La Justicia porteña anuló el fallo por la "batalla" entre barras de River y apartó al juez de la causa
La Cámara del Crimen porteña anuló hoy la resolución por la que el juez de instrucción Luis Rodríguez había decidido que la causa por la llamada “batalla de los quinchos” entre barrabravas de River Plate no prescribiera y lo apartó del expediente, indicaron fuentes judiciales.

Jueves 15 de Octubre de 2009

Buenos Aires.- La Cámara del Crimen porteña anuló hoy la resolución por la que el juez de instrucción Luis Rodríguez había decidido que la causa por la llamada “batalla de los quinchos” entre barrabravas de River Plate no prescribiera y lo apartó del expediente, indicaron fuentes judiciales.

La medida fue adoptada esta tarde por la sala IV del tribunal, que en duros términos también resolvió que el expediente sea enviado a otro magistrado y sea éste quien defina si la investigación debe cerrarse o no.

Distintos informantes señalaron que los camaristas Alberto Seijas, Alberto González y Marcelo Lucini consideraron que el juez se pronunció “sin fundamentos suficientes” para que la causa siga abierta.

Por eso, anularon todo lo que había resuelto y no sólo lo separaron de esta investigación, sino de otra que tiene a su cargo por incidentes ocurridos en el playón del Monumental en 2007.

La sala IV se pronunció contra la decisión de Rodríguez luego de que el 8 de octubre pasado, la defensa de Adrián Rousseau, sindicado ex líder de una de las facciones la barra Brava de River “Los borrachos del tablón”, realizó un informe en el que insistió en que la causa debía prescribir.

El abogado Ignacio Irurzun consideró que la última medida adoptada en el expediente para interrumpir la prescripción fue la declaración indagatoria tomada el 16 de mayo de 2007, de lo cual ya pasaron más de dos años.

“Dado que desde dicha fecha hasta el presente no se cuenta con el correspondiente requerimiento acusatorio de elevación a juicio, único paso procesal prescripto por la ley para adjudicar capacidad interruptiva, el plazo legal ha operado”, argumentó el abogado, que también defiende al presunto barrabrava Alex Decoste.

Los mismos fundamentos utilizaron los abogados de los hermanos Alan y William Schlenker y de Cristian Ghisletti, todos procesados en este expediente.

El episodio que originó la causa ocurrió el 11 de febrero de  2007, cuando los grupos de barras liderados por los hermanos Schlenker y por Rousseau se enfrentaron en el sector de parrillas del estadio Monumental, en momentos en que había socios con sus familias, antes de un partido entre el club local y Lanús.

El 16 de mayo de ese año, el juez de instrucción Mauricio Zamudio indagó por ese hecho a todos los imputados, a quienes procesó por lesiones leves en riña y por infracción a la llamada ley De la Rúa, que castiga a quienes instiguen a la formación de grupos violentos en espectáculos deportivos.

Las defensas apelaron y la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos por las lesiones, pero anuló los que correspondían a la violación de la ley De la Rúa.

Seis meses después, en agosto de 2007, se produjo el crimen de Gonzalo Acro, que recayó en el juzgado de Rodríguez, a quien también se le enviaron las causas en las que estaban involucrados otros presuntos barrabravas.

En dos ocasiones Rodríguez indagó y procesó, tal como su colega Zamudio, a los acusados por infringir la ley De la Rúa pero, en todos los casos, la Cámara del Crimen dejó sin efecto el agravante de la instigación a cometer hechos violentos.

Irurzún planteó la incompetencia de Rodríguez para seguir entendiendo en el expediente, puesto que las lesiones leves en riña, única imputación que los camaristas habían dejado en pie, son un delito menor que corresponde al fuero correccional y no al de instrucción.

El juez admitió que el abogado estaba en lo cierto, pero "por conexidad” se opuso a entregar la causa, ya que los mismos imputados aparecían en otros expedientes que tiene a su cargo.

Rodríguez solicitó al fiscal José María Campagnoli que emitiera su opinión sobre el planteo de incompetencia de Irurzun y además le reclamó que requiriera la elevación a juicio del caso.

El representante del Ministerio Público se opuso a declinar la competencia a la justicia correccional, pero omitió requerir la elevación a juicio de la “la batalla de los quinchos”, lo que hubiera interrumpido la prescripción. (Télam)