La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de máxima seguridad para jefes narco de Rosario al declarar inadmisibles los recursos de sus defensas y confirmar traslados y restricciones en el penal de Ezeiza. La Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, resolvió rechazar los planteos de Ariel Maximiliano Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado, según surge del documento.

En concreto, lo solicitado por los defensores de Guille Cantero fue la presentación de una serie de habeas corpus alegando que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizaba “controles al solo fin de incomodarlo, molestarlo y despersonalizarlo” en su lugar de detención. La defensa había denunciado requisas y condiciones insalubres de detención. En junio de 2025 pedían que se destrabara el acceso a a un canal de música en televisión, la “omisión y excesiva burocratización” en la autorización de visitas para sus hijos menores y la suspensión de videoconferencias con sus abogados desde su encierro en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz,. Luego fue trasladado al penal de Ezeiza y se presentó otro habeas similar.

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Los magistrados consideraron que las presentaciones carecían de fundamentos suficientes para habilitar la revisión, y convalidaron decisiones previas que habían denegado beneficios como visitas íntimas y cuestionamientos a traslados a pabellones de máxima seguridad en el Complejo Penitenciario Federal I.

Caso por caso

En los distintos caos concluyeron que Alvarado, condenado a prisión perpetua por narcotráfico, homicidio, asociación ilícita y lavado, mantiene un perfil de alto riesgo tras antecedentes como un plan de fuga en helicóptero en 2023. Cantero, integrante del clan “Los Monos”, cumple distintas penas por delitos de drogas, amenazas y homicidio.

En tanto, Novelino, con condena unificada de 35 años, lideró una organización violenta en el sur santafesino e incluso desde prisión organizó actividades ilícitas. Airaldi, ex dirigente rural de Entre Ríos, enfrenta juicio por presunta financiación de narcotráfico y un plan para atacar a funcionarios judiciales, lo que motivó su traslado. Según los jueces: "Las resoluciones consolidan el criterio de priorizar la seguridad pública y el control estatal sobre internos de alto riesgo".