En los últimos nueve días el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario gestionó unos 300 trámites vinculados con pedidos de excarcelaciones de personas que están en unidades penitenciarias o penales policiales de esta jurisdicción. Los reclamos provienen de hábeas corpus con pedidos de libertades definitivas o atenuadas por presos que están expuestos por su condiciones de salud, o bien con solicitudes de prisión domiciliaria, para aquellos que pueden estar en condiciones de recibirla, pero que siempre depende de la decisión de un juez. El Servicio Público de Defensa Penal solamente, sin considerar abogados particulares, presentó en toda la provincia pedidos para sacar de sus lugares de confinamiento a 131 detenidos, de los cuales 90 son de Rosario.

El secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, señaló que en esta coyuntura de notoria fragilidad en las prisiones provinciales, donde hubo alzamientos la semana pasada con el saldo de cinco muertos, es importante que haya mensajes claros de los tres poderes del Estado. "No hay que generar expectativas, ni en los internos ni en sus familias, de que puede haber flexibilidad en el tratamiento de pedidos de libertades. Esto es resorte exclusivo del Poder Judicial, se analiza caso por caso y cada decisión requiere informes que no se hacen de un día para el otro", dijo a La Capital.

Hasta el jueves pasado los pedidos de excarcelación en Rosario superaban el centenar, contando los reclamos de defensores públicos y privados. Al mismo día hubo 131 pedidos realizados en toda la provincia solo por el Servicio Público de Defensa, de los cuales tres fueron favorables, catorce rechazados y 114 esperaban resolución, según fuentes de esa dependencia.

Somaglia subrayó también que el gobernador Omar Perotti ratificó el viernes el sostenimiento de las medidas de restricción en cuanto a libertades condicionales y salidas transitorias, que al igual que el ingreso de visitas a las cárceles están suspendidas desde el dictado del decreto presidencial que dispuso la cuarentena general en todo el país.

Caso por caso

La Corte Suprema de Justicia no dictó ninguna instrucción a los jueces frente a los pedidos de libertades o prisiones domiciliarias sino que deberán resolver los magistrados ateniéndose a lo que dispone la ley en cada caso. La enorme carga de pedidos, según fuentes judiciales, obligó a trabajar a 20 personas en un mismo ámbito más de doce horas en la Oficina de Gestión Judicial, en un momento en que la actividad de la Justicia está reducida por la pandemia a los niveles de una feria. En especial en Rosario hubo un torrente de pedidos de excarcelación, unos cien, entre viernes y sábado.

Hasta la semana pasada la mayor parte de los pedidos de excarcelación habían sido rechazados por los jueces. Si bien fue aceptado un hábeas corpus general de protección por toda la población carcelaria elevado por la defensora provincial Jaquelina Balangione, los pedidos individuales fueron desestimados.

La reiteración de estos reclamos de parte del Servicio Público de la Defensa y de abogados particulares motivó una instrucción del fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, para que los fiscales rechacen estos reclamos que los defensores fundamentan en la emergencia sanitaria. Baclini aludió, para negarse, a que el decreto del presidente Alberto Fernández dispuso en todo el país el aislamiento obligatorio y la permanencia de las personas en el lugar en que se encuentran. Producir traslados hacia los domicilios, dice el fiscal general, es lo que puede generar riesgos de contagio tanto al interno como a terceros. La prisión domiciliaria, agrega por último, corresponde en los casos que regula la ley o en caso de que estar en la cárcel le impida a un interno enfermo recuperarse o tratar adecuadamente su afección.

No es automático

"Antes de que un juez resuelva los casos de presos que están expuestos por su situación clínica se piden informes de salud que implican sacar de la celda, trasladar y revisar a cada interno. Es importante que tanto la Defensa Pública como el Ministerio Público de la Acusación y los propios reclusos sepan que esos informes no se pueden responder en 24 o 48 horas. Nos llega un sinnúmero de pedidos y la capacidad de procesarlos no es automática", dijo Somaglia.

El funcionario remarcó que para que haya libertades o prisiones domiciliarias hay condiciones estrictas que el contexto de la crisis sanitaria no modifica. "El hábeas corpus se resuelve por la afectación de un derecho real, actual e inminente, no por lo que puede pasar. No somos insensibles. Se están armando espacios físicos de aislamiento para quienes estén en mayor riesgo. Pero hay aquí muchos derechos en tensión de distintas partes: están los derechos de los reclusos, la protección de la salud pública y de la seguridad pública. El Estado debe velar por todo eso a la vez", sostuvo Somaglia.