Policiales

La Justicia volvió a poner la lupa sobre la computadora del empresario narco Luis Medina

El magistrado Juan Carlos Curto dirimió la competencia para investigar la manipulación  de la computadora del empresario asesinado en diciembre de 2013 en el sur de Rosario.

Viernes 27 de Febrero de 2015

Cuando ya transcurrieron 14 meses del crimen con sello mafioso del que fueron víctimas el empresario Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli en la zona sur de la ciudad, y como consecuencia de ello el affaire desatado por las supuestas irregularidades en la inspección técnica de su computadora portátil por parte de dos funcionarios provinciales, ayer se realizó una audiencia y se resolvió que la causa sea tramitada en el nuevo sistema penal.
  La pesquisa judicial se inició a partir de la denuncia de los diputados provinciales Eduardo Toniolli, Gerardo Rico y Mariana Robustelli, pertenecientes al Movimiento Evita, quienes pusieron en consideración de la Justicia la conducta del secretario y del subsecretario de Tecnologías para la Gestión dependientes del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado provincial, Javier Echaniz y Martín Degrati respectivamente. Es que tras el crimen de Medina y su pareja, ocurrido el 29 de diciembre de 2013 en al acceso Sur y Ayolas, la policía secuestró en la habitación del hotel donde se hospedaban las víctimas una Mac Ultrabook del empresario.
  Aquel día la ex jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara estaba de turno, pero no se hizo presente en el lugar y nunca contestó los llamados al teléfono del juzgado, por lo que fue sancionada en una causa que se tramita aparte. Entonces la causa pasó por varios jueces en pocas horas y la computadora fue llevada a la sección Pericias Informáticas de Jefatura, oficina a la que poco más tarde arribaron los mencionados funcionarios para “colaborar” con el desbloqueo de la computadora, algo que supuestamente los técnicos de la policía no pudieron hacer. Esa “intromisión” motivó la denuncia de los legisladores, quienes además fueron aceptados como querellantes.
  La presentación ingresó al juzgado de Instrucción a cargo de Alejandra Rodenas, que investiga el doble homicidio, cuando ya regía el nuevo modelo de enjuiciamiento. La magistrada se declaró incompetente y giró el caso al nuevo modelo penal. Pero el juez José Luis Suárez determinó que no le correspondía intervenir en la causa, aunque un camarista resolvió en contrario.

Otra denuncia. Entonces el fiscal Adrián Mc Cormack intervino en el caso y a fines de 2014 advirtió, según dijo en la audiencia realizada ayer y presidida por el juez Juan Carlos Curto, que el diputado provincial justicialista Carlos Acuña había presentado un denuncia del mismo tenor antes de la realizada por los legisladores del Movimiento Evita y por lo tanto debía “acumularse” con la primera denuncia. Si el juez Curto hubiese aceptado el planteo del fiscal, el caso debería haber vuelto al juzgado de Rodenas.
  Ayer, Mac Cormack planteó el tema de la competencia y sostuvo que “el Colegio de Jueces Penales no es el natural para intervenir. En el sistema viejo los jueces de Instrucción investigaban los delitos y en el nuevo los magistrados actúan sólo para controlar las evidencias”, dijo. Y señaló que apareció un “hecho nuevo” a partir de la denuncia de Acuña con el mismo contenido que el presentado por los otros tres legisladores del cual él supo el 10 de enero de 2014 y motivó, según relató, que la jueza Rodenas ordenara medidas investigativas.
  Acuña dijo que la Mac de Medina fue llevada en “forma irregular” de la habitación del hotel ya que la jueza Raquel Cosgaya no ordenó la medida. “Si no se respeta el principio del juez natural, se viola el derecho de defensa (de los funcionarios provinciales)”, afirmó el fiscal.

Posiciones. A su turno Rubén Chiavazza, abogado que representa a los diputados kirchneristas, planteó que “no existe un hecho nuevo porque ya está en el expediente. Además no hay un proceso penal en trámite porque el fiscal Esteban Franichevich (fallecido) lo tomó como un escrito suelto y lo dejó en la fiscalía. La jueza Rodenas no está interviniendo y la Cámara Penal ya decidió la competencia del nuevo modelo penal”. Y Daniel Terani, defensor de los funcionarios involucrados, sostuvo que “ante la inocencia de mis clientes resulta indistinto en qué ámbito judicial se tramite el caso”.
  Ante ello, el juez Curto resolvió que la investigación continúe en el nuevo sistema tal cual se pronunció la Cámara Penal. “Es un despropósito que pase a un sistema en agonía cuando el nuevo se está reforzando con jueces y fiscales. Además se complicaría el anhelo de las partes de investigar lo que pasó en este hecho”.
 

Piden que se impute a los dos funcionarios

Cuando la audiencia ya había finalizado, el diputado provincial Eduardo Toniolli dijo que su objetivo fue “destacar que, transitado un año del proceso judicial con numerosos intríngulis judiciales y administrativos como la pretensión de rechazarnos como querellantes, no se avanzó en términos operativos concretos en el esclarecimiento de algunos aspectos de la denuncia. Por lo tanto creemos que después de esta determinación del juez ya no quedan argumentos formales para demorar más la investigación”.
  A su vez, el abogado querellante Rubén Chiavazza (representa a los legisladores denunciantes) consideró que “ya es tiempo, por el material recogido, de llamar a una audiencia imputativa a los dos funcionarios del Ministerio de Gobierno por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de documentación”.

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