La Justicia pidió sacar del Irar a todos los menores allí alojados

Las cuatro juezas de Menores de los Tribunales rosarinos y su par de San Lorenzo libraron ayer sendos oficios dirigidos a la directora del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar) para que en el plazo de 24 horas sean trasladados todos los menores alojados allí a otros centros de detención del Servicio Penitenciario provincial "por el plazo de un mes prorrogable hasta tanto se verifique la reversión total de las actuales condiciones de alojamiento". Los escritos se conocieron después de que en la última semana familiares de los internos y la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunciaran las "pésimas condiciones de habitabilidad e higiene" del edificio de Saavedra y Cullen. En ese marco, y después de un día de agitadas reuniones, anoche desde el gobierno se sostuvo que no había "voluntad de incumplimiento de la decisión judicial", pero admitieron que era "imposible dar cumplimiento a la misma porque se estarían violando todos los pactos internacionales y los derechos humanos de los menores". Y en ese mismo sentido se expresaron los operadores juveniles que trabajan en la institución donde ayer había 28 chicos y la propia CTC al entender que "se quiere solucionar un problema agravándolo".

Desde 2007, cuando el por entonces ministro de Justicia Héctor Superti prometió "cerrar el Irar", hasta ahora, mucho ha pasado detrás de los muros del instituto donde se alojan los menores en conflicto con la ley penal. Denuncias por apremios y vejámenes, muertes, intentos de suicidio, protestas de los internos y de quienes los cuidan, conflictos gremiales, promesas y concreciones. Actualmente, dicen desde el Ministerio de Justicia de la provincia, "se está llevando a cabo una profunda reforma edilicia que transformará el instituto porque no se puede pensar en su cierre". Sin embargo, como dio a conocer La Capital el sábado a partir de la denuncia de una madre, en el mientras tanto los chicos "conviven con roedores, en ambientes sucios, húmedos, oscuros y fríos, haciendo sus necesidades en tarros durante las noches por no poder ir a los baños, y con dificultades para salir al aire libre".

Duro pedido. Fue en ese marco que las juezas Gabriela Sansó, María Dolores Aguirre Guarrochena, Carolina Hernández y María del Carmen Mussa, todas ellas de Rosario; y su par de San Lorenzo, Martín Fogliatto, elevaron ayer a la directora del Irar un oficio en el cual le exigían "que en un plazo no mayor a 24 horas deberá efectivizar el traslado de los menores a disposición de los juzgados alojados en los pabellones A, B, F y G a otro centro de detención de puertas cerradas dependientes del Servicio Penitenciario provincial con presencia permanente de personal de la Justicia Penal Juvenil en todos los casos, donde se garanticen condiciones de salubridad acordes a su condición de personas, se garantice la integridad física y psíquica de los mismos, contacto con las familias, trato digno, y su alojamiento separado de internos mayores de edad. Todo ello sin perjuicio de que deberá asegurarse la continuidad de las actividades de educación, capacitación y recreativas que vinieron desarrollando o surjan en un futuro".

Los escritos no sólo sorprendieron a las más altas autoridades del Ministerio de Justicia, quienes estuvieron reunidos ayer durante largas horas dentro del mismo Irar, sino a la misma CTC y hasta al Procurador Jorge Barraguirre, quien recorrió las instalaciones para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo. El ministro Juan Lewis; la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini; el director provincial de Justicia Penal Juvenil, Alcides Leicker; la defensora de Niños y Adolescentes de la provincia, Analía Colombo; junto a los operadores juveniles estuvieron deliberando largamente en el Irar y hablando con los menores. Si algo quedó claro anoche fue que no se podía hacer lugar al pedido de los jueces.

La respuesta. "Hoy presentaremos un escrito planteando que el Servicio Penitenciario provincial no tiene capacidad ni lugares adecuados para recibir a los menores y, además, sosteniendo que de hacerse efectivo el traslado que se solicita se estaría violando el principio de especialidad contemplado en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el cual se establece que debe haber una órbita penal juvenil diferenciada de los mayores por tratarse de personas en desarrollo y que es específico el tema del alojamiento", confió anoche el ministro Lewis.

Mientras tanto, Cotichini resaltó que "se ha iniciado un plan de obras en dos de los pabellones y eso puede resentir en parte el alojamiento, pero ya se ha concluido la escuela y la enfermería nuevas". Aunque por lo bajo, otros voceros admitieron que hay "serios problemas de limpieza desde que la empresa encargada de esas tareas cayó en concurso preventivo de acreedores".