Contratos de compraventa de propiedades, transferencias de vehículos, escrituración de campos, licitaciones de obras públicas y operaciones millonarias pasan por las timbradoras de Rentas. Allí se detectó la estafa que tiene como damnificada a la provincia de Santiago del Estero. El monto del fraude, que habría comenzado en 2005, aún se ignora. Pero el Estado provincial hizo un reclamo civil por más de 4 millones de pesos.

La maniobra consistía en adulterar las timbradoras para que las operaciones no quedaran registradas. Así, el dinero que los contribuyentes pagaban en sellados iba a los bolsillos de particulares.

El abogado José Eduardo Herrera cree que los timadores hicieron fortunas. A modo de ejemplo, explica que una operación de 10 millones de pesos tributa 120 mil en sellados. Para el profesional, la maniobra se habría realizado entre los titulares de los contratos y los empleados infieles.

El juez Juan Jorge, que investiga la defraudación, imputó a ocho empleados estatales y cuatro gestores. Ocho acusados recuperaron la libertad tras pagar fianzas de 300 mil pesos. En la casa del empleado Miguel Angel Leguizamón se encontraron 240 mil pesos que justificó como "ahorros". También fueron acusados los empleados Roque Silva, Ariel Carabajal, Gustavo Domínguez, José Aranda y la directora de fiscalización, María Virginia Cura. Algunos empleados habían adquirido costosas viviendas, objetos suntuosos y autos pese a cobrar sueldos no superiores a los 2.500 pesos.