piden por los derechos de los internos en una situación inédita. Pero producir pedidos generales que después no sean satisfechos puede generar expectativas que, al ser desairadas, producen más tensión", indicó un funcionario del gobernador Omar Perotti.

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