Policiales

La Justicia ordenó al Servicio Penitenciario que reduzca la cantidad de presos en Piñero

El juez penal Gustavo Pérez de Urrechu hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal. El número no debe exceder los 1.448 internos. También prohibió el ingreso de presos federales.

Viernes 05 de Julio de 2019

Un juez penal de primera instancia ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que en el término perentorio de 120 días realice los trámites pertinentes para que la Unidad Penitenciaria Nº XI de Piñero reduzca su población a 1.448 internos, un número fijado “conforme a los parámetros de la normativa vigente” y se arbitren “los medios para la reubicación y/o traslados de los internos hoy alojados allí sin perjuicio de continuar con las medidas adoptadas en pos de incorporar nuevas plazas a la brevedad conforme el plan de obras” explicitado por el Servicio Penitenciario santafesino.

La medida conocida ayer fue fechada el jueves y redactada en un dictamen de 18 carillas por el juez Gustavo Pérez de Urrechu en respuesta a un hábeas corpus correctivo y colectivo presentado por la titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, y su par de Rosario, Gustavo Franceschetti, en septiembre de 2018, cuando denunciaron el incumplimiento de sentencias anteriores que fijaban el cupo de presos a ser alojados en esa penitenciaría.

Entre las otras medidas adoptadas por el magistrado en la misma resolución, se ordena la prohibición del ingreso de presos federales a la misma cárcel por encima del número fijado en el cupo administrativo y recomendar al Estado nacional que proceda al traslado de los reclusos federales a cárceles de su jurisdicción.

>> Leer más: Admitieron hábeas corpus para presos alojados en cárceles del sur provincial

Además, ordenó no hacer lugar a la declaración de incumplimiento de la sentencia judicial respecto al cupo carcelario de ese penal ni establecer la política penitenciaria o impartir instrucciones judiciales como las solicitadas; y sugerir que se establezca un régimen de monitoreo y seguimiento en la provincia que coordine las acciones e iniciativas para la adecuada atención de la situación carcelaria tomando como base la mesa de diálogo establecida entre las partes en el inicio de la discusión resuelta.

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